reforma laboral sindicatoHace algunos días fueron presentadas las indicaciones del ejecutivo en relación a su proyecto de ley que “moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones en el código del trabajo”, mal llamado proyecto de reforma laboral. Y podemos decir mal llamado pues, una reforma laboral debería sobrepasar los niveles en los cuales se han planteado las actuales modificaciones gubernamentales. Una reforma en el ámbito del trabajo debería ocuparse principalmente de atacar uno de los problemas más serios y contingentes que se expresan en este eje central de la sociedad y que en Chile se hace más latente: el problema de la desigualdad.

La pasada visita del relator especial de la ONU en materia de extrema pobreza y DDHH, dejó en evidencia, una vez más, que el tema de la desigualdad de ingresos en Chile es una materia más que preocupante. En este ámbito, la respuesta del gobierno ha continuado, equívocamente, enfocada en la generación de mano obra calificada y de “capital humano avanzado”, elementos que podrían ayudar solo a ciertos núcleos reducidos de personas que viven de su trabajo a optar por mejores condiciones salariales y laborales. Sin embargo, la gran mayoría de quienes trabajan, se mantiene en un ambiente en el que la pugna de poder entre empresarios y trabajadores se plantea a favor del sector empresarial, como es el terreno que deja instalado el mencionado paquete de modernizaciones a las relaciones laborales que de aquí en adelante, para sencillez de palabras, llamaremos reforma.

La excusa de no afectar el crecimiento es siempre útil a la hora de mantener al margen de las relaciones laborales el rol autónomo y protagónico de los trabajadores y en esta ocasión también lo fue. Pero si queremos abordar la temática del crecimiento entonces podríamos señalar que en los últimos 24 años el crecimiento de la productividad del trabajo ha duplicado los incrementos de los ingresos laborales provocando una vergonzosa brecha salario- productividad. Esta brecha no se ha reducido, desde la antiquísima crisis asiática, ni de forma automática, como señalan algunos que podría suceder, ni por acción del reajuste del salario mínimo, ni mucho menos con la negociación colectiva reducida a la empresa y la huelga reglada. Esto significa que el sector dueño de los factores productivos ha mejorado sus condiciones de explotación para disfrutar de la mejor tasa de ganancia con la mayor seguridad que el mercado le puede ofrecer y una regulación completamente favorable. Condiciones que José Piñera buscó resguardar con su Plan Laboral (que pudo haberse llamado Plan Sindical según él mismo) y que se mantienen en la mesa luego de las indicaciones a la reforma laboral de este gobierno.

Como primera síntesis, podemos decir que si la negociación colectiva sigue prisionera del nivel empresarial, mantendremos uno de los enclaves más duros heredados de la dictadura. El nuevo artículo 411 (dicho sea de paso es muy similar al antiguo 334) que integra esta reforma, el cual apunta a la posibilidad de negociar de Federaciones y Confederaciones solo con la aceptación de los empleadores de sus respectivas empresas, muestra una vez más la pleitesía, blindada legalmente, que se tiene a la clase empresarial. Durante los últimos 5 años encontramos ejemplos de sobra para tener en cuenta que los empleadores no se abren mayoritariamente de forma voluntaria a un nivel de negociación en este ámbito. Nuevamente los más afectados siguen siendo los trabajadores que se encuentran restringidos en su derecho a organizarse y a su vez aquellos que una vez organizados fuera de su empresa, dependen de la voluntad de los empleadores. Pero ¿Cuál es la lógica de este desequilibrio de poder? ¿Por qué el empleador debe poner su pulgar, cual circo romano, en señal de aprobación para poder negociar algo tan básico como el salario?

Sigue siendo un modelo reservado para las élites de toda índole. Por ello las indicaciones de los trabajadores y otros actores sociales siguen siendo desoídas tanto en la materia laboral como en otras aristas de los derechos sociales.

A las preguntas anteriores podríamos responder con una reflexión respecto de lo que muchos autores han llamado la “democracia protegida”; aquella que se rehúsa a desaparecer y que ha dado tantas utilidades a cientos de empresas y personajes mediante ausencia de poder para la sociedad en su conjunto. Así como también mediante los llamados actos de corrupción que no son otra cosa que expresiones del diseño que el propio modelo permite, pero que ahora resultan insostenibles demostrando que se torna necesario reformular el esquema para cerrar de una buena vez la transición y dar paso a nuevas estrategias de acumulación flexible que sorteen las fuertes críticas sociales. Finalmente sigue siendo un modelo reservado para las élites de toda índole. Por ello las indicaciones de los trabajadores y otros actores sociales siguen siendo desoídas tanto en la materia laboral como en otras aristas de los derechos sociales. Por ello diversos actores han convocado a una nueva movilización para este 16 de abril en diferentes puntos del país.

En Chile las instituciones han sido principalmente originadas mediante un ensayo de las élites empresariales, políticas y técnicas, las cuales se han enfocado en explorar cuáles son los límites que puede experimentar la acumulación flexible de capitales. Como dijimos anteriormente, esto implica aumentar la tasa de ganancia al máximo mediante la desposesión de ingresos y derechos sociales a quienes viven de su trabajo.

A parte de los ya mencionados, un ejemplo contingente de lo anterior es la evidencia que queda a la luz de la pasada huelga de trabajadores de JUMBO, la cual alcanzó una adhesión aproximada de 2000 trabajadores y se prolongó por 9 días. Cabe mencionar que con el 33% de las utilidades de un día de operaciones de CENCOSUD (Holding de empresas que utiliza Hosrt Paullman, donde JUMBO tiene un sitial protagónico), se podría financiar todo un año de reajuste a los sueldos de los trabajadores. No obstante el resultado final de la Huelga reglada, según lo que señala el Diario Financiero, fue de 5% de reajuste real en los sueldos bases más un bono de término de conflicto. El 5% obtenido equivale a 3 horas y 56 minutos de las ganancias de CENCOSUD. En este sentido vemos una muestra de cómo los trabajadores, debido a las asfixiantes normas en la negociación colectiva y la huelga, se ven obligados a finalizar sus procesos de movilización sin obtener los resultados que podrían ser aún mejores para sus condiciones de vida.

No se trata de teorías de conspiración sacadas del almanaque de “Wikileaks” (sin desmedro de que ahí se podría encontrar material al respecto), sino fundamentalmente de llegar a la raíz de las profundas desigualdades que se viven en el mundo del trabajo y en la sociedad. Los derechos sociales podrían ser calificados como un “piso mínimo” para comenzar a hablar de cuestiones de democracia, por lo que estos derechos cobran relevancia en el ámbito más cotidiano de quienes viven de su trabajo.

Para hacerse una idea, en base a los estudios actualmente disponibles, Chile es el país con mayor concentración de ingresos en las manos del 1% de la población  (grupo que acumula el 31% de ingresos totales). Para evidenciar estos datos podemos recurrir a la última encuesta CASEN 2013, donde mediante el análisis microdatos es posible reconocer que el 74% de los trabajadores en Chile ganan menos de $400.000 líquidos al mes, los cuales en suma demuestran una realidad muy por debajo de los de USD$ 23.556 mil dólares per cápita que se han estimado para Chile (estimación del FMI para este año). Pero esto no implica un error en la medición general del ingreso per cápita, pues si miramos desde la vereda de enfrente veremos que un mínimo porcentaje de la sociedad recibe como ingreso per cápita más de $460 millones de pesos al mes. Esta es una cara del desastroso panorama de la acumulación de riqueza.

Para cerrar con una idea positiva podemos concentrarnos en aquellas expresiones del mundo social y sindical que se han ido configurando a la luz del despojo de derechos y salarios. En este sentido tanto en materia de pensiones, como salud, trabajo y otros se han articulado esfuerzos de forma autónoma al Estado, pero con un fuerte contenido político y democrático. Esto es una muestra de una nueva forma de tomar decisiones públicas como configuración posible, que se encuentra disputando en diversos niveles sus ideas y proyectos de sociedad. Como han señalado varios miembros de oposición o la llamada “vieja guardia” del gobierno, esta democracia se tambalea, pero no sólo por su origen corrupto y el perfeccionamiento del mismo, sino que por sobre la propia negación de su esencia autoritaria. Actores sociales ya han señalado que la preocupación no es resguardar esta democracia, sino que pensar en la forma de relaciones sociales, culturales y productivas que la sustituirá.  Sin duda estas reformas que no son reforma y la exclusión de los actores en la arena de las decisiones públicas, serán elementos que seguirán agudizando el panorama y que continuarán allanando el terreno para la emergencia de nuevas expresiones de organización de la sociedad.