raulZarzuriEstá claro que la actual situación política del país deja mucho que desear. La actual política o la forma de hacer política, la política con minúscula, se encuentra en entredicho. Ya lo estaba, pero los últimos hechos (Penta, Caval y Soquimich) han provocado un malestar que no se había visto antes, donde nadie queda bien parado. Esto ha radicalizado la percepción en la ciudadanía, que ésta política, porque no es una crítica a la política con mayúsculas, ya no da para más.

A pesar de esto, las respuestas de nuestros políticos, siguen siendo del tono echémosle la culpa a otros, o somos nosotros o son otros peores que nosotros: el populismo, los militares entre otros, cuestión que quedo manifestado en un medio santiaguino por el ex ministro Sergio Bitar: ¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera; quieren otro militar? Basta decir, que no es la mejor respuesta o no es una respuesta para una ciudadanía que esperaría más de sus políticos.

Me atrevería a señalar, que el problema radica en que nuestra actual democracia, está fundada o tiene una base, ideológicamente falsa, por lo tanto, es una DEMOCRACIA IDEOLÓGICAMENTE FALSA. Si realizamos la analogía con la ‘boleta ideológicamente falsa’ la cual es definida como un tipo de boleta que está timbrada y revisada por el Servicio de Impuestos Internos, pero lo que dice ahí no es verdadero, podríamos decir que nuestra democracia, está efectivamente timbrada y (re)visada por la ciudadanía, pero no es real, porque está basada en la Constitución del 80, que es el verdadero problema que tenemos.

Un poco de historia. Durante los años 80’s la llamada recuperación de la democracia, mostraba por lo menos dos caminos o vías totalmente opuestos: aquellos que privilegiaban una ruptura institucional y cuyo eje central era la convocatoria a una asamblea constituyente y por lo tanto, una nueva constitución, y quienes pensaban que la transición a la democracia debía realizarse dentro de la Constitución vigente realizando las debidas reformas, cuestión que se plasmó en lo que se denominó el Acuerdo Nacional y que supuso la desmovilización social que hasta entonces, con las protestas nacionales, había adquirido fuerza. Esto último era la postura de los partidos de izquierda agrupados en el Movimiento Democrático Popular (MDP), quienes no estaban de acuerdo, ya que no se exigía la renuncia de Pinochet, y también de las organizaciones sociales, quienes a diferencia del MDP no veían problema en sumarse pero sin abandonar las movilizaciones sociales. Demás está decir que fue la vía más institucionalista la que se impuso.

Muchos podrán decir que es ‘LA DEMOCRACIA QUE SE PUDO CONSEGUIR’; que es una democracia porque se realizaron dos procesos de votación masiva que la validaron: plebiscito del 88 y elección presidencial del 89. Estaríamos de acuerdo con eso, pero, tiene ‘UN PERO’. La democracia que se instaló no fue una ‘nueva democracia´´, porque fue ‘la democracia de la dictadura militar’, iluminada por la constitución de 1980, la cual todavía en ciertos aspectos que son centrales, a pesar de las modificaciones realizadas (1985 por ejemplo con 58 reformas, sumada a las actuales) mantiene su impronta no democrática; de una ‘democracia protegida’ y que no tiene como eje, un Estado que proteja derechos sociales por ejemplo.

El gran problema entonces, y que nos persigue hasta ahora, es que NO SE FUNDÓ UNA NUEVA DEMOCRACIA, debido a que se privilegiaron dos consignas que son el sustrato de todo esto. La primera es la consigna ‘en la medida de lo posible’, lo cual llevó a que no se intentará realizar la modificaciones necesarias a la constitución y radicalizar la democracia o sencillamente borrar lo que habíamos heredado de la dictadura militar, y la segunda, ‘la política de los consensos’, claro está, que los consensos entre unos pocos, no con la mayoría, cuestión que al parecer, sólo al parecer, podría repetirse, dado que ya surgen voces que señalan que hay que llegar a ‘un gran acuerdo nacional’ para salir de la hecatombe política en la cual, está política nos ha llevado. Digo esta política, porque la ‘política’ es mucho más que esto que estamos viendo y sintiendo.

Hay que señalar que para el gran ideólogo de la constitución del 80, Jaime Guzmán, quien tenía en la cabecera de su cama a Carl Schmitt, el poder constituyente no tenía que recaer necesariamente en el pueblo, sino, en quiénes fuesen capaces de lograr la unidad política necesaria. Además, para Guzmán, lo relevante eran los derechos individuales por sobre los derechos sociales, cuestión que es ‘magistralmente planteado’ en la Constitución del 80, que transforma los derechos sociales en meras cuestiones de libertad de elección (libertad de elegir la AFP, la Isapre, etc. etc.). Más aún, queda fuera la idea que el Estado sea el encargado y garante de la generación de justicia social y la distribución de la riqueza. O sea, se mete en el bolsillo toda la tradición de las constituciones sociales que tenían su punto de partida en la constitución de la Alemania de Weimar y la constitución mexicana que dan origen al constitucionalismo social en los albores del siglo XX.

“Es necesario generar un nuevo pacto social, no un contrato porque este es solo entre pocos, que permita expresar en una nueva constitución lo que hemos avanzado en inclusión, y lo que nos falta.”

Es obvio entonces que para profundizar y radicalizar la democracia actual, y salir del actual embrollo en que esta política nos ha metido, es necesario atacar el fundamento y lo que la sostiene, que es la constitución heredada de la dictadura militar y así construir una nueva democracia que no sea ideológicamente falsa.

Para esto, es necesario dotarnos de una nueva carta de navegación, donde al contrario de lo que Schmitt pensaba, el poder constituyente tenga un único titular: la ciudadanía/el pueblo, porque el país, lo construyen sus habitantes y el cómo hacerlo lo decidimos entre todos. Donde se entienda que el cambio no es sólo del sistema político, como algunos nos quieren hacer creer, y donde no sea una comisión bicameral la que se arme para reformar la constitución.

Entonces, es necesario generar un nuevo pacto social, no un contrato porque este es solo entre pocos, que permita expresar en una nueva constitución lo que hemos avanzado en inclusión, y lo que nos falta; pensar el tipo de Estado, que debería ser social con perspectiva de justicia social y redistributiva entre otras cosas. La única forma de conseguir esto, es a través de una Asamblea Constituyente.