alfonso de urresti_3El próximo domingo 26 de abril los socialistas decidiremos quiénes conducirán nuestro partido en los próximos dos años. No se trata de una elección cualquiera: es un proceso eleccionario que se da en momentos en los cuales la actividad política pasa por niveles bajísimos de credibilidad y reputación. Se trata, además, de un encrujicada que ha mostrado claramente opciones, visiones y paradigmas diferentes entre quienes lideran cada una de las listas. Se trata de una elección cuyo resultado determinará quien acompañará y dirigirá el proceso político venidero.

La Nueva Mayoría Socialista, convergencia de diversos sectores del PS, ha planteado en esta campaña su irrestricta lealtad a la Presidenta, al Gobierno y al programa. Ser leales significa estar comprometidos con su éxito, y en consecuencia hacer todo lo posible para que a la Presidenta Bachelet le vaya bien. Nuestro deseo se fundamenta en la convicción de que tenemos propósitos comunes. De este modo, entendemos que las críticas pueden ser útiles para corregir errores. No obstante cuando son planteadas en los lugares y en los momentos inoportunos, se transforman en ataques innecesarios y debilitan la acción del Gobierno.

En efecto, en la Nueva Mayoría Socialista no tenemos duda que estamos viviendo una grave crisis. Tampoco tenemos dudas de que la falta de credibilidad con la política no nació con ella. La pregunta entonces es ¿debemos paralizarnos? No tenemos duda en la respuesta: debemos trabajar duro, fuerte y bien para realizar las reformas. Sólo así iremos superando los problemas de legitimidad y transparencia de la política

El país tiene por delante en lo que queda de Gobierno, dos grandes reformas: la educacional y la laboral. Es necesario que no perdamos el horizonte: éstas, junto a la reforma tributaria, constituyen los cambios más importantes que hemos realizado en décadas, tendientes a construir un Chile más igualitario y justo.

En este orden de ideas, el país tiene por delante en lo que queda de Gobierno, dos grandes reformas: la educacional y la laboral. Es necesario que no perdamos el horizonte: éstas, junto a la reforma tributaria, constituyen los cambios más importantes que hemos realizado en décadas, tendientes a construir un Chile más igualitario y justo.

Poniendo las cosas en la prelación correcta, es decir, el ímpetu reformador en primer lugar. La Nueva Mayoría Socialista tiene claro que la actual crisis política demanda de un esfuerzo adicional. Obviamente hay que dejar que el Poder Judicial haga su trabajo. Sin ninguna cortapisa, ni arreglo de ningún tipo. Tienen que funcionar y determinar con autonomía e independencia la culpabilidad o inocencia de quienes están siendo investigados.

Sólo así, podremos tener la tranquilidad y prudencia de estimular, promover y apoyar una legislación severa, que construya un muro infranqueable entre el dinero y la política. Por ello, desde la Nueva Mayoría Socialista apoyamos todas las iniciativas que han propuesto los diversos actores que están estudiando el tema: la Presidenta Bachelet, la Comisión Engel y el Parlamento.

Finalmente, un punto que no es menor: la ciudadanía espera más de la clase política, de los empresarios y del poder judicial. Porque sabemos que es el tipo de orden social y político el que está bajo sospecha, tenemos que ser capaces de encarar los problemas más de fondo de nuestro Estado y nuestra institucionalidad. Chile necesita ahora un cambio de su Constitución.

En este tema que es fundamental para el orden institucional del país, hemos escuchado todo tipo de reacciones alarmistas, desde quienes dicen que los que promovemos una Asamblea Constituyente estamos fumando opio, hasta quienes levantan todo tipo de temores sobre desgobierno. Nada más lejos de la verdad. No es una Asamblea Constituyente lo que amenaza el futuro de Chile, sino la falta de cohesión social y el hecho que no hemos podido abordar con éxito la profundización de las desigualdades sociales.

Una Asamblea Constituyente es un órgano colegiado al cual se le otorga el mandato de discutir y redactar una nueva Constitución. Y quien mandata al Constituyente debe ser sin ninguna duda la ciudadanía a través de una elección popular. Así, es el resultado de un debate de toda la ciudadanía lo que termina eligiendo a sus representantes para que plasmen su opinión en el nuevo texto constitucional. La Asamblea Constituyente se hace cargo de la demanda de participación, transparencia y representatividad que la ciudadanía demanda.