La boleta de la calle

Pasan las semanas y la crisis de legitimidad que afecta transversalmente al sistema de partidos parece no tocar fondo. Cada nueva boleta que aparece a la luz pública, junto a su respectiva explicación, se convierten en certeras estocadas a su alicaída credibilidad. Por si fuera poco el debate político, que ha tenido lugar a partir de esta crisis, se encuentra dominado por un vacío de sentido que cada vez sorprende menos.

Expresivo de lo anterior, ha sido el desfile de la derecha en tribunales y el estéril debate sobre viejas y nuevas guardias al interior de la nueva mayoría, como si unos y otros no se hicieran parte de una misma defensa a una coalición carente de toda aptitud transformadora. En definitiva, la política tradicional se sigue distanciando de la ciudadanía, convocándose ella misma en torno a acuerdos institucionales, que tienen toda la cara de ser una nueva actualización de la democracia en la medida de lo posible.

Frente a este cuadro, la irrupción de la calle, a través de la convocatoria de los estudiantes y la marcha recientemente realizada en Valparaíso por el derecho al agua, adquiere una tremenda relevancia. No sólo permite despercudirse de su temporal letargo para reinstalarse como actor sino que ventila en algo el pestilente estado del escenario político.

La movilización estudiantil en los hechos fue la menos educacional de las marchas encabezadas por los estudiantes en los últimos tiempos. Los estudiantes nuevamente marcharon por una educación gratuita, pero sería estrecho quedarse en esa constatación. Si bien el eje fue la corrupción y el justo reclamo de poner fin a tal condenable práctica, detrás de aquel asomó con claridad y  fuerza un radical cuestionamiento a los cimientos de la democracia de la transición, es decir, a dicha concepción que la entiende como un dispositivo de contención, desarme y desintegración de intereses sociales colectivos. Esto fue así en parte porque la movilización social demuestra, aún tímidamente, que puede ser facilitadora para que la indignación de la sociedad adquiriera contenido político y una forma de expresión legítima. En definitiva, apareció por fin la primera boleta no ideológicamente falsa, la que la calle le pasó a la política de la transición.

Esta nueva o remozada movimentalidad que se pone en escena, entonces, no parece agotarse en un contenido sectorial sino más bien general, nacional y político. Por eso es importante hoy preguntarse hacia dónde dirigir este ímpetu colmado de dignidad, soberanía y rebeldía. La respuesta a esta pregunta debe estar vinculada directamente a la tarea de definir una forma unificada de intervenir en la lucha política, cuyos ejes y márgenes hoy siguen estando determinados por las reformas.

No cabe duda que las reformas vienen zozobrando desde el primer año de gobierno, a partir de la aprobación del ajuste tributario y de una parte de la reforma educacional que quedó completamente en deuda, y de seguir su actual curso terminarán por hacer agua con la tramitación de la laboral y el abandono temprano del cambio constitucional. Que las reformas se encuentren en este estado no se debe sólo a la actual situación coyuntural, sino que especialmente al hecho que su dirección, profundidad y sentidos siguen definiéndose aún en los márgenes y términos de la agotada y estrecha democracia binominal.

Por lo anterior, es imperativo dotar a la globalidad del proceso de reformas de un nuevo sentido. El nuevo ímpetu con que la movimentalidad ha irrumpido debe perpetrar, más allá de resolver una demanda sectorial concreta o de apostar a diálogos resolutivos con un gobierno paralizado y deslegitimado, un golpe a la lógica en la cual se encuentran capturadas. Pasar de las reformas en la medida de lo posible, entendidas como obstáculo o retroceso, a unas que nos permitan pensar seriamente en los primeros pasos de salida al neoliberalismo chileno.

Este desafío supone aceptar el valor innegociable de la democracia, entendida no solo como un juego de reglas institucionales, sino como medio para alterar radicalmente la forma en que se encuentra distribuido y concentrado el poder en nuestro país, y de esa manera alterar las actuales relaciones sociales. De lo que se trata, por tanto, es llevar a la democracia hacia nuevas fronteras, dirigirla hacia las fuentes de reproducción del poder en nuestra actual formación social, como la enseñanza, la empresa, la economía, el territorio, los valores sociales, entre otros. Planteado así, democracia y neoliberalismo resultan ser conceptos excluyentes uno respecto al otro.

Sostener y disputar la idea de que las reformas deben tener el carácter antes señalado, desde ya llevará a declarar la insuficiencia de las aprobadas, y a tener la razonable convicción que las que vienen tendrán similar carácter o derechamente quedarán abandonadas, por la incapacidad del actual sistema de partidos para asumirlas.

Pero por sobre todo nos lleva a cuestionarnos la urgencia de constituir nuevas referencias políticas que, mirando al 2017, desde la potencia de las actuales movimentalidades, se propongan asumirlas y reimpulsarlas con profunda vocación transformadora.