Ouroboros

El anuncio presidencial del 28 de abril ha sido uno de los mejores momentos de toda la performance discursiva de Michelle Bachelet. Debe ser lo mejor que ha dicho desde que se decidió a decir algo, y aunque para muchos será poco, o malo, es lo mejor que su constitución histórica y política le permite decir.

Pero aunque el discurso estuvo cargado de momentos de indudable buena inspiración, lo importante no está allí. Tampoco está en si a estas alturas le creemos o no.

El anuncio es la manifestación clara de una voluntad política orientada a la acción: “Ahora lo que tenemos que hacer es actuar y cambiar las cosas de raíz”. Declaración explícita y directa de una intencionalidad que, sin embargo, se manifiesta en el peor momento: Bachelet está en los más bajos niveles de respaldo ciudadano, carece de la legitimidad personal con que arribó por segunda vez a La Moneda y que dio soporte a su gobierno, no ha superado bien un estado de confrontación con buena parte de los partidos de la Nueva Mayoría –los más grandes–, y tiene aun bajo sospecha de corrupción a un sector relevante de su propio gobierno.

¿Cuál es la fuerza de que dispone entonces para implementar sus anuncios? Poca, muy poca. Las consecuencias esperables del anuncio, de ese modo, son cuando menos inciertas. ¿Van a salir obedientes los partidos a cesar a sus militancias para llamar de nuevo a reinscribirlas? ¿Van a perder así, fácilmente, los privilegios de financiamiento aquellos que todos estos años han gozado del apoyo empresarial? Viceversa, ¿van a perder los empresarios la influencia conquistada durante todos estos años sobre el mundo de la política, así, sin chistar? Si la presidenta (y no se puede decir aquí ni “el ejecutivo” ni “La Moneda”) se empeña en llevar a la práctica estas reformas, como se ha comprometido, lo que vendrá más bien será un nuevo enjambre de conflictos.

Ante ello, y sin el apoyo de la elite, Bachelet podría haber intentado el apoyo popular organizado. Pero ya es tarde para eso, que de cualquier manera parece no haber estado nunca en su agenda. Ella ha dicho que “las tareas fundamentales para nuestra democracia deben ser abordadas de cara a los ciudadanos”, muy bien, pero le ha faltado comprender que dichas tareas deben llevarse a cabo con los ciudadanos, desde la ciudadanía. Y es tarde tanto por el episodio Caval y sus terribles consecuencias para la institución presidencial, como porque mucho antes de eso, cuando las cosas parecían ir bien, el proceso de las reformas se impulsó sin canales efectivos de participación, distanciando a la ciudadanía.

Al día siguiente de la cadena nacional, el modo más claro en que ello se ha expresado es el malestar que muchos militantes de la Asamblea Constituyente han manifestado, al entender la torpe ambigüedad que asumió el anuncio en ese aspecto como un portazo a la iniciativa que no busca otra cosa que ubicar la soberanía del proceso constituyente en la ciudadanía. En un momento en el que el modo de avance hacia la nueva Constitución se ha convertido en un debate público sobre la democracia toda, es completamente improcedente decir que “en Septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental”. Su primera traducción, desgraciadamente, lleva a pensar que si bien se intentarán suprimir los peores vicios de la política institucional, se desea emitir garantías de contención a la participación popular. Dicho de otra forma, reformar solo lo necesario para contener el aluvión de descontento, manteniendo, en la mayor medida posible, la política a resguardo de la ciudadanía.

“La oportunidad de transformación política puede perderse tanto a manos de la indecisión y el temor al ejercicio político efectivo, como por el involucramiento acrítico en los modos de la desgastada política binominal y sus maneras de construir candidaturas”

En fin, estamos frente a un circulo vicioso. El anuncio busca comenzar a superar una crisis de gobierno que en buena medida produjo el propio gobierno y pretende que ello es posible con los debilitados instrumentos del mismo gobierno. No pueden ver que la salida está, una vez más, más allá de la salida, allá afuera, en esas regiones de las que hace ya un buen tiempo han dejado de tener noticias.

La posibilidad de fortalecer nuestra democracia está en su refundación. La posibilidad de que el ideario que el propio mensaje presidencial expresa se vuelva una realidad ya no está en sus propias manos, sino en el posible avance de fuerzas hoy débilmente constituidas. La posibilidad de que estemos verdaderamente ante la “oportunidad histórica” de “construir un mejor país para todos y todas” depende de la derrota de los viejos artefactos de la política y la articulación de un amplio conjunto de fuerzas jóvenes, de vocación democrática e igualitaria, con efectiva conexión con las luchas sociales. Hay signos auspiciosos, pero falta mucho. En ese amplio mundo, la oportunidad de transformación política puede perderse tanto a manos de la indecisión y el temor al ejercicio político efectivo, como por el involucramiento acrítico en los modos de la desgastada política binominal y sus maneras de construir candidaturas. Hay que romper con todo ello, y así, desde un cambio más radical de actitud, las candidaturas y las fuerzas emergentes podrán examinar si los aspectos más positivos del anuncio de Bachelet pueden significar una oportunidad auspiciosa para su instalación en un proceso de real transformación política.