edwards_agustinDurante la última semana se han hecho sentir vistosas oleadas de alegría y de un melifluo júbilo en medios de comunicación escrita y redes sociales. Tan vigoroso laurel democrático parece justificado pues, tras un juicio del tribunal de ética interno, Agustín Edwards Eastman fue sancionado con la revocación de su membrecía del colegiado, quedando con ello expulsado de la más alta organización profesional de su rubro, el Colegio de Periodistas —acontecimiento que la misma presidenta del gremio ha calificado como “histórico”–. Los jubilosos arguyen que dicha destitución —efectuada tras 44 años de los acontecimientos que la justifican— implica, en primer término, un reconocimiento público de la participación de Edwards como artífice de una campaña mediática de desinformación y manipulación con el objetivo de derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende, entre otras graves faltas a la ética y funciones periodísticas durante la Dictadura Militar. En segundo término, resulta una especie de restitución de la dignidad de la labor periodística, en tanto este gesto de expulsión marcaría con vigor y rigor los costes frente a la comunidad de periodistas para aquellos profesionales que osen incumplir los estándares reconocidos como necesarios para el correcto ejercicio de la profesión.

Lo que resta preguntarse es si esta medida logra establecer algún tipo de control sobre el ejercicio global de la labor periodística, o si más bien no es sino un gesto puramente simbólico que no tiene efectos prácticos sobre el desarrollo de la profesión. ¿Implicará esta medida que Agustín Edwards verá obstruidos sus afanes profesionales?; ¿significa que de aquí en más el colegio considerará a El Mercurio un medio poco confiable y reñido con la ética?; ¿propiciará en el resto de los afiliados un temor sacrosanto a sanciones similares por faltas pasadas, presentes o futuras? La respuesta a todas estas preguntas parece negativa. Así, la expulsión de Edwards del Colegio de Periodista no resulta ser ni una condición necesaria ni suficiente para proscribirlo de sus actividades profesionales como periodista, en la medida que no se lo veta de su ejercicio como profesional de las comunicaciones, sino que solamente se lo expulsa de una organización a la que en Chile se accede por propia voluntad y se sale por los mismos motivos, en la mayor parte de los casos. Asimismo, no parece probable que la medida revista implicancias para los otros profesionales de este rubro actualmente afiliados.

La situación del colegio de periodistas a este respecto no es peculiar, sino que es un mero reflejo de la posición que actualmente ocupan los colegios profesionales en general. En el caso chileno, fue la misma dictadura que Edwards potenció la que socavó sistemáticamente los cimientos de este tipo de instituciones, condenándolas a la más absoluta impotencia. Y es que, a través de una serie de decretos leyes promulgados entre los años 1979 a 1981 (con la promulgación de la Constitución que hasta hoy nos rige) se terminó con el requisito de encontrarse afiliado a un Colegio o inscribirse en sus registros para poder ejercer una profesión u oficio; se derogaron las disposiciones legales que los facultaban para conocer y resolver conflictos entre profesionales, con sus clientes o sobre infracciones a la ética profesional. En síntesis, tanto la legislación dictatorial como la actual (que no es sino su continuación) extirpan de dichas instituciones toda capacidad de control efectivo sobre sus miembros o sobre el ámbito de ejercicio profesional que pretenden representar. Así, los colegios profesionales quedan expulsados y aislados al territorio de las luchas simbólicas, desde donde lides como la sanción de afiliados connotados para asestar golpes mediáticos en vez de justicia, cobra sentido y se muestra como la mayor victoria a alcanzar.

La expulsión de Edwards sin dudas puede considerarse una victoria moral, logro simbólico o hito histórico. Sin embargo, no resulta posible asociarla a transformaciones efectivas en el ejercicio de la labor periodística, no para Edwards ni tampoco para los afiliados restantes. Por el contrario, el carácter simbólico e impotente de la resolución tomada por el Colegio de Periodistas devela descarnada y patentemente su obsceno carácter simbólico e impotente como institución; relegado a batallas relativas a la imagen y sentido abstracto de la profesión, en lugar de enfrentar las condiciones efectivas de su ejercicio. Pero no nos equivoquemos ni nos apresuremos: no debemos imputar esta situación a la miopía o conformidad de su directiva, pues la explicación yace y se asienta en la propia institucionalidad que regula los Colegios Profesionales en Chile.

Reflexionar sobre el papel que los Colegios Profesionales deben cumplir en nuestra sociedad actual no es un proceso sencillo. La manera más directa de dotar de potencia e influencia efectiva a estas organizaciones sería restituir la obligatoriedad de la afiliación y la capacidad de prohibir el ejercicio de la profesión. Sin embargo, esto plantea la peligrosa posibilidad de que directivas específicas utilicen dichas herramientas para contravenir los intereses del Colegio Profesional en tanto institución. La reincorporación de estas facultades, entonces, obligaría también a custodiar la coherencia y efectividad de los estatutos presentes en cada colegio, así como los mecanismos democráticos efectivos que regulen sus decisiones. No resulta posible dar una respuesta rápida y anticipada a estos problemas, ni pretendemos nosotros entregar las soluciones. Lo que conviene recalcar es que las reflexiones y batallas relevantes para el Colegio de Periodistas, y el resto de Colegios Profesionales en Chile, dice relación con las condiciones efectivas del ejercicio de la profesión y no con reivindicaciones validas pero impotentes.

Debemos cuidarnos de destapar botellas y desempolvar copas para celebrar este logro simbólico, pues nos puede desplazar hacia la autocomplacencia de enmascarar la capitulación institucional. Las batallas de reivindicación histórica son efectivas sólo cuando logran influir sobre las condiciones presentes. Como ya advirtió Eric Hobsbawm en “Política para una izquierda racional” (1993) resulta ruinoso perseguir logros simbólicos y desatender las transformaciones efectivas, pues la “victoria moral” es el eufemismo con el que se ha denominado a la derrota.

 

* Conrado Soto es licenciado en Sociología, Universidad de Chile. Jefe del Departamento de Estudios e Investigaciones, Fundación MapaLiterario.

* Manuel Ugalde es docente universitario y miembro del Centro de Estudios del Razonamiento y la Argumentación. Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales.