#AC ¿Y después qué?

Hace unos días, la presidenta Bachelet puso en conocimiento de todo el país la intención de abrir un Proceso Constituyente, que debería culminar con una nueva Carta Magna para un Chile democrático.

Ante este escenario podemos reconocer tres posturas distintas:

El ala más conservadora de nuestra fauna política apuesta por legitimar la actual constitución por medio de pequeñas reformas pero sin tocar los amarres dictatoriales que actualmente nos aquejan (Tribunal Constitucional, Estado Subsidiario, Concesiones Mineras, quórums supra-mayoritarios, por nombrar algunos).

Por otro lado, tenemos a los sectores progresistas de la Nueva Mayoría que si bien, apoyan la necesidad de una Nueva Constitución, aún erran en la forma. A saber, abogan por un proceso constituyente cocinado en el Congreso, a espaldas de la ciudadanía. En términos lampedusianos: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

Finalmente, tenemos la postura ciudadana, la del 99% marginado de las decisiones políticas que ve (vemos) en esta apertura del ejecutivo una real posibilidad de exigir una Asamblea Constituyente, participativa y democrática, que permita dotarnos de una Nueva Constitución que se ajuste a las necesidades de este Nuevo Chile.

Ante el anuncio de la Presidenta Bachelet, de iniciar el “Proceso Constituyente”, sin mayores explicaciones ni bajadas de la propuesta, la única claridad es que veremos una confrontación donde la Casta política confrontará a la Ciudadanía, o en términos porcentuales: El 1% más rico del país contra el 99% de los ciudadanos comunes de Chile.

Haciendo política-ficción (cuestión que en Chile, la mayoría de las veces se hace realidad), nos preguntamos cómo enfrentaremos el proceso Constituyente (Asamblea Constituyente mediante) y, por cierto, el rol político que ejerceremos como ciudadanos ante una nueva constitución, que debe dar una nueva constitucionalidad para el país.

Como Fundación Chile Movilizado, hemos intentado responder estas interrogantes, siempre en la búsqueda de una democracia estable y saludable, así llegamos a convencernos de la idea de crear una nueva institucionalidad, un cuarto poder del Estado: El Poder Ciudadano.

El Poder Ciudadano será el garante de la participación ciudadana en el proceso político nacional y tendrá capacidad de fiscalizar el actuar de los otros poderes del Estado.

Así, evitaremos un nuevo concubinato político-empresarial como el que nos ha aquejado este período.

Dicho Poder, se compondrá de órganos institucionales vigentes hoy, tales como el Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público y Contraloría General de la República. Quienes tienen como denominador común la defensa de la sociedad.

Además, es menester institucionalizar mecanismos de participación transversal y proactiva de la ciudadanía ante los demás poderes.

Todo esto debe venir acompañado de un compromiso político serio que facilite espacios de discusión y decisión popular vinculantes, donde las grandes mayorías dejemos de ver la calle como el único camino de presión política y pasemos de ser meros espectadores a hacernos parte del quehacer nacional desde todos los espacios (Juntas de Vecinos, Cabildos Municipales, Consultas Populares, Referéndum Revocatorio, Iniciativa ciudadana de Ley, etc).

La puerta está entreabierta, de nosotros depende si la cerramos desde adentro (a través de una Asamblea Constituyente) o sólo miramos por la ventana como los mismos de siempre se sientan a la mesa a definir el futuro del 99% de los chilenos.