Oscar AguileraEscribo desde el dolor, debo confesarlo. El asesinato de dos jóvenes chilenos que participaban de las movilizaciones estudiantiles desarrolladas el día de hoy jueves 14 de mayo ha sido el último agravio y maltrato hacia nuestros jóvenes. Ezequiel y Diego no fueron asesinados por accidente o por un exabrupto, siempre individual, sino porque dispararle a dos jóvenes se ha construido como algo posible, y por tanto realizable, es decir algo socialmente legítimo.

Los primeros indicios de creación de una cultura que permite situaciones como esta, las podemos ubicar en ese insistente y a veces insolente discurso respecto a que las y los jóvenes exigen mucho sus derechos, pero se olvidan de sus deberes. Este reclamo, que tiene a la base un sustrato generacional profundamente conservador, ha venido ubicando en las prácticas y modos de relación interpersonal de la juventud las claves explicativas de un “libertinaje” y “faltas de respeto” hacia padres/madres, profesores/as y últimamente hacia la policía de Carabineros. Lo que tienen en común estas situaciones de los últimos años/meses es la construcción de una sensación de pérdida de control que en algún momento creímos existió sobre la juventud, y que se ha traducido en una exigencia política de “mayor control” y exigencia de esos deberes.

En julio de 2014, el concejal de Valparaíso Carlos Bannen ingresó a tramitación en el Concejo Municipal una ordenanza que aumenta la persecución y sanciones en contra de quienes realicen graffitis y rayados en propiedades públicas y privadas. En palabras del mencionado concejal, “(…) esta situación es un problema ya que es difícil encontrarlos, por eso que la ordenanza busca que sea de acción popular, es decir que cualquier vecina, vecino o porteño pueda denunciar a la autoridad si es testigo de estos rayados”. La acción popular opera aquí como un eufemismo de las conocidas “detenciones ciudadanas” que se han desarrollado en los últimos meses y que se difunden por las redes sociales y medios televisivos a propósito de graffiteros y quienes cometen algún delito como asalto o “lanzazo”.

Otra operación que se inscribe en esta dinámica criminalizadora fue, precisamente el día 16 de abril de este año 2015, la reposición en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de una indicación parlamentaria que faculta a Carabineros para realizar controles de identidad de forma aleatoria y discrecional, es decir sin criterio alguno más que el simple parecer funcionario. Se trata, lo recordaremos los que vivimos nuestra juventud en dictadura, de la famosa detención por sospecha, derogada en 1998. La propuesta de reposición de esta facultad policial sólo fue rechazada en la mencionada Comisión por la Diputada Karol Cariola y el Diputado Giorgio Jackson, exdirigentes estudiantiles. Es más, la propia Diputada Cariola fue calificada de “representante de delincuentes” por el derechista Diputado Gonzalo Fuenzalida, activo representante de las “victimas de la delincuencia”. Se trata, a todas luces, de un intento más de control social y policial, que afecta principalmente a las personas jóvenes.

Por si fuera poco, los comentarios que cualquier persona puede leer en los portales noticiosos de Internet cuando ocurren manifestaciones o protestas, apuntan mayoritariamente a una exigencia de dureza policial, restricción de libertades públicas, insultos contra padres y madres de jóvenes que aparecen individualizados como participantes de las protestas, entre otras expresiones que sólo reflejan desprecio por cualquier consideración de respeto a los derechos humanos de quienes incluso puedan ser sospechosos de la comisión de alguna acción constitutiva de delito. La vida humana, y el respeto a la dignidad de cada uno de los involucrados, pareciera no existir. No merecen la más mínima consideración, es la triste conclusión al leer dichas opiniones. Elija el caso que usted quiera, vaya a la sección de comentarios de la noticia, y podrá comprobar lo que digo.

Está en marcha entonces una política sistemática de persecución, acusación y criminalización de nuestros jóvenes. No se trata, lamentablemente, sólo de una eliminación simbólica basada en el maltrato y negación de otro legítimo, sino de unas políticas que por omisión y acción también contribuyen a su eliminación física. Por omisión, cuando no se disponen de políticas públicas y cobertura social que permita enfrentar, por ejemplo, situaciones de stress, depresión y/o asuntos de salud mental y que tienen a nuestro país con una situación compleja en cuanto a atentados contra la propia vida. O cuando se niega a la población juvenil adecuados acompañamientos ante un embarazo no planificado, y que en no pocas ocasiones desencadena terribles consecuencias para la propia vida de las y los jóvenes. No se trata de abundar en detalles noticiosos, que cualquier puede recordar o buscar en Internet, sino de enfatizar que la propia vida juvenil está seriamente amenazada por la omisión Estatal/Societal.

Por acción, porque las de Diego y Ezequiel no son las únicas muertes producto de la acción homicida de un ciudadano particular o de un agente del Estado. Basta recordar los casos de Matías Catrileo, Rodrigo Cisternas, Manuel Gutiérrez y tantos otros jóvenes asesinados en contextos de movilización y protesta social. En este sentido, el propio Estado chileno tiene una gran deuda social con nuestra juventud a la vez que una responsabilidad política y jurídica para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Es por ello que al igual que en otros países de América Latina como México y Colombia, debemos asumir que estas acciones y omisiones para con la vida juvenil deben ser nombradas sin eufemismo como “juvenicidios”, es decir la eliminación simbólica y física de la vida juvenil.

A la luz del terrible asesinato de estos jóvenes participantes de las movilizaciones estudiantiles, quienes debieran asistir a clases de educación cívica son precisamente nuestros gobernantes y la sociedad adulta antes que nuestros jóvenes. El uso desmedido de la fuerza, con fatales resultados como en este caso, vuelve evidente la incapacidad del mundo adulto-institucional de construir una relación basada en el respeto con amplios sectores de nuestra juventud.

Aún estamos a tiempo de cambiar los términos de esta conversación y acción social con la juventud, en la confianza de construir unas relaciones democráticas y respetuosas de la dignidad de la persona sin importar su edad, su etnia, su clase social y su género. De nosotros, los adultos, depende.

*Departamento de Estudios Pedagógicos Universidad de Chile