La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, tiene en sus manos la oportunidad de marcar un “antes y un después”, cuando se dirija ante el Congreso Pleno y, por cierto, frente a todo el país, en su segunda nueva Cuenta Pública de su segundo periodo presidencial. En cierta medida, las señales que quiere transmitir la Mandataria es la de haber retomado el rumbo con señales de golpes de timón, tales como el cambio rotundo de su Comité Político en el Gabinete y el anuncio –a través de una cadena nacional– del inicio de un “proceso constituyente”, en septiembre próximo. La disyuntiva está en comprobar si son señales o si efectivamente son acciones que se concretarán.

Felipe-Valvidia1

            Si bien es cierto que el cambio de ministros fue concretado bajo la arenga y presión pujante de la vieja Concertación instalando a un Comité Político que actúa bajo la mirada del centro, la Presidenta aún tiene la oportunidad de demostrar que aún lleva las riendas de este caballo descontrolado. Porque la Jefa de Estado debe actuar en congruencia y consecuencia para comprobar que la política en Chile puede ser participativa e incluyente para la sociedad y dejar atrás las bellas palabras de eslóganes y buenas intenciones para cuñas periodísticas y mensajes de cadena nacional.

            Querámoslo o no, la mayoría de los chilenos no está de acuerdo con una Constitución heredada de la dictadura, por lo que más temprano que tarde, la Carta Fundamental debe ser redactada nuevamente para iniciar un nuevo proceso para el país. La pregunta es de qué forma se va a cambiar. Es eso, precisamente, lo que la Presidenta debe anunciar y aclarar en su Cuenta Pública. A decir verdad, sería incomprensible que no utilice esta potente herramienta comunicacional para que no detalle los alcances, tiempos, la forma y metodología para este proceso constituyente, dado que ha transcurrido casi un mes en que simplemente lo anunció en cadena nacional –como nota al pie– y no se ha abordado públicamente este tópico. Lamentablemente este tipo de situaciones genera un flanco abierto para que la derecha, particularmente la UDI, se aproveche y arremeta contra una de las medidas más fundamentales del programa de Gobierno.

            Dada la crisis actual de legitimidad que afecta al país, el anuncio sobre los detalles que realice la Mandataria acerca del proceso constituyente ya no se trata de una simple novedad para el país, sino que de una obligación que ha traspasado los cánones constitucionales y que bordea la moralidad que no sólo ella, sino que todos los políticos (de todos los sectores) tienen para otorgar la oportunidad a la ciudadanía de empoderarla sobre una decisión tan fundamental como una nueva Carta Magna.

Es estrictamente necesario que la Presidenta sea clara en este tópico, porque lo prometió en su campaña presidencial, porque se comprometió en los escasos debates en los que participó, porque debe cumplirle a quienes la apoyaron en las pasadas elecciones presidenciales y, por último, porque debe demostrar que su anuncio no sólo fue una estrategia política y palabras de buenas intenciones para buscar ese apoyo fugado tras los últimos casos de corrupción, sino que un compromiso real que tiene con el futuro del país. Es, en definitiva, el momento de actuar consecuentemente con lo que se ha prometido.

Asimismo, Bachelet deberá demostrar que ella es quien conduce al país, desmarcándose de la propia postura que ha adoptado su nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos (DC), quien ha insinuado entre líneas que no estaría de acuerdo con un proceso constituyente con las características de una asamblea. Porque los ministros no pueden ni deben poseer una hoja de ruta propia, por el contrario, la hoja de ruta es y será siempre el programa de Gobierno.

Así y todo, esperamos que la Presidenta lea bien esta crisis institucional y encuentre el “argumento escondido” de lo necesario que es que la ciudadanía participe activamente en este proceso constitucional.