lucio-cuenca 335El discurso de la presidenta en su segundo año de mandato, da cuenta de la nula voluntad política de entender las señales que la naturaleza y los territorios vienen manifestando hace años: no se puede continuar con el extractivismo como pilar de desarrollo país, ni se puede seguir gobernando al servicio de los grandes grupos económicos.

La presidenta Bachelet procuró instalar al inicio de su discurso que el crecimiento económico es el pilar fundamental de nuestro desarrollo, lo que supone, para el caso de Chile que ha sostenido su “crecimiento” en la exportación de materias primas (de cada 100 dólares que exportamos 90 son materias primas prácticamente sin transformación), profundizar la extracción acelerada de los bienes comunes.

Esto es grave, pues en todos los procesos de participación ciudadana que se han abierto en relación a megaproyectos mineros y energéticos por ejemplo, el rechazo ciudadano ha sido categórico, no obstante, esto es ignorado de manera sistemática, y solo aquellos territorios que se organizan y diseñan estrategias integrales de defensa territorial, logran que la depredación no se instale como única vocación posible de “desarrollo”. De hecho, es muy interesante, pues la presidenta señala sin ningún desenfado: “En Chile no es posible pensar en nuestro futuro compartido sin contemplar la minería.” Y a renglón seguido: “Ninguno de nuestros logros se puede alcanzar a espaldas de las comunidades o a costa de nuestro patrimonio natural. No es ese el tipo de desarrollo al que aspiramos”. Es decir, a las comunidades, para que se sientan participando, se les va a preguntar dónde quieren la multicancha, cuánto vale su aire, su salud o su calidad de vida o qué precio le ponen a los glaciares… pero no si quieren minería, porque eso no está en cuestión desde la política oficial, aunque sea lo que más fuertemente está en cuestión desde los cientos de miles de personas que se oponen a la imposición de una vocación minera en su territorio.

Es en coherencia con este mismo pie forzado, que se hace referencia al proyecto de ley de protección de Glaciares en discusión en la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara. Al respecto señalar que a las comunidades defensoras de glaciares que han pedido participar de la discusión, se les ha negado la intervención, y que aquello que la presidenta señala como indicaciones introducidas por el gobierno, intentando dar cuenta de un rol proactivo del Ejecutivo, solo contribuyen a debilitar la protección y a posibilitar la explotación minera en los ecosistemas glaciares, fuera de toda comprensión de los alcances de la crisis climática y del calentamiento global.

De hecho, la presidenta, al igual que el 21 de mayo del 2014, nuevamente desliza que la crisis hídrica llegó para quedarse, intentando deslindar la responsabilidad directa que el mercado del agua y la economía extractivista, posee sobre los brutales problemas de escasez y distribución de las aguas en el país, incluyendo el agotamiento de cuencas por sobre otorgamiento de derechos y abuso especulativo. Esto es tan descarado, que incorpora el problema del Agua en el apartado de “Gestión de Desastres”, y por lo tanto, las soluciones que propone son las que garantizan la sustentabilidad de las inversiones y del “crecimiento”, pero no la de los territorios ni de las comunidades que los habitan. Seguir hablando de embalses y desalinizadoras para resolver la crisis hídrica y no manifestarse en torno a la derogación del código de aguas, los planes de manejo integrado de cuencas, la moratoria si es necesario a la megaminería química hasta que no tengamos una línea base clara sobre el estado de las aguas en el país, constituye la promoción mal intencionadas de falsas soluciones, que atentan contra la credibilidad pública, y que de paso subsidian a quienes son los principales responsables de la crisis que vivimos, es decir, las mineras y la agroindustria. De hecho, las zonas donde se promete la ejecución de estas obras, coinciden con el mapa de expansión minera proyectado por Cochilco al 2025.

La mirada poco previsora de la clase política, y el hábito de escuchar más a los inversionistas y a las cifras macroeconómicas, que a las personas y a la naturaleza, se ve claramente también en las promesas energéticas. Si bien hay megaproyectos bajados o agónicos por procesos de oposición comunitaria, como las termoeléctricas Castilla y Punta Alcalde o Hidroaysen, siguen los esfuerzos gubernamentales para agregar más capacidad instalada en la zona Centro Sur con una masiva intervención de todas las cuencas, a lo que se suma la unificación SIC – SING, hecha a la medida de la gran demanda eléctrica de la megaminería. Contra las tendencias mundiales, nada se habla de erradicar el carbón y sus derivados de la matriz energética, y se oculta que somos el país, después de China, que más ha incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente por la chimeneas de la termoelectricidad, que cuando se habla de contaminación atmosférica, brillan por su ausencia, como si el problema fuera solo de los autos y la calefacción hogareña.

Si el apoyo irrestricto a la megaminería como columna vertebral país, va en directo beneficio del clan Luksic y las transnacionales mineras, parte importante de las omisiones de su arenga, benefician a los clanes Angelini y Matte. Por ejemplo, la nula alusión a la profundización del modelo de Fomento Forestal que da continuidad al subsidio de pino y eucaliptus y que pretende incorporar la mercantilización de las funciones de los ecosistemas, es decir que termina poniéndole precio hasta la fotosíntesis. No hay ni una mención a cómo se prepara de manera solapada la reactivación de las leyes Monsanto, Ley Upov 91, Obtentores Vegetales y de cultivo de transgénicos, que buscan generar un sistema que legalice la privatización de la semilla y permita la hasta ahora prohibida producción de organismos genéticamente modificados. Y si se trata de cuestiones ambientales es inevitable no mencionar entre tanta perorata de participación ciudadana que las modificaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), está siendo concertada por un comité entre Gobierno, consultoras y empresarios y sin participación territorial alguna.

En esta misma línea de escuchar a los grandes grupos económicos, antes que a la ciudadanía, es que entendemos la también ausente del discurso, reforma al Código de Aguas, que incumple con el programa del gobierno de la Nueva Mayoría al no declarar constitucionalmente al agua como bien nacional de uso público, no caducar los derechos entregados a privados a perpetuidad, no tocar las aguas del minero, no pronunciarse sobre las prioridades de uso, en fin, desoír las demandas ciudadanas más sentidas del último tiempo, lo que también se aprecia en confiar el cambio constitucional a la institucionalidad, lejos de una asamblea constituyente.

Por suerte, y en eso sí concordamos plenamente con la Mandataria, el despertar colectivo es creciente, y las comunidades sabemos, por experiencia, que las palabras se las lleva el viento… por lo tanto, para que no se consolide completamente una institucionalidad a favor de los intereses económicos, tocará soplar bien fuerte, para que tanta corrupción y sentido común impuesto se vaya volando, y nuevos aires colectivos reposicionen a la vida en el centro de las decisiones país.

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*Director Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA