Organizaciones ciudadanas rechazan invitación a participar en Mesa de Trabajo del Ministerio de Energía
Por: admingrs
| Publicado: 25.05.2015
Una carta pública dirigida al jefe de División de Desarrollo y Diálogo Social del Ministerio de Energía dieron a conocer hoy doce organizaciones socioambiental para expresar su rechazo a la Mesa de Participación impulsadas por la cartera para revisar “estándares de participación para el desarrollo de proyectos de energía”.
En la misiva, organizaciones como Terram, Ecosistemas, Chile Sustentable y el Instituto de Ecología Política, expresan que su negativa se basa en que el enfoque que el ministerio ha mostrado hasta hoy en la materia, el que está orientado a dar directrices no vinculantes a los inversionistas para “destrabar proyectos más que una visión de desarrollo justa, equilibrado y sustentable”.
Hace una semana, las organizaciones socioambientales recibieron la invitación de parte de Javier Zulueta, jefe de división de Desarrollo y Diálogo Social del Ministerio de Energía, para participar de la instancia.
La primera reunión, que estaba agendada para el 20 de mayo en Santiago, se llevaría a cabo en conjunto con representantes “de las comunidades, de empresas, municipios, universidades, ONGs, organizaciones territoriales y de consultoras”.
Sin embargo, una parte importante de las organizaciones del mundo de la sociedad civil no participó en la reunión que constituiría la instancia
Actuando en bloque, decidieron enviar una carta en la que fundamentan su negativa a participar en la instancia por la forma en que el Ministerio de Energía ha llevado adelante la discusión de la participación ciudadana y el desarrollo local en el marco de la elaboración de la así llamada Ley de Asociatividad.
Aunque los dirigentes valoraron “los esfuerzos del ministerio de abrir esta instancia a la sociedad civil y fomentar los procesos de participación ciudadana”, señalaron que todo apunta a que el objetivo de la cartera está orientado, fundamentalmente, a dar directrices no vinculantes a los inversionistas para “destrabar proyectos más que una visión de desarrollo justa, equilibrada y sustentable”.
En su opinión, los estándares que se han planteado “no consideran los elementos que a nuestro juicio debieran involucrar instrumentos de este tipo”, algo que explícitamente ha señalado el ministerio al puntualizar que no se abordarán “problemas estructurales y pendientes hace años en la política pública de nuestro país”. Entre ellos, el ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica, la reforma al SEIA, la participación ciudadana vinculante, la aplicación del Convenio 169, entre otros.
Para las organizaciones, la falta de atención a estos elementos es “la que genera violación de derechos, incertidumbre e incompatibilidad entre las prioridades del desarrollo local y regional y las prioridades de los inversionistas”.
En la misiva cuestionan también que “la propuesta del Ministerio de Energía trata de regular un proceso, pero no su contenido. El proceso será voluntario y no obligatorio” lo que se traduciría en mecanismos que “finalmente se traducirán en pagar por contaminar y/o destruir el medio ambiente”.
«Estos mecanismos arriesgan la vulneración de derechos a cambio de compensaciones económicas, en un contexto de comunidades carenciadas, y donde el Estado no ha generado condiciones para el ejercicio y protección de derechos sociales universales en ámbitos clave como salud, educación, energía, etc.” señalan en la carta.
En su opinión esta mirada “debilita la institucionalidad existente no garantizando el desarrollo local, sino que vehiculando la mitigación y compensación monetaria de impactos de proyectos no deseados”.
Ante esto, plantean que cualquier propuesta para avanzar hacia un “desarrollo sustentable e inclusivo a nivel nacional, y para el desarrollo energético en particular” debe contemplar que “se respetará un ordenamiento territorial democráticamente acordado, existirá una participación ciudadana vinculante en las decisiones sobre el desarrollo local/regional y sobre los emprendimientos propuestos por intereses del inversionista, y se hará una aplicación ajustada a derecho de las regulaciones que prevengan la degradación ambiental y aseguren el uso sustentable de los recursos naturales y los territorios”.
Lee la carta completa a continuación
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