La Constitución de Allende y los derechos aún no consagrados

Durante el gobierno de la Unidad Popular se impulsaron una serie de medidas que buscaban democratizar al país, promover el progreso nacional y la justicia social. Una de ellas fue el proyecto Carta Magna redactado en 1972, que buscaba sentar las bases para una nueva Constitución y que sería sometido a plebiscito el 11 de septiembre de 1973.

Pasaron 20 años para que el documento saliera a la luz, luego de que Eduardo Novoa Monreal, un brillante abogado y jurista chileno que jugó un rol clave en el proyecto de Ley de Nacionalización del Cobre en 1971, lo encontrase y publicase en el año 1993 bajo el título «Estado democrático y soberano. Mi propuesta a los chilenos», como texto póstumo del Presidente Salvador Allende.

El escrito, que no pudo socializarse en esos años de alta agitación política, refleja la visión que el entonces mandatario tenía sobre el Estado y la sociedad en sus dimensiones política, económica, cultural y social. Su perspectiva estaba orientada a fortalecer la independencia y soberanía del Estado chileno, mediante el cese de la relación simbiótica entre las elites económicas dominantes y quienes se hacían del poder burocrático del Estado.

Esa postura es replicada hoy por múltiples expresiones sociales como el movimiento estudiantil, trabajadores y ciudadanos, que cruzados por un hartazgo profundo, reclaman la construcción de nuestras estructuras democráticas de participación y decisión que excluyan de la toma de decisiones a quienes se han visto envueltos en diversos casos de corrupción y fraude, en compañía de los empresarios que financian sus campañas.

El Estado democrático de Allende

Muchos de los elementos trabajados en la propuesta se ajustan al debate que hoy se sostiene en el país, particularmente en lo que respecta a los derechos sociales y a la destrucción del vínculo entre el poder económico y el poder político.

Uno de esos puntos es el fortalecimiento estatal, en tanto se hace garante de los derechos fundamentales de las personas, para que éstas puedan desarrollarse íntegra y plenamente en una sociedad que se fundase en la solidaridad, la libertad y la justicia.

El proyecto señala en su primer párrafo: «La República de Chile es un Estado unitario, de Gobierno democrático y popular, que se apoya en la fuerza creadora de los trabajadores. Integra la comunidad latinoamericana y participa en la comunidad universal como país libre, soberano y económicamente independiente.»

En materia educacional, se establece como objetivo primordial del proceso educativo el «despertar las capacidades de cada cual, orientándolas hacia la preparación del hombre para que desempeñe una función creadora en la sociedad, para que se considere el trabajo humano con el más alto valor, para que se exprese la voluntad de independencia nacional y conforme una visión crítica de la realidad.»

Además, plantea el cumplimiento de esta tarea mediante un Sistema Nacional de Educación, encargado de articular todos los elementos sociales que faciliten y contribuyan a la formación humana.

En el ámbito laboral, destaca un reconocimiento constitucional a la CUT como «estructura superior de la organización sindical chilena y, juntamente con los sindicatos de base y sus estructuras intermedias, es la organización de clase de los trabajadores de Chile».

Por otro lado, se asegura a todo trabajador el derecho a una remuneración mínima que asegure al conjunto familiar una «existencia digna, garantizando la satisfacción de las necesidades alimenticias, de vivienda, vestuario, educación, recreación y descanso».

La seguridad social es asumida como una responsabilidad medular del Estado, y está basada en «el principio de la solidaridad y se financia con cargo a los ingresos generales del Estado. Las prestaciones del sistema de seguridad social se otorgan en consideración al estado de necesidad de los beneficiarios y no están condicionadas, cuantitativa ni cualitativamente, a los aportes que ellos, directa o indirectamente, hayan hecho al sistema».

Hoy en nuestro país un 27,6% de los chilenos se mantiene endeudado por adquirir productos alimenticios según un estudio de la OCDE de 2014. Existen cerca de 60 mil deudores por estudiar en la educación superior, incluso dándose casos de embargo de vivienda por incapacidad de pago.

Según datos de Fundación Sol, poco más del 90% de los chilenos jubilará con pensiones menores a 147 mil pesos, y cerca del 53% de trabajadoras y trabajadores gana un salario menos a los 300 mil pesos.

El debate actual

Las palabras de la Presidenta Bachelet el pasado 21 de mayo sobre el proceso constituyente fueron poco precisas. La expectación del mundo político terminó en una nebulosa de interpretaciones y posibilidades, siendo la falta de claridad la única certeza rescatable.

Si bien el gobierno ha tenido una posición más bien difusa sobre cómo llegar a una nueva Carta Fundamental y cuál será su contenido, es claro que la temática ha adquirido relevancia producto de un empuje constante de los movimientos sociales, que han puesto sobre la mesa sus exigencias de democratización del país.

Para el Secretario General del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, es fundamental dejar atrás el carácter subsidiario del Estado. El ex asesor del ministerio del Interior aseguró que el concepto «está asociado a toda la ideología neoliberal extrema, donde se habla de libertad, de mercado y de un montón de cosas que han terminado siendo un fraude catastrófico».

«Es decir, no solo la instalación a sangre y fuego, sino que los efectos sociales, económicos, políticos, valóricos y culturales que han implicado en la sociedad chilena. Yo no estoy hablando de cosas extremas, estoy hablando de realidades concretas», señaló.

Lagos afirmó que el país se encuentra en una etapa de «inicio de transición democrática», luego de entender que lo vivido anteriormente fue más bien un tránsito permanente hacia lo que terminó siendo una tautología.

«Refrendar una constitución soberanamente es el inicio , porque después viene todo el proceso de construcción política, social , cultural y todo el recorrido», declaró.

Por su parte, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria, sostiene que es «la discusión política ha llevado claramente a una impugnación del principio subsidiario», sin embargo, llevar el debate dentro de los marcos del texto vigente impiden la posibilidad de llegar acuerdo sobre el punto por necesidad de una mayoría de 2/3.

«Si hubiera un mecanismo que no dependiera del texto vigente actual, es decir tuviéramos que llegar a acuerdo, yo anticipo que pudieran pasar dos cosas: una es que hubiera una fractura tal que no hubiera acuerdo, ni sobre el principio de subsidiaridad ni su opuesto. En este caso lo que ocurriría es que la Constitución no diría nada al respecto», explicó.

«La otra posibilidad, que creo más probable, es que haya alguna afirmación de la necesidad de dar protección a los derechos sociales y que el Estado respecto a eso tiene un deber esencial», añadió.

La crisis de legitimidad cuya profundidad aún no ha alcanzado su máximo, según Atria, puede abrir posibilidades constitucionales que antes se encontraban cerradas. Esta coyuntura ha generado la sensación de que el debate está centrado hoy en las instituciones políticas, mas fueron los movimientos sociales los que crearon las condiciones para empezar a posicionar estos cuestionamientos.