Presentan querella por violencia sexual en dictadura y exigen reconocimiento de centro de tortura

Corporación Humanas presentó nueva querella por violencia sexual en representación de Ana María Campillo Bastidas. El objetivo del recurso legal busca encontrar a los responsables de los delitos de secuestro agravado, violencia sexual como tortura, violación sexual y abusos deshonestos cometidos en su contra y por el delito de asociación ilícita para secuestrar y torturar, todos constitutivos de crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, utilizado como centro de secuestro y tortura durante la dictadura cívico militar.

De acuerdo a los relatos de la víctima, Ana María Campillo fue detenida y sacada de su domicilio -en la comuna de La Reina- junto a otras tres personas entre los días 19 y 21 de junio de 1974. Posteriormente, fue trasladada a los subterráneos del Palacio de La Moneda, donde fue interrogada y torturada. Campillo fue liberada el 24 de junio de ese mismo año. Posteriormente, detenida y llevada al mismo recinto donde nuevamente fue torturada y violada en reiteradas ocasiones por miembros del SICAR.

El testimonio del secuestro de Ana María Campillo Bastidas fue entregado ante la Comisión de Prisión Política y Tortura, llamada también Comisión Valech e iniciando acciones legales por su propio secuestro y violación.

Los delitos de secuestro, tortura, violación y abusos deshonestos están tipificados en el Código Penal. Diversos organismos internacionales de Derechos Humanos prohíben los actos de tortura y ningún Estado puede sustraerse y la violencia sexual como tortura es un crimen de lesa humanidad.

Centro de tortura: subterráneos Plaza de la Constitución

Corporación Humanas ha solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales la incorporación en la ruta oficial de la memoria del recinto clandestino de detención y tortura que se estableció durante la dictadura cívico militar en los Subterráneos de la Plaza de la Constitución.

La solicitud se funda en la necesidad de que el recinto sea reconocido como un sitio oficial de memoria, en el que se releve especialmente la violencia sexual que sufrieron las mujeres que estuvieron secuestradas durante el año 1974, entre ellas, Patricia Herrera y Ana María Campillo, quienes son representadas por Corporación Humanas en los procesos judiciales que tienen por objeto perseguir la responsabilidad penal de quienes resulten responsables por el secuestro, tortura y violencia sexual que ambas sufrieron en este espacio.

El recinto en cuestión funcionó en forma interrumpida entre los años 1974 y 1975 a cargo de agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y presumiblemente a cargo de agentes del Comando Conjunto en sus inicios.

El recinto ubicado en los Subterráneos de la Plaza de la Constitución es reconocido en el Informe Nacional de Prisión Política y Tortura en el Capítulo VI. Recintos de Detención, en el listado que recoge los distintos Recintos de la Región Metropolitana (pág. 544).