A propósito de los casos Penta y Soquimich, han quedado al desnudo las formas que la política partidista nacional ha creado para financiar sus actividades y, especialmente, las relativas a las campañas electorales.

La información hasta ahora conocida demuestra que transversalmente las dirigencias de los partidos políticos han golpeado sistemáticamente las puertas de los poderes económicos más relevantes del país.

Se ha escrito bastante respecto de las consecuencias negativas que esas relaciones provocan y los efectos dañinos que conllevan para la democracia.

Para superar ese escenario distintos actores políticos proponen, una vez más, un sistema de financiamiento público de esta actividad, es decir, que sea el Estado el que aporte los recursos económicos necesarios para que ella pueda desarrollarse. Lo anterior, en términos simples significa que todos los chilenos, a través de los impuestos, financiemos a los partidos políticos.

Sin embargo, nadie se plantea por qué, hoy por hoy, los partidos políticos requieren de ingentes sumas de dinero para poder funcionar. Por cierto, es evidente que las campañas electorales son una fuente de gastos cada vez mas crecientes que presionan a los partidos para “competir” en un mercado más exigente, transformándose en el principal ítem del presupuesto.

Sin embargo, se echa de menos una reflexión de lo que los partidos políticos deben ser y representar y en lo que han derivado en la realidad. Esta reflexión es necesaria, pues estas organizaciones sociales han ido sufriendo en paulatino y sostenido proceso de deterioro y descomposición que hoy se manifiesta de forma dramática a través de los casos Penta y Soquimich.

Si efectivamente hay un genuino interés en superar el actual estado de cosas, es imprescindible llevar a cabo una profunda revisión de la política partidista nacional.

¿Existe o se practica la democracia interna en nuestros partidos políticos?

¿La comunidad nacional conoce los  diversos proyectos de sociedad que postulan los distintos partidos políticos más allá de las consignas generales que se propalan? ¿Cuáles son las ideologías que los sustentan?

¿Se conocen o existen los programas de capacitación política para preparar a sus militantes?

¿Cuán prístinas, correctas y democráticas son las elecciones internas de sus representantes y cuantos participan realmente en ellas?

¿Cómo y cuanto aportan económicamente sus militantes para financiar sus actividades?

¿Cómo operan sus órganos de control disciplinario y en qué consiste su jurisprudencia?

¿Cuáles son las normas éticas de conducta política exigibles a sus militantes?

Y así, se pueden seguir formulando interrogantes respecto de ellos, interrogantes que no tendrán respuestas convincentes en la medida que los partidos políticos se han ido desnaturalizando.

La pregunta ineludible es entonces ¿quién es responsable de aquello? La respuesta simple sería responder que los responsables son los políticos. Pero el asunto es más complejo.

Un genuino partido político solo puede existir y ser un actor relevante en la construcción del bien común, en una comunidad nacional integrada por ciudadanos. La ciudadanía consiste en la toma de conciencia de la persona de su participación libre y responsable en la construcción del bien común de la comunidad de la que es parte.

La idea del sujeto ciudadano se ha ido desperfilando en Chile y siendo reemplazada por la del sujeto consumidor. El primero es un sujeto activo; el segundo un sujeto pasivo.

El ciudadano propone, el consumidor espera a que le ofrezcan. Por cierto, es más fácil dominar una masa consumidora que una masa ciudadana, y ello no pasa inadvertido para aquellos que buscan del poder para servirse a sí  mismos.

Chile se ha ido convirtiendo a una comunidad de consumidores a partir del 11 de septiembre de 1973 en adelante con la aceptación complaciente de la mayoría de los sectores políticos.

Los partidos políticos se enfrentan hoy al consumidor y a este consumidor tiene que venderle su mercancía; y para ello necesita del marketing, servicio que es muy caro y que le resulta ineludible contratar.

La tragedia de los partidos políticos es que han caído en esta trampa o conscientemente han entrado en este juego por conveniencia de sus oligarquías internas. Es por ello que necesitan cada vez de mas financiamiento para competir en este mercado y vender a sus ungidos. Y, por cierto, ¿a dónde recurren en busca de recursos? La respuesta está a la vista: Penta, Soquimich y un etc. que se irá  descubriendo.

¿Qué hacer?

La respuesta está en nosotros mismos: asumir nuestra ciudadanía y abandonar al consumidor en el cual imperceptiblemente nos hemos ido transformado. Nos puede ayudar a ello una reforma educacional que tenga en su centro la formación de ciudadanos y unos partidos políticos refundados rescatando las razones históricas que impulsaron su creación. Por supuesto que esto requiere de tiempo, pero en algún momento debemos comenzar  y, al parecer, hoy estarían dadas las condiciones para dar los primeros pasos.