Es un acierto de la Presidenta y el Gobierno iniciar la gratuidad en la educación superior con los segmentos más pobres de manera incremental y en ciertas instituciones que no lucran y estén acreditadas,  aunque es grave  hacerlo sólo con las llamadas “tradicionales”, lo que discrimina, es injusto y puede generar un oligopolio, el predominio de un sistema plural no por excelencia ni vocación social, sino por pertenecer a un consejo de rectores cuyo carácter excluyente  data de la dictadura, ya que al crearse en 1954 en el Gobierno de Carlos Ibáñez no puso problemas a la incorporación posterior de la U. Austral y de la U. Católica del Norte.

El acierto es reconocer de una vez que no es posible financiar la gratuidad para todos, lo que es inviable en la triple condición de una economía con menor crecimiento, una reforma tributaria que no rendirá lo que se previó en los cálculos más optimista, y ante una sociedad que reclama muchos derechos en un ciclo histórico pro igualdad.  En vez de sostener promesas espúreas, dignifica la política decirle al país que se hará de manera incremental y progresiva (favoreciendo al 60% de menos recursos), lo que implica alcanzar una ecuación justa: a las universidades, CFTs e instituciones profesionales de calidad y acreditadas, sin discriminación o de lo contrario se favorece ese oligopolio o “cartel”, como ha dicho nuestro Rector, destruyendo años de fortaleciendo de la institucionalidad certificadora de la calidad y honradez de las instituciones de educación superior que se ha obrado en la nueva democracia buscando regular el capitalismo salvaje e irresponsable en educación superior.

Recordemos que la Presidenta anunció que  “a partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes”, aseguró la Presidenta. El costo total de la medida, de acuerdo al ministro de educación oscila entre 400 y 500 millones de dólares.

Si bien se trata de un avance, el anuncio deja fuera a universidades que no pertenecen al CRUCH y con ello a más de 150 mil estudiantes. Esta restricción ha merecido cuestionamientos de diversos sectores. Es ilustrativa la posición de Educación 2020 sobre los anuncios presidenciales: “cuestionamos que sea la pertenencia al CRUCH el criterio que prime en las Universidades. Al respecto, nos parece más relevante entregar recursos a instituciones acreditadas por una mayor cantidad de años y que cuenten con una proporción importante de estudiantes de los primeros quintiles. Es fundamental asegurar calidad antes de entregar más recursos a un sistema marcado por una desregulación profunda, en donde más del 70% de los programas no cuentan con acreditación y muchas instituciones forman a profesionales que egresan sin entender lo que leen”.

Con razón y sabiduría el Rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi ha dicho que “este proceso está empezando” y la controversia aportará a enriquecer el proyecto y buscar un acuerdo justo.

Una de las características más notables del sistema de educación superior es la diversidad. Evidencia de esta diversidad, y específicamente en el ámbito de las universidades, el eje de la calidad no calza perfectamente con la propiedad. Si bien es cierto que todas las universidades del CRUCH están acreditadas (por lo tanto, todas las no acreditadas son universidades privadas “nuevas” no CRUCH) una revisión más detenida permite destacar que hay un conjunto de universidades no CRUCH que han apostado por construir proyectos de calidad obteniendo más años de acreditación que varias universidades del Consejo de Rectores e incorporando la acreditación de áreas no obligatorias. También acreditando programas de pre y postgrado.

Por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez con seis años, la Alberto Hurtado, la Diego Portales, Los Andes, Autónoma, Mayor, Finis Terrea y del Desarrollo con cinco años, además de la UNAB y la Universidad Católica Silva Henríquez con cuatro. Son estas mismas universidades las que aceptaron la invitación para integrarse al sistema único de admisión. Algunas de ellas casi no tienen alumnos del 60% más vulnerable- como Los Andes, Adolfo Ibáñez, del Desarrollo (todas de la Cota Mil),   y en menor proporción la UDP y otras-, por lo cual el efecto es residual en su matriz escolar. Sin embargo, afectará a aquellas que hacen un esfuerzo de educación de calidad con alta integración social, investigación y vinculación con el medio, donde destaca la UAH como la más integrada de la Región Metropolitana, así como la U. Silva Henríquez y la U. Autónoma, sin desmedro de otras.

Debiéramos colocar el foco en la necesidad de garantizar acceso a los estudiantes más vulnerables en universidades serias, sociales y de excelencia, en base a cuatro condiciones:

a) Acreditación: si bien es cierto que el sistema de acreditación ha sido objeto de críticas y está en proceso de reformas, es el único indicador que tenemos para medir la calidad de las instituciones y programas (algunos sostienen que debiera exigirse que la carrera a la que se postula también estuviera acreditada). De hecho este criterio es usado parcialmente al no conceder beneficios a las no acreditadas.

b) Sin fines de lucro: parece razonable que aquellas instituciones de educación superior que reciben fondos estatales acepten un trato con el estado en el que el lucro no sea una posibilidad y se sometan a su fiscalización.

c) Integradoras: con alumnos de colegios municipales y subvencionados de comunas de nivel socio económico vulnerable de Santiago y regiones.

d) Con aranceles moderados: que son capaces de dar una educación con todas sus dimensiones con costos razonables ya que es injusto que el Estado financie aranceles desmedidos en un país plagado de déficits sociales. Sin embargo hay que tener en cuenta que las universidades del CRUCH reciben además de los aranceles importantes aportes directos que a veces asciende a millones de dólares. No se pueden comparar los aranceles si algunas universidades reciben aportes directos adicionales. Es comprensible niveles de financiamiento basal a centros estatales, pero a su vez aporte directo a universidades sociales con investigación, vinculación con el medio y complejidad.  Es más, las universidades caras con altas donaciones empresariales y/o  aporte fiscal directo, debieran remitirse al arancel referencial y becar ellas los montos restantes a los estudiantes al menos del 40% más vulnerable de la sociedad.

En síntesis; se aprecia que la Presidenta implemente de manera incremental y realista, respondiendo a la demanda de los estudiantes y una necesidad de acercar a Chile a los país de la OCDE en los cuales  en promedio la educación superior es esencialmente gratuita. Sin embargo, para evitar discriminaciones odiosas, ilegales e injustas en favor de un oligopolio anticuado, se recomienda se recomienda la ECUACIÓN PERFECTA: partir con el 50% más vulnerable en todas las instituciones sin fines de lucro y con al menos cuatro años de acreditación, buscando gradaciones en que el segmento siguiente, combina una parte de beca y otra de crédito. Además, obligar a las universidades de altas donaciones y caros aranceles a cofinanciar el sistema de becas para los segmentos más pobre. De esta manera hacemos un sistema integrado de corresponsabilidad sin discriminaciones donde predomine el bien público de una educación de calidad y socialmente comprometida con el bien común de Chile.