El día 10 de junio concluyó el proceso de revisión del Estado de Chile ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas,  donde la privatización del agua fue uno de los temas más destacados. Diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron que la inexistencia de un orden de prelación entre los usos de aguas y la falta de un sistema de gestión integrado de cuencas, representan algunas de las causas principales de sequía en el país. Asimismo, resaltaron las deficiencias en la redistribución del agua en zonas de escasez. Nuevamente, la administración privada del agua se discute, lo que no es una casualidad, debido a que existe un fenómeno creciente de desprivatización de la gestión del agua a nivel mundial, que ha derivado en experiencias de re-estatización o re-municipalización; cuestión que en Chile no se puede soslayar.

En efecto, frente a las decepcionantes experiencias brindadas por las compañías privadas, países de distintos lugares del mundo han optado por la recuperación de la gestión pública de agua y saneamiento.  Por ejemplo, entre marzo de 2000 y marzo de 2015 se han registrado 235 casos de “remunicipalización” del agua en 37 países, incidiendo en más de 100 millones de personas[1]. Países como Francia, Estados Unidos, Alemania, China e Italia entre otros, mientras en Latinoamérica, Bolivia, Venezuela, Colombia, Argentina y Uruguay han manifestado la necesidad de eliminar las consecuencias negativas  del suministro lucrativo de servicios tan básicos como agua y saneamiento,  con el fin de conseguir un acceso más equitativo, cualitativo y sostenible[2]. En este sentido, es inevitable identificar la desprivatización del suministro de agua como tendencia a escala global.

La experiencia de nuestros vecinos

A pesar de que en la mayoría de los casos se haya constatado una coincidencia de factores a raíz de la trasformación perseguida, el proceso ha sido altamente heterogéneo en términos de forma y desarrollo, siendo el mismo condicionado por el entorno social, político y económico de cada contexto. En Buenos Aires (Argentina), por ejemplo, la recuperación de la gestión pública de agua y saneamiento se dio en un contexto legalmente complejo.  Después de 13 años de renegociaciones y enfrentamientos, en marzo del 2006 el gobierno de Nestor Kirshner decidió terminar el consorcio privado con Aguas Argentinas S.A. (AASA), en la mitad de un contrato de duración tricenal con la multinacional francés Suez-Lyonnaise des Eaux. La respuesta de Suez fue presentar una demanda de indemnización ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) cuya decisión del 9 de abril del año en curso condenó Argentina al pago de 405 millones de dólares por la rescisión del contrato. La batalla legal encabezada por la multinacional de agua no logró abatir las pretensiones del gobierno argentino en asegurar el acceso universal al agua. A través de una nueva empresa pública, “Agua y Saneamientos Argentinos” (AySA), y con el respaldo de inversiones estatales, se expandió la cobertura de servicios, particularmente en los barrios más empobrecidos, incluyendo a 2,3 millones de habitantes al servicio de agua potable.

Si en Argentina la recuperación de la gestión pública de agua y saneamiento fue un proceso dificultoso, aún con la voluntad política de terminar la concesión, en el caso de Cochabamba (Bolivia) la transición de privado a público fue violenta y conflictiva. Frente a un incremento de las tarifas por parte de la empresa privada Aguas de Tunari, dueña de una concesión cuadricenal para el suministro de agua y saneamiento en Cochabamba, entre enero y abril de 2000 una masiva movilización social protestó en contra de la mercantilización del agua. Una lucha marcada por huelgas, barricadas, vías de acceso a las ciudades bloqueadas, enfrentamientos.  Finalmente en el 2006, gracias al gran movimiento social y a la solidaridad internacional, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzó y Aguas de Tunari acordaron el término de la concesión sin consecuencias legales.

¿Y Chile  qué?

Al igual que Bolivia y en contraste con Argentina, la privatización de los servicios sanitarios en Chile se realizó de manera gradual una vez que, por absurdo que parezca, se realizaron las inversiones necesarias para fortalecimiento del modelo de gestión estatal. Así es cómo entre 1977 y 1990, la autoridad de la época generó las condiciones técnicas y legales para que los Servicios de Agua Potable del país[3], se conviertan en Empresas autofinanciadas para su posterior privatización.

El sector sanitario en manos del Estado se caracterizó por proveer un servicio de buena calidad a gran parte de la población. En el año 1998, anterior a la segunda y más profunda reforma privatizadora, las coberturas de las redes de agua potable y de alcantarillado alcanzaban a 98% y 89% de la población urbana, respectivamente. En cambio, posterior a la fecha señalada, la calidad del servicio se ha visto afectada, aún cuando las utilidades de las empresas sanitarias han sido importantes (sobre los 100 mil millones de pesos, muchas veces superando por tres veces el “piso” de rentabilidad determinado por Ley). Al mismo tiempo cabe cuestionarse que aún con estos niveles de rentabilidad se siguen aplicando aumentos sostenidos en las tarifas. El año 2010 se alzaron voces en contra del actuar de la empresa debido a los cortes del suministro (resultante en una multa por parte del SISS), y ha sido en el curso de este año que se revela la participación de Aguas Andinas en casos de financiamientos irregulares a políticos.

 El debate pendiente

Los casos de Argentina y Bolivia, más los cientos de casos de desprivatización en la provisión de servicios de agua en el mundo, plantean distintas formas de redefinir “lo público”, hacia un sistema donde el Estado finalmente se deprende del rol de empresario para garantizar los servicios básicos de agua potable y saneamiento como derecho humano y bien común. Para cumplir con esto ha sido inevitable el alzamiento de la ciudadanía para presionar a los gobiernos poner fin a contratos o la no renovación de los mismos con las empresas sanitarias.

La privatización del sector sanitario en Chile se realizó con nula participación ciudadana bajo  contradictorios argumentos financieros. Lo que empezó como un proceso gradual ha mostrado su lado más oscuro al comprobarse la participación de la empresa sanitaria más importante del país (Aguas Andinas) en el desembolso de de $ 341.486.181 en cuatro años (2010-2013), como pagos a fundaciones, corporaciones y think tanks ligados, tanto a la Nueva Mayoría, como a la Alianza. Todos estos sectores fueron en su momento partidarios de la privatización de las empresas sanitarias.

A más de una década del funcionamiento de privados en los servicios de agua y alcantarillado  consideramos que, a pesar de la promesas del sector privado de aportar innovación, eficiencia, acceso universal, entre otros,  los beneficios a corto plazo de las empresas han representado una aspiración superior frente a la priorización de las necesidades de los ciudadanos y el respeto del medio ambiente. En este sentido,  la desprivatización de los servicios sanitarios y de saneamiento es un proceso que surge como reacción a los resultados decepcionantes de la gestión privada en todo el mundo: tarifas en aumento, bajas en la calidad del servicio, corrupción política en las concesiones, incumplimiento de inversión, endeudamiento, desigualdad en el acceso al servicio, escasa transparencia financiera, irresponsabilidad social (privación del derecho a huelga, recortes de plantilla injustificados, entre otros) y medioambiental, incumplimientos contractuales, entre otros son algunas de la razones principales que han empujado a la ciudadanía para cuestionar las implicancias de la gestión privada sobre un elemento vital.

La desprivatización no es un proceso fácil, los casos de remunicipalización anteriormente expuestos son un ejemplo de  cuantas dificultades en términos logísticos y políticos conlleva la transición de lo privado a lo público. Sin embargo, los beneficios económicos, sociales y ambientales que se pueden lograr al largo plazo deben promover el debate público sobre las posibles alternativas a la privatización del agua y del saneamiento. Ahora bien, frente a los temas problemáticos que caracterizan la gestión privada de los servicios sanitarios, como la corrupción, una administración que realiza el suministro de agua de forma selectiva (los que pueden pagar consiguen el recurso),  la inequidad social en el servicio,  la inexistencia del derecho humano al agua,  la falta de un orden de prelación en el uso de agua para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, el Estado chileno debe ponerse a la altura de las circunstancias y poner al centro del debate la desprivatización cómo alternativa al negocio del agua.

[1]Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina and Olivier Petitejean,  “Our public water future: the global experience with remunicipalisation”, publicado por  Transnational Institute (TNI), Public Services International Research Unit (PSIRU), Multinationals Observatory, Municipal Services Project (MSP) and the European Federation of Public Service Unions (EPSU), Abril 2015, pág.10

[2]Datos extraídos de Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina and Olivier Petitejean “Llegó para quedarse: la remunicipalización del agua como tendencia global”, publicado Unidad de investigación de la internacional de servicios públicos (PSIRU), Transnational Institute, Multinational Observatory, Enero 2015, pág.11-15

[3] Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), la Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL), mas las 11 Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS).