Jamás han enfrentado una sala de clases con más de 40 alumnos en un liceo municipal y/o particular subvencionado pero dicen identificar con claridad a aquellos maestros que realmente tienen vocación docente. No conocen de los problemas de las familias pobres del país más que a través de los libros y las revistas de papel cuché que habitualmente mantienen en las bibliotecas de sus despachos y sin embargo son quienes deciden de qué forma se les prestará ayuda. Descubrieron que la educación escolar podía desarrollarse más armoniosamente con metodologías constructivistas y el fomento de habilidades blandas (conocimientos que adquirieron en sus pasantías por Europa y Estados Unidos financiados por alguna beca del Estado), pero no logran comprender que cuando un joven no desayuna, prestar atención en clases se vuelve casi una utopía. Es el histórico dilema entre los cuadros intelectuales y tecnócratas del Estado que diseñan las políticas públicas en materia de  educación y quienes las ejecutan (los profesores) al calor de una práctica que, con el pasar del tiempo y las transformaciones negativas que afectaron a Chile en los últimos treinta años, han debido enfrentar el complejo proceso de educar en condiciones precarias.

La discusión sobre el proyecto de Carrera Docente ha marcado el debate en educación durante las últimas semanas. Los medios de comunicación nos hablan de un profesorado que se resiste a ser evaluado, como si en la simpleza de aquella sentencia pudiese explicarse la labor –buena o mala– de los maestros en Chile.

Como sea, una reforma educacional debe diseñarse a partir de las problemáticas específicas que enfrente la educación en cualquiera de sus niveles, que no pasa exclusivamente por las metodologías o instrumentos más o menos apropiadas que se implementen sino que por la realidad objetiva del escenario concreto al interior de la sala de clases, donde la labor pedagógica se complejiza debiendo forzar a que los profesores multipliquen esfuerzos en diseñar herramientas de contención y manejo de situaciones que, en la mayoría de los casos, escapan a las posibilidades que les entregó su formación universitaria.

La Carrera Docente consiste en un proceso de evaluación de competencias profesionales de los profesores que estén o vayan a ingresar al sistema público, midiendo sus competencias y/o habilidades para dar respuesta a estándares de calidad mínimos requeridos para incrementar la calidad de la educación a nivel escolar. Sus instrumentos evaluativos son la Certificación o prueba disciplinar y la Evaluación Profesional Docente mediante pruebas estandarizadas como ADVI (Asignación de desempeño variable individual) y la AEP (Asignación de Excelencia Profesional). La Carrera Docente, de este modo, queda dividida en cinco tramos, de los cuales tres de ellos son obligatorios (Inicial, Intermedio y Avanzado), y los dos restantes serán voluntarios (Destacado y Experto). Asociado directamente al estímulo económico, los docentes que quieran acceder a mayores bonificaciones y opciones laborales deberán permanecer al menos cuatro años en cada uno de los tramos, proceso que culmina con la rendición del Portafolio, sistema de evaluación del desempeño docente y la Certificación, una prueba de conocimientos mediante la cual se verifica dicho desempeño para establecer el nivel en el cual se encuentra el profesional y, de obtener un resultado favorable, ascender al siguiente tramo pues de lo contrario, permanecerá en el mismo por cuatro años más.

La crítica entonces encuentra sentido en un proyecto que pretende estandarizar el ejercicio pedagógico, como han señalado los profesores, cuyo objetivo aparente sería establecer criterios transversales –para asegurar un desempeño eficaz– entre los maestros que ingresen al sistema, lo cual garantizaría la calidad de la educación. Este discurso que apela a una supuesta igualdad de condiciones en que, independiente del lugar de procedencia, todos los estudiantes podrían con esto tener acceso al mismo nivel educacional, es una propuesta engañosa en la medida que no mide las condiciones materiales del contexto social y cómo son esos y no otros los factores que determinan el curso de los acontecimientos al interior del aula.

Por otra parte, la idea de contar con expertos metodólogos que reproduzcan con exactitud los lineamientos curriculares, es una abstracción intelectual que, además, solo aporta a limitar la labor docente. Un profesor trabaja especialmente con la creatividad y debe enfrentarse a escenarios en constante cambio, más aún con aquellos alumnos que ahora denominan como “vulnerables”.

Para una buena educación no solo se requieren metodologías innovadoras (como nos propone en algunos aspectos el modelo finlandés, tan de moda en estos días) sino que el derecho a tener una vida digna, elemento central e invisible en este debate. Incluso, la sobreexplotación a la que son sometidos los profesores ha tenido un efecto significativo en estos. Por ejemplo, el hecho de que la estabilidad laboral pueda depender del resultado que se obtenga mediante una prueba de certificación, es una práctica que solo aumentará la precarización de su trabajo, al menos entre los profesionales más jóvenes. Los derechos laborales no pueden estar supeditados al esfuerzo individual de cada docente porque un contrato de trabajo no puede interpretarse como un premio al sacrificio.

Otro elemento a considerar, es que las horas no lectivas en los colegios pobres de Chile hace rato que dejaron de ser dedicadas a mejorar la educación, porque la escuela se ha transformado en un escenario de contención y generación de vínculos estables para miles de niños y jóvenes populares en nuestro país, y las matemáticas o el conocimiento de la historia de Chile a veces debe postergarse por la generación de un afecto o la propia valoración del trabajo para evitar un futuro delictual.

La Certificación a la que deberán someterse los profesores,  para avanzar en la Carrera Docente, surge en base a la desconfianza que se ha instalado sobre ellos como los causales de la mala calidad de la educación. Más aún el costo que implicará haber sido mal evaluado, lo que no necesariamente obedece a una carencia de vocación docente o a una incapacidad para ejercer la profesión, exactamente como cuando un estudiante rinde una mala PSU sin por eso carecer de talento.

Aunque resulte válido que el sistema quiera asegurar el profesionalismo de un docente, a la vez evidencia que la propia formación universitaria es insuficiente para dar respuesta a los procesos educativos en los escenarios reales, que bajo ningún punto de vista son determinados por el desempeño individual de un profesor cuando en la realidad, son comunidades educativas compuestas por diversos actores que concatenan esfuerzos para alcanzar determinados objetivos. De este modo, habría que revisar el carácter de la formación en las instituciones de educación superior (antes que todo) antes de estigmatizar a los malos profesores e impedirles su ingreso al sistema público.

El engorroso proceso que significará la implementación del proyecto de Carrera Docente, es una forma burda de colocar la carreta delante de los bueyes. Los profesores necesitan especialización para dar respuesta profesional al complejo proceso pedagógico al interior de las aulas escolares, pero no se les puede pretender responsabilizar por las ineficiencias que reproduce el sistema educacional en todos sus niveles.

Exigirles lo que amerita su condición de maestros sin considerar el contexto social donde ejercen esta función, es el principal error de aquellos que diseñan estos instrumentos de evaluación, que aunque probablemente sí buscan elevar los estándares de calidad, lo hacen desde una percepción errónea que no se condice con la realidad (por desconocimiento u omisión) que viven a diario los profesores de aquellos colegios municipales y particulares subvencionados que reciben a los alumnos más pobres del país, donde educar es una lucha cotidiana. Por eso, otra cosa es con guitarra.