Las implicaciones del momento actual son profundas: estamos ante el intento de clausura de un ciclo de cinco años.

2011 marcó la apertura de un tiempo marcado por un amplio cuestionamiento ciudadano a las bases del modelo neoliberal, cuyo comportamiento asociado principalmente a la movilización social se extendió a 2012 y en alguna medida a 2013. Aquel espíritu recorrió el país como un viento refrescante y renovador, casi siempre desde “la calle”. Con el 2013, sin embargo, llegaría el momento en que la agenda electoral disputaría el centro del debate a la alegre potencia de las marchas, cuestión que logró solo a condición de alinearse con el nuevo sentido común: ahí está el ingreso de un grupo de dirigentes estudiantiles a la Cámara de Diputados y sobre todo el Programa de Michelle Bachelet, explícitamente identificado con la necesidad de cambios.

2014 fue el (único) año en que Bachelet logró gobernar, impulsando un proceso de reformas de contenidas pretensiones transformadoras. 2015 ha sido mitad escándalos mitad renuncia. Luego del cambio de gabinete y el cierre de la Comisión Engel con una cadena nacional cada vez más desfigurada, el invierno ha traído el más serio intento de esta administración por practicar algo parecido a la política, que para desgracia mayoritaria, está referido al fin del ciclo reformista.

Si es cierto que desde sus inicios el gobierno de Bachelet careció de un impulso efectivo de cambio que abriera, como se prometía, un nuevo ciclo histórico, también lo es que su acción se sostenía en los marcos de sentido que redefinieron el campo de la política desde el empuje social de 2011-2012. Allí la cuestión de las reformas, su profundidad y su carácter, daba borde a la disputa. Ahora sin embargo, en la medida que es eso lo que se intenta clausurar a manos de un nuevo acuerdo de élites, donde la suma de fuerzas resultante produce un vector orientado a la derecha, podemos hablar de este momento como un giro conservador en las condiciones políticas.

El anuncio presidencial descoloca aun más la posición de los partidos. Pasamos de una situación en la que la influencia de la Nueva Mayoría estaba permanentemente interrumpida por la desconfiada cerrazón presidencial, a la desorientación. La izquierda oficialista, en especial, contempla azorada el derrumbe del débil argumento que hasta ahora podía exhibir para justificar su pertenencia al gobierno. Consumado el giro conservador, la posibilidad de una izquierdización del gobierno desde adentro –con todo lo inverosímil que era de por sí ese razonamiento–, se vuelve imposible de ser enarbolada con un mínimo de seriedad. ¿Cuál podrá ser, ahora, el razonamiento de la izquierda oficialista para seguir participando de la gestión gubernamental? Si el recurso con que la izquierda reclamó coherencia para su adscripción gubernamental fue la defensa del programa, ¿qué se puede hacer cuando el propio gobierno ha abandonado el compromiso de campaña? ¿Habrá llegado el tiempo, acaso, de sincerar aquello desde las necesidades de reproducción de las burocracias partidarias?

Ya se verá. Por lo pronto, si hay una oportunidad para la izquierda en este escenario no es la de lanzar en la cara al sector oficialista el grueso error cometido (aun cuando es importante reflexionar detenidamente sobre ello). Por el contrario, es necesario abrir nuevas conversaciones y establecer un debate constructivo que reponga la cuestión de la transformación social en nuestro contexto.

Cuando Bachelet plantea ingenuamente que el aparato estatal no estaba preparado para llevar adelante el conjunto de reformas planteadas, reincide en el razonamiento tecnocrático que omite una cuestión fundamental: es sencillamente imposible llevar adelante un proceso de reformas con verdaderas aspiraciones de cambio, si no se lleva a cabo una profunda transformación del Estado que eche por tierra su actual definición neoliberal. Esta administración no hizo el más mínimo intento en esa dirección. La reforma tributaria es quizás el mejor ejemplo de la orientación regresiva del ejecutivo, que no intentó alterar la primacía de la gran empresa en el control de la economía chilena.

 


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Y no debiera extrañarnos que así haya sido. Corresponde a un esfuerzo de izquierda emprender la superación del Estado neoliberal. Ya sabemos que ese no es tema que interese a demócrata cristianos, ni a los PPD ni a las cúpulas socialistas, pero sin acomodos fáciles, es hora de responder también si ese objetivo está en el horizonte de la izquierda chilena. Y si lo está más allá de los cierres de la política formal, entendiendo que el Estado es una condensación de una cierta distribución del poder social, que hace que el problema de la transformación deba ser pensado como una alteración sustantiva de ese orden, asunto que aunque parezca “social”, es de naturaleza completamente política.

De esa suerte, especialmente ahora que los poderes conservadores intentan hacer del comportamiento de la economía un mecanismo de cierre de la acción colectiva y la deliberación pública, la cuestión de la izquierda es defender la política, fortalecer la democracia, construir o transformar referentes que acudan a una articulación democrática y generosa que permita encarar los años que vienen con un nuevo sentido de mayorías. Producir, en definitiva, una nueva política.

Ahí ya no decimos “izquierda oficialista” sino que para la izquierda en general, tanto aquella que se organiza en partidos y se expresa institucionalmente, como la amplia heterogeneidad que ha construido una conciencia política al calor de las luchas sociales, la pregunta por la construcción de una voluntad política nueva, capaz de levantar un nuevo proyecto de país, para todo el país, se mantiene abierta.