Desafíos para una ciudadanía inclusiva: el caso de las mujeres

La modernidad ha sido un proyecto emancipador pero excluyente. En primer lugar, por razones de clase; en segundo lugar, por razones etno-culturales; y, en tercer lugar, por razones de género. De esos ámbitos hay uno especialmente transversal a la clase, origen étnico y orientación sexual: el caso de las mujeres.

Los diversos tipos de feminismo han sostenido que la concepción liberal oprime a los distintos. En el caso específico de las mujeres, la opresión consiste -con Young- en una transferencia sistemática de poder a los hombres que asegura la exclusión de las mujeres de las actividades privilegiadas precisamente porque las mujeres trabajan gratis para ellos.

El derecho es sexuado y es un varón

Nuestro pensamiento está estructurado, siguiendo a Olsen, en dualismos: racional/irracional, activo/pasivo, pensamiento/sentimiento, razón/emoción, abstracto/concreto, universal/particular. Esos dualismos tienen tres características: son sexualizados; están jerarquizados pues los términos identificados como “masculinos” son considerados superiores; y el derecho se identifica con el lado “masculino”.

¿Dónde están las mujeres oprimidas?

 Son muchas las áreas donde las mujeres son excluidas. Una primera dimensión en la que las mujeres son excluidas es la distribución de los recursos. La pobreza tiene rostro femenino: el 70% de los pobres del mundo son mujeres.

Una segunda dimensión en la que las mujeres son discriminadas es el ámbito laboral. El salario de las mujeres es hasta un 30% menor que el de los varones en igual función. Ellas son responsables de dos tercios del trabajo realizado en el mundo (remunerado y no remunerado), pero reciben sólo el 10% de los beneficios. Son propietarias del 1% de las tierras de cultivo, aunque representan el 80% de la mano de obra campesina. Chile específicamente tiene una tasa de participación laboral femenina del 47% (más baja que el promedio de Latinoamérica) a pesar del crecimiento económico del país, una tasa de fertilidad similar a la de los países desarrollados (1,9) y, lo más paradojal, aunque las mujeres tienen más años de escolaridad que los hombres, mejores notas y han copado los centros de educación superior. En esa misma línea la cantidad de mujeres que ganan menos del sueldo mínimo dobla a sus pares masculinos, situación que se invierte en razón de 3 a 1 en salarios superiores al millón de pesos.

Una tercera dimensión en la que las mujeres sufren es en el ámbito de la violencia de género: una de cada dos mujeres declara en Chile haber sufrido algún tipo de violencia más de una vez y más del 90% de las denuncias afectan a mujeres.

Un cuarto espacio en el que las mujeres son excluidas es el poder. Los datos son decidores: las mujeres ejercen menos del 10% de las jefaturas de Estado, ocupan el 22% de los escaños parlamentarios de todo el mundo (en Chile 16%) y tratándose del poder privado, las mujeres integran menos del 5% de los directorios de las grandes empresas.

¿Qué hacer?

 En primer lugar, se requiere incorporar la idea de género en la Constitución, un sistema electoral que permita superar la infrarrepresentación de las mujeres, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y las políticas de conciliación en materia de crianza y cuidado.

En segundo lugar, deben impulsarse políticas laborales, como sostiene Undurraga, que ayuden a superar las barreras estructurales que desincentivan la participación de las mujeres en la esfera laboral, entre ellas: a) jornadas laborales menos extensas y más flexibles; b) mejores condiciones laborales que abarquen igual salario, protocolos en casos de acoso, opciones accesibles de cuidado infantil; y c) desmasculinizar las propiedades que se consideran positivas para el trabajo.

En tercer lugar, se requiere avanzar hacia auténticas políticas de corresponsabilidad que distribuyan equitativamente las labores domésticas, de crianza y de cuidado. Este es el único camino que a largo plazo permitirá equilibrar el costo que supone para un empleador contratar a una mujer en vez de un hombre por el “riesgo” que supone la maternidad. Moss propone una división de los países que se han tomado más o menos en serio estas políticas en tres grupos: i) países que proveen un conjunto de licencias parentales remuneradas durante un periodo de al menos nueve meses, manteniendo los salarios (2/3 o más). En este grupo se encuentran los cinco países nórdicos, tres países del Centro y Este de Europa (Eslovenia, Estonia y Hungría) y Alemania; ii) aquellos países que permiten entre cuatro y seis meses de licencia retribuida (al menos con 2/3 del salario) a las madres mayoritariamente y, en algunos casos, a los padres; y iii) los países que proveen menos de dos meses de licencias remuneradas (2/3 del salario o menos), entre los que están los cinco principales países de habla inglesa.

Cuando la licencia parental es facultativa, su uso por parte de los varones es bajo. Por ejemplo, un 2% en Finlandia o Polonia, 3% en Austria y un 10% en Canadá. Pero si la licencia parental es concebida como un derecho individual intransferible bien remunerado, el uso entre los hombres aumenta. En este caso están los países nórdicos, como Dinamarca, donde el 62% de los hombres con hijos nacidos entre 2002/03 usó la licencia parental una media de 25 días. En Islandia, en el año 2003 por cada 100 madres, 84 padres usaron algún periodo de licencia parental, una media de 94 días. En Noruega, un 89% de los padres en 2003 usaron la licencia parental, aunque solo el 15% la usó más tiempo que el intransferible. Finalmente en Suecia el 90% de los padres usan la licencia parental, principalmente cuando sus hijos tenían entre 13 y 15 meses de edad. Estas cifras evidencian que, si bien el cuidado de los hijos continúa siendo un elemento asociado al género, es posible incentivar un cambio gradual que reparta la responsabilidad paterna desde el trabajo remunerado hacía la atención y el cuidado de los hijos.

Las mujeres demandan como grupo oprimido no solo superar las desigualdades generadas por una injusta distribución de los recursos, sino también una remoción de los obstáculos que les impiden tener un igual reconocimiento. Mientras ello no suceda, las causas profundas de la opresión -arraigadas en el patriarcado y el contrato sexual- se mantendrán inalterables. Es nuestro deber perentorio contribuir a que el tiempo de los derechos se cristalice también para las mujeres.