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Hay tantos síntomas agudos de que la transición es una ilusión y que en Chile continua reinando la impunidad y el secreto. Síntomas que si fueran perro nos ladran en la cara que bajo la alfombra decorada por esta democracia de las urnas y el supuesto imperio del voto está toda la mugre del dinero y las influencias de los grandes grupos económicos del país, algunos de ellos representantes de grupos religiosos ultraconservadores e incluso de la derecha pinochetista.

Hace unos días se devela la enfermedad tras uno de estos síntomas, una enfermedad bastante conocida.

Estos días se ha iluminado algo de los tantos espacios grises de la historia de Chile, un relato que a voces y cantos subordinados era sabido por muchos pero que el pacto militar había ocultado durante tanto tiempo. Los responsables de haber quemado vivos a Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana, esta última superviviente, son dejados al descubierto, demostrando una vez más que son muchos los criminales de lesa humanidad que han seguido sus vidas sin sobresaltos, de manera bastante cómoda e incluso con sus honores militares vigentes (el principal sindicado como autor de los hechos participaba como experto en la Universidad de Magallanes).

Mucho más de lo que las víctimas, desaparecidos y familiares han tenido todos estos años. Mucho más de lo que los conscriptos que tuvieron la desventura de hacer el servicio militar en esa época han tenido, pues a pesar de tener una organización con unos 20 mil afiliados escasamente han sido reconocidos como víctimas. Justamente, es una de estas víctimas quién devela este horror, lo que abre a la opinión pública algo que ellos están pidiendo hace tiempo: reparación de parte del Estado.

Esto claramente no es sano, ni un ejemplo para ninguno de los involucrados en esta disputa política, social, cultural. La impunidad mantiene el odio y la sensación de injusticia, y nos mantiene, muy lejos, pero muy lejos de la posibilidad de convertirnos en una sociedad reconciliada y resiliente. De construir una historia que realmente refleje los valores que consolidan a una sociedad democrática.

Se hace cada vez más necesario construir un país con otros objetivos, que desde las bases jurídicas mayores (Constitución) genere más igualdad y diálogo entre los diferentes grupos étnicos, territoriales, políticos y sociales que componen la sociedad. Que termine con los secretos de Estado, las negociaciones en cocinas del barrio alto de Santiago y con mandos militares al servicio de la clase dominante. Que permita un nuevo trato entre los ciudadanos.

Parecemos estar lejos de esta realidad, y aunque aquello sucediera ni por decreto es posible hacer que los que se niegan a hablar lo hagan, aunque se utilice la figura de obstrucción a la justicia o cualquier otra que desconozco. Se hace más urgente entonces, para que parte de esta tragedia pueda ser develada, transparentada, que los altos mandos militares del país sean obligados legalmente a abrir sus recintos para ser investigados y allanados en la búsqueda de pistas sobre estos u otros hechos sobre los que subsisten las más grandes dudas.

Uruguay ha dado el ejemplo a través de decretos presidenciales que han permitido sendos proyectos de investigación arqueológicos, liderados por José López Mass. En este país se ha armado el puzzle de la llamada ‘Operación Zanahoria’ –análoga de la ‘Operación retiro de televisores’ en Chile-, a través del hallazgo de fosas en donde el descuido militar dejó restos de pequeños huesecillos de manos y pies que han permitido a través de distintas pruebas de laboratorio identificar víctimas desaparecidas. Una luz de esperanza para aquéllos que no han podido llorar a sus muertos, reparando en parte lo que uno de los ataques más terribles que se pueden cometer en contra del otro le ha hecho a nuestra sociedad.

Y volvemos una y otra vez a la misma piedra de tope. Es cada vez más notorio que nuestra Constitución política está añeja, apolillada, pasada de moda y enferma. Está lejos incluso de proyectar un respeto justo a la ideología religiosa, política, social, de género y étnica de los habitantes del territorio. Al revés, esta Constitución permite la protección de criminales y reproduce relaciones de poder violentas, novedosas como los Chicago boys y la moral empresarial, y otras tan antiguas como la Independencia de Chile, las que sólo perjudican a la población trabajadora de este país.

Nunca es malo recordarles a los defensores de esta porquería que Chile es el único país del mundo con una carta magna firmada en Dictadura, cosa que ni el blanqueo de la firma de Lagos, ni ninguna otra firma cambiará. Pero mientras eso no cambie debemos ir avanzando en la búsqueda de argumentos para que los especialistas que correspondan apoyen al poder judicial en la búsqueda de la verdad en recintos militares, pues todo crimen y actividad humana deja algún rastro que puede ser prospectado, excavado y documentado por un grano más de verdad.