“Señalar que el sistema penitenciario chileno está en “crisis” pareciera ser una situación que ya no genera asombro en el mundo político, en el académico o en la ciudadanía en general”.

Con estas palabras comienza La reincidencia en el sistema penitenciario chileno, una investigación que la Fundación Paz Ciudadana publicó en 2012. Sí, Paz Ciudadana: uno de los artífices de eso que los chilenos entendemos por delincuencia (nadie sale a golpear ollas a causa de las fechorías tributarias o el cohecho).

La misma entidad a cuyos índices de victimización no dejan de apelar las autoridades para justificar la necesidad de aplicar mano dura explicaba entonces que las tasas de prisionización no son un reflejo de la cantidad de delitos que hay en un país, sino de “determinadas posturas políticas de los gobiernos, algunas de ellas tendientes a endurecer la respuesta punitiva“, y celebraba que el Ejecutivo hubiera reconocido que en Chile se hace un “uso desmedido de la cárcel” (Nuestra tasa de prisionización es de 241 por 100 000 habitantes, mientras que la de los países desarrollados es de 150) y promulgado un paquete de reformas tendientes a racionalizarlo.

Sin embargo, antes de que dichas medidas alcanzaran a probar su efectividad, la actual presidenta de la república envió al Congreso un proyecto de ley que busca sancionar con penas privativas de libertad obligatorias los denominados delitos de «alta connotación social» (el hurto, el robo y la receptación), limitando la facultad de los jueces para considerar atenuantes y otorgar libertad provisional o cumplimiento alternativo.

La llamada “agenda corta contra la delincuencia” llegó a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados a comienzos de este año, y sus miembros invitaron a representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, la Fundación Paz Ciudadana y ONG Leasur, entre otros, para estar informados a la hora de votar.

El ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, asistió dos veces. La primera se refirió al aumento de las tasas de victimización publicadas por Paz Ciudadana, y señaló que, visto en la obligación de “atacar el núcleo del problema”, el Gobierno había decidido crear diez mil nuevos cupos en las cárceles y limitar el otorgamiento de la libertad condicional para impedir que los “profesionales del delito” sigan delinquiendo.

Pero Catalina Mertz, la directora ejecutiva de la misma fundación, citó el estudio de 2012 y explicó que quienes van a la cárcel tienen una tasa de reincidencia del 51 %, frente al 28 % de quienes cumplen penas alternativas, además de que las personas que obtienen libertad condicional reinciden en un 23,4 % de los casos, mientras que quienes cumplen su condena en prisión lo hacen en un 58 % de ellos. Y para insinuar que, gracias al proyecto, más personas van a reincidir, repitió dos veces lo siguiente: “Las decisiones que el sistema está tomando tienen correlación con la actividad ilícita que estas personas tienen una vez que han egresado de la cárcel”.

Así las cosas, podríamos disculpar al ex ministro por haber acudido a la primera sesión sin conocer el estudio. Lo que no podemos perdonarle es que luego de conocerlo, haya señalado: “La evidencia que señala acá, que no está sometida a evidencia, yo la única evidencia que puedo manifestar es que si uno mira la cantidad de personas, que estoy manifestando que son profesionales del delito, cometen entre cinco y quince delitos, por lo tanto, el círculo de esas cinco mil o diez mil personas es la que irradia la cantidad de delitos mayores, por lo tanto, tiene que haber un minuto en que cerremos, le pongamos cerrojo a esa situación” (http://www.cdtv.cl/).

Haciendo caso omiso de tan desafortunado uso del lenguaje, podemos concluir que el ex titular utiliza los datos que entrega Paz Ciudadana a discreción. Y que lo mismo hace con las recomendaciones del resto de los expertos. Sin ir más lejos, la Corte Suprema señaló en un informe que las modificaciones que propone el Ejecutivo infringen los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley, porque buscan aumentar las sanciones solo para los que cometen ilícitos contra la propiedad. Y, para colmo, los delitos de mayor connotación social no son el robo, el hurto y la receptación, sino aquellos que afectan bienes jurídicos más preciados, como la vida y la integridad personal.

Pero el ex ministro se limitó a señalar que los homicidios en Chile alcanzan el 1 %, mientras que los robos llegan al 40 %, como si “connotación” significara, simplemente, “frecuencia”.

Lo otro que no deberíamos perdonarle es que haya pasado por alto la advertencia del representante del INDH, Julio Cortés, según quien el concepto de “delitos de mayor connotación social”, sin ser una creación de la ciencia penal ni de la criminología, sino de los medios de comunicación, constituye el único fundamento de un proyecto que, de aprobarse, permitiría que “mientras el homicida y el violador por acumulación de atenuantes podrían tener derecho a una pena en libertad, a un cumplimiento alternativo o sustitutivo, los autores de cierta delincuencia contra la propiedad […] no tendrían estos derechos”. Y ni qué decir de los que roban millones sin necesidad de salir a la calle.

Huelga decir que la idea de invitar a las distintas instituciones y organizaciones a la Comisión no era solo conocer sus posiciones, sino también tomarlas en cuenta, algo que ni los parlamentarios ni el ex ministro se mostraron dispuestos a hacer. De hecho, los primeros se encuentran actualmente votando los artículos particulares del proyecto, y la única conclusión que el ex titular fue capaz de sacar luego del desfile de expertos fue: “Nos podemos equivocar, a lo mejor, efectivamente, podemos cometer errores, pero el único error que no podemos cometer es que el que es profesional de estos delitos siga entrando y saliendo, siga asaltando, siga robando”.

En este escenario, solo nos queda confiar en que la nueva titular de Justicia tome un poco más en serio la evidencia, se muestre más proclive a reflexión y asuma que el verdadero núcleo del problema no es que los profesionales del delito anden sueltos, sino el hecho de que el delito pueda llegar a ser una profesión.

* Litigación Estructural para América del Sur.