Los últimos días, súbitamente, una serie de hechos (reapertura Caso Quemados, debate sobre confidencialidad de los archivos de la Comisión Rettig, estado de salud de Manuel Contreras, controversia sobre existencia de un pacto de silencio institucional de las Fuerzas Armadas, militares perpretadores que prestan servicios en el Ejército) han configurado otra estructura de oportunidad para reinstalar el tema Derechos Humanos en el debate nacional.

Transcurridos más de 40 años del golpe de Estado y más de veinticinco desde el inicio de la transición democrática, somos testigos, nuevamente, de las “irrupciones de la memoria”(Wilde 2007), aquellos hechos públicos contrapuestos, cubiertos por los medios, que asaltan repentinamente la conciencia nacional, evocando símbolos, figuras y causas relacionados con un pasado político aún presente en la experiencia vivida de una parte importante de la población, y en los que participa la autoridad de instituciones públicas y sus élites.

La irrupción se explica, en parte, por las limitaciones del proceso de redemocratización: un modo de justicia transicional que frustró las expectativas de verdad y justicia, y el rol de las élites políticas de la Concertación que ejercen una política cauta de construcción de un consenso elitista, práctica gubernamental exaltada en el tratamiento político del conflictivo pasado reciente. En este cuadro, diversos actores político-institucionales y del “mundo de los Derechos Humanos” han manifestado sus posiciones. Tales actores pertenecen a un tipo especial de élite que influyó, formuló e implementó las políticas de memoria y derechos humanos en Chile, las que parecen haberse instalado desde las inmediaciones del Estado democrático, como un espectro, más que desde el núcleo del poder político. Ello tendría relación con el origen y trayectoria de los miembros de esta élite, quienes habitan el campo de derechos humanos.

Aplicando el análisis de élites a dicho campo, los orígenes sociales (privilegiados y mesocráticos); las experiencias traumáticas (familiares y personales); los elevados recursos educacionales (disciplinas socialmente reconocidas y postgrados en el extranjero); las trayectorias militantes (en organismos de sociedad civil y en partidos políticos); y la lucha por la defensa de derechos humanos, dicen “algo más” sobre las propias políticas y el proceso global, caracterizado por legitimar discursos que favorecieron la gobernabilidad bajo un esquema de verdad y justicia “en la medida de lo posible”. Estos recursos escasos y valorados contribuyeron a configurar la memoria oficial de modo elitario, con agentes provenientes de diversas esferas, pero con características comunes, y que pueden sintetizarse en perfiles hegemónicos: el “político abogado prestigiado”, el “activista intelectual”, el “dirigente laico comprometido eclesialmente con los derechos humanos”, y el “jesuita comprometido”.

La articulación sociopolítica y moral -y la unidad de acción- fue mediada por la defensa de derechos humanos. El capital moral fue el recurso activado para legitimar a los agentes. Y el derecho internacional de los derechos humanos, la estrategia para validar las luchas al interior del Estado. En esa lucha, las ideas importan e influyen en las prácticas políticas, pues contribuyeron a configurar la nueva élite de derechos humanos que validó saberes especializados, prácticas y experiencias en diversas esferas, redes establecidas y capital moral producido. Con ello, los agentes asumieron posiciones estatales influyentes y operaron políticamente.

De tal modo, podría pensarse en políticas de memoria y derechos humanos hechas bajo el principio de diversidad de actores e influencias sectorizadas; entonces el pluralismo elitario sería más explicativo (una élite abierta). Pero la circulación restringida a espacios que exigen altos niveles de calificación, adscripciones partidarias y experiencias de militantismo asociativo, con pocos agentes que circulan en distintas posiciones, pondera el análisis al enfoque unitario (una elite cerrada). En efecto, Chile optó por el mecanismo consensual de unificación elitaria, pues el acuerdo transicional implicó un “pacto de elite”, otorgando a los actores del régimen anterior espacios de poder para fundar la estabilidad política. Tal pacto y las prácticas de la democracia recuperada demuestran la alta importancia de los compromisos estabilizadores, máxime considerando el “nunca más” como límite moral para no reiterar las graves violaciones de derechos humanos. El discurso de la gobernabilidad -y la gobernanza como su medio- se alzó como modo de gestión política de la democracia postautoritaria que exalta el valor del consenso. El campo de derechos humanos ilustra las tensiones de ese modo de ejercer el poder y concebir el diseño de políticas, pues excluye ideas y discursos contrahegemónicos, actores sociales sin recursos de élite para operar en el campo y modos de legitimación más allá de los ciclos electorales.

Por tanto, es factible postular algunas líneas de acción:

a) Parece fundamental repensar el modo de gestión política del pasado, trascendiendo las limitaciones autoimpuestas por el discurso de la gobernabilidad y la “medida de lo posible”, para avanzar hacia prácticas de gobierno de las elites que confronten los conflictos bajo fórmulas inclusivas de deliberación democrática, exigiendo que las prácticas y políticas públicas relativicen su tendencia normativa al consenso, pues siempre va existir desacuerdo sobre el significado específico y modo de operacionalización de los valores que orientan la vida común.

b) Confrontar democráticamente los conflictos exige, asimismo, reivindicar públicamente el posicionamiento político-ideológico de las víctimas, pues históricamente (en las comisiones de verdad, los discursos oficiales, los memoriales) prevaleció una memoria despolitizada y descontextualizada, excluyendo de las narrativas las disputas políticas que motivaron la perpetración estatal de las violaciones. Hubo una reyerta ideológica que parece necesario revalorizar, máxime a la luz del momento democrático postmovilizaciones 2011 y la vigente disputa sobre la fórmula constituyente.

c) La actual agenda de derechos humanos supera las luchas por el derecho a la vida y reivindicaciones de derechos civiles y políticos básicos que la dictadura cercenó. Sin embargo, a nivel de imaginario colectivo, parece necesario no olvidar la fisura generativa que la dictadura militar implicó. El eje dictadura-democracia reconfiguró los sentidos comunes y es relevante que las políticas públicas y los discursos ciudadanos re-elaboren dicho eje sin naturalizar ni universalizar el modo actual de organización social y política.

d) El modo de configuración del campo de derechos humanos y construcción de la memoria oficial en Chile sugiere la importancia de agentes pertenecientes a diversas esferas públicas. La lucha actual por derechos humanos llevada a cabo por movimientos sociales y ciudadanos debiese resignificar las fortalezas de tal esquema de gobernanza, abogando por el compromiso y activismo jurídico, intelectual y religioso de actores con poder de expresión en los medios de comunicación, requiriéndose articular amplias redes sociopolíticas que tensionen los discursos oficiales que hegemonizan el debate público.

e) Finalmente, ya que ha sido el Estado el espacio simbólico preferente para el posicionamiento de agentes con trayectorias valiosas, urge fortalecer espacios alternativos de construcción de poder e influencia. Al respecto, el papel de movimientos sociales de lucha y defensa de derechos es insoslayable para complementar las tareas del Estado democrático.