La necesidad declarada por el ministro Burgos en orden a resucitar políticas de control policial hacia la población, aparece más bien como un intento de congraciarse con la Derecha política que respira casi exclusivamente medidas relacionadas con la seguridad y la protección de la propiedad privada. Sin embargo, este efecto aparente de autoridad mediante la política del control preventivo de identidad, más que lograr disminuir la denominada inseguridad ciudadana, favorece y se agrega a las políticas de control social que operan desde la estigmatización. Así ha sido desde el origen de la nacionalidad: primero los mestizos, después los gañanes o “malentretenidos”, más adelante los “rotos”, en el pasado cercano los “cumas” o “pungas”, y hoy en día los “flaites” o sujetos urbano-populares: pareciera que la difícil construcción del Estado requiriera siempre de una cabeza de turco, un chivo expiatorio hacia quien proyectar una violencia sistémica que busca conjurar miedos arcaicos hacia lo diferente, lo percibido como amenazante para la institucionalidad y categorizado de modo más o menos explícito como una suerte de enemigo interno en las sombras.
En esta lógica sociohistórica, en la década de los ´80 –apogeo de la dictadura– no sólo se produjo la represión constante desde el aparato policial a las acciones colectivas que desarrollaban las organizaciones sociales, sino que también se aplicó con frecuencia la detención por sospecha. Ésta tenía la particularidad de llevarse a cabo cuando los policías debían llenar sus registros mensuales con los controles mínimos exigidos por la autoridad para cada mes, y esta práctica policial –casi meramente administrativa– terminó por configurarse como una rutina en la vida de la población, donde los jóvenes populares más avispados comprendían que en determinados días del mes no debían salir a las calles, pues de lo contrario serían la carnada que los carabineros necesitaban para llenar los registros con los supuestos sospechosos imaginados por la autoridad. Esta situación absurda era claramente una política estigmatizadora de la acción juvenil popular durante esa década.
En la tibia reconstrucción de la democracia durante los ´90, estas detenciones por sospecha se entendieron como prácticas policiales heredadas de la dictadura, de tal manera que su eliminación respondía a extinguir acciones institucionales que promovieran la estigmatización de los jóvenes populares. Paradojalmente, a la voluntad política de eliminar estos abusos policiales siguió, desde mediados de los ’90, un reforzamiento de estas prácticas en el contexto de la emergencia del enfoque de seguridad ciudadana. La creación de la Fundación Paz Ciudadana, cuyo directorio incluía tanto representantes de la Derecha política y empresarial como de partidos centristas de la Concertación, y sus publicitadas encuestas del riesgo y vulnerabilidad en las calles, influyeron en la agenda gubernamental al punto que dicho espíritu de control socio-policial logró perdurar en el tiempo, a través de políticas relativamente benignas de control ciudadano.
Más allá de la voluntad política de eliminar jurídicamente las atribuciones de la policía para detener sin expresión de causa a los jóvenes en las poblaciones, durante los ’90 estos sujetos sociales comenzarían a verse afectados por una imagen negativa y degradada de sus formas de vida. Los sectores poblacionales comenzaron a concebirse como trincheras de violencia callejera entre jóvenes y como incubadoras de la delincuencia, la que a su vez acrecentaría la inseguridad en los sectores medios y acomodados de la sociedad. Como consecuencia de esto –junto con otros factores derivados de la evolución de la matriz económica desde la segunda mitad de los ‘70–, y de modo paradojal, las poblaciones en democracia sufrieron una marginación más intensa que la experimentada en tiempos de dictadura. Mientras que en aquel tiempo las actividades comunitarias realizadas por los pobladores (apoyados por ONG’s, iglesias y partidos opositores a la dictadura) gozaban de cierto prestigio y legitimidad moral, pues se basaban en redes solidarias que eran un contrapeso potente a la exclusión operada desde el régimen, en la actualidad el mundo popular es significado mayoritariamente como generador de problemas para la seguridad ciudadana, y como una especie de lastre simbólico para el despegue definitivo del país hacia el desarrollo y la modernidad.
Estos actores sociales y políticos ya no estaban en la misma disposición de trabajo en la década del ’90, y sus organizaciones sociales comenzaron a perder la fuerza que habían ganado en el pasado dictatorial reciente. El contexto socio-cultural de las poblaciones había cambiado, y las formas de sociabilidad tan desarrolladas en la década anterior estaban en proceso de desintegración. En este período se produce un repliegue desde el espacio público poblacional por parte de los sujetos adultos, y una creciente tendencia a la retirada al espacio privado; por su parte, los jóvenes populares siguieron ocupando estos espacios, pero en condición de precariedad, y comienzan a ser estigmatizados incluso desde dentro de la comunidad a la que pertenecen. El deterioro de los espacios públicos del mundo popular se corresponde a un período en que las formas de vida social entre los pobladores han cambiado, y ya no disponen de redes de solidaridad expresadas en trabajos colectivos orientados al bienestar y fortalecimiento comunitario. Como imagen elocuente de este proceso, desde los’90 aumentó la demanda por colocar rejas en los pasajes y espacios comunes, cambiando no sólo el paisaje físico de muchas poblaciones, sino transformando dramáticamente sus formas de sociabilidad, y reproduciendo de un modo implícito el escenario del “enemigo interno” a escala barrial y comunitaria, a través del recelo y la sospecha del vecino.
El crecimiento del consumo de drogas y el tráfico a diversas escalas en el mundo popular –que es donde ha tenido mayor visibilidad, en gran medida gracias a la línea editorial de los noticieros de TV–, ha contribuido a reforzar la primacía de los temas de seguridad ciudadana en la agenda de gobierno. En los sectores poblacionales, el dominio de pequeños cárteles y bandas que se han apoderado de buena parte de los espacios públicos, aparece como el síntoma de cómo las poblaciones ya no son espacios socio-comunitarios basados en formas genuinas de interacción popular, porque sus organizaciones no tienen la fuerza para contrarrestar la expansión de la droga. Por cierto, este problema social ha influido en la desmovilización de la acción colectiva dentro de las poblaciones, pues para muchos pobladores –incluso aquellos con cierta trayectoria como actor social en el pasado– resulta más sencillo y menos decepcionante refugiarse en la intimidad del espacio privado y familiar. De alguna manera, ocupar los espacios públicos poblacionales se transformó en una actividad innecesaria y de riesgo social: esa tendencia al repliegue de la población adulta hacia lo privado y el aumento de las barreras de protección, contribuyeron sustantivamente a acrecentar la sensación ambiente de que las calles y plazas de las poblaciones son peligrosas, y quien frecuente esos espacios estará bajo el foco de la sospecha ciudadana.
Este fenómeno socio-cultural de descrédito de la posibilidad de convivencia comunitaria al interior del mundo poblacional, se ha mantenido en estos años pese al esfuerzo de nuevas iniciativas lideradas principalmente por jóvenes, que a través del desarrollo de actividades pro-sociales aspiran a reponer la confianza de los pobladores en su espacio público, por ejemplo ofreciendo a niños, adolescentes y jóvenes alternativas al consumo de drogas y a la incorporación al mundo del tráfico, tales como talleres de expresión artística popular, que luego son expresadas en las calles por los jóvenes a través de recitales (p. ej., el hip-hop y otras expresiones culturales alternativas), carnavales de zancos, pasacalles, escuelas circenses, entre otras.
En esta lógica, la instauración del control preventivo de identidad como una versión más benevolente de la vieja detención por sospecha, no hace sino reforzar el proceso de estigmatización del mundo popular, pues resulta difícil creer que esta medida vaya a ser aplicada a jóvenes y adultos de las clases acomodadas. Ello permite anticipar la criminalización de las diversas formas de cultura popular urbana dentro y fuera del mundo de las poblaciones, reforzando el efecto disolvente que ya se viene produciendo en la sociabilidad comunitaria e instalando, a través de la sospecha permanente, un dispositivo psicosocial de devaluación de la identidad del sujeto popular urbano en el espacio societal más amplio, circunscribiendo dicha identidad a los límites de la realidad delictual.
Sabemos que el lenguaje tiene el poder de crear realidades: la instauración del control preventivo de identidad quizás tenga alguna incidencia menor en la reducción del delito, pero lo cierto es que también puede constituir –a través de las imágenes del noticiero, a través de los titulares de la prensa– una señal elocuente que contribuya a perpetuar la enajenación del sujeto urbano popular respecto del proyecto de construcción de sociedad en Chile. En este espíritu, es lúcida la reflexión reciente de Mario Waissbluth, quien señala al maltrato de la infancia socialmente vulnerable como el pecado original que explica, en el largo plazo, el aumento cuantitativo y cualitativo de la delincuencia. A esto agregamos el maltrato institucional que representaría principalmente para los jóvenes urbano-populares, el señalamiento con el dedo que constituye el control preventivo de identidad como consolidación de la sospecha y la estigmatización sobre las identidades que transitan en la periferia de la sociedad chilena.
