El nombramiento del nuevo General Director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, ha despertado justificada inquietud en el movimiento social y en organizaciones de derechos humanos. Por sus antecedentes, ligados a la inteligencia y a la persecución de grupos “antisistema”, parece claro que el gobierno, ante la demanda ciudadana de controlar el delito y una campaña anti delincuencia marcada por el “populismo penal” de la derecha y los medios, ha optado por una línea de represión al movimiento social, que le asegura la participación de Carabineros tanto en la lucha contra la delincuencia como en la represión al movimiento social. Esta política está en línea con la ofensiva represiva iniciada tras el cambio de gabinete del 11 de mayo y que se ha saldado hasta ahora con graves lesiones a tres estudiantes, incluyendo a Rodrigo Avilés, que estuvo con serio riesgo vital, y la muerte de un trabajador contratista de Codelco, Néstor Quichillao.

Los antecedentes de Villalobos Krumm no pueden ser más funestos, pues ha estado involucrado en sonados casos de abuso e ilegalidades en el trabajo policial. Siendo director de la DIPOLCAR, fue denunciado el año 2011 por el suboficial Esteban Infante Alcaíno ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de comandar una red de escuchas ilegales a políticos y autoridades del país. Cuando la Comisión se encontraba investigando la situación, Villalobos Krumm llamó a su presidente, el diputado Sergio Ojeda, para increparlo y amenazarlo, hecho que fue denunciado por el diputado Gabriel Silber, en lo que éste calificó como “un desacato constitucional respecto de una investigación en curso de la Cámara de Diputados y de los tribunales de justicia”. El caso, que también fue investigado por la justicia militar, finalmente no arrojó resultados.

Villalobos Krumm también estuvo vinculado a dos sonados montajes del ex fiscal Alejandro Peña: el caso del ciudadano paquistaní Saif Ur Rehman Khan, que fue acusado de tener trazas de explosivos al acudir a la embajada de EEUU en Santiago el 10 de mayo de 2010 y fue finalmente sobreseído, y el famoso caso “Bombas”, en que un grupo de militantes anarquistas fueron acusados de estar implicados en una ola de atentados explosivos; tras casi un año de investigaciones, la fiscalía no logró acreditar las acusaciones y los acusados fueron liberados, comprobándose una serie de irregularidades en la investigación que llevaron a la prensa a hablar de un montaje judicial contra los procesados. En ambos casos, Villalobos Krumm encabezó en las investigaciones por parte de Carabineros.

Este nombramiento se produce en un contexto de recrudecimiento de la represión policial contra el movimiento social. Las agresiones contra estudiantes en las jornadas de protesta de mayo y la reciente muerte del trabajador contratista Nelson Quichillao son la expresión dramática de este giro. En el caso de la agresión a Rodrigo Avilés, Carabineros negó cualquier delito y no fue sino hasta que la evidencia, un video de TVN, desenmascaró las mentiras de la policía uniformada que la institución no reconoció la agresión. En un abierto desafío a las autoridades civiles, Carabineros concluyó su sumario interno entregando un informe de apenas dos carillas que constituyó una burla tanto al gobierno como a los familiares del estudiante agredido.

El gobierno ha optado por hacer la vista gorda hacia la violencia desproporcionada de Carabineros contra las manifestaciones sociales, salvo por llamados de atención cuando aquélla causa verdadera alarma pública. Lo que esconde esta actitud es una abierta complicidad con la represión, que en un análisis que realizamos en el mes de junio para la Tendencia Nacional N° 11 de Fundación Crea calificamos como un elemento consustancial a la nueva etapa del gobierno abierta con el nombramiento de Jorge Burgos en el ministerio del Interior. Dijimos en esa ocasión: “El retorno de la política de los consensos de la vieja Concertación reducirá aún más esas reformas y necesitará neutralizar y desactivar al movimiento social, no sólo quitarle protagonismo. La brutal represión del 21 de mayo es un indicador en ese sentido”[1].

En el nombramiento también parece haber cierto nivel de transacción del Ministerio del Interior, y por intermedio de éste del gobierno, con Carabineros. Al nombrar a Villalobos Krumm y respaldar la política abiertamente represiva de Carabineros, una orientación que no es exclusivamente exógena, sino que nace principalmente dentro del seno de la institución a partir de su visión anclada en la Doctrina de Seguridad Nacional, Burgos se asegura el concurso de Carabineros en la lucha contra la delincuencia. Es conocido en el ambiente de los estudios sobre seguridad que Carabineros ha usado muchas veces su rol en el control de la delincuencia como instrumento de presión hacia los gobiernos civiles. El nombramiento de Villalobos Krumm resulta ser en consecuencia un negocio tanto para el gobierno, que está acorralado por la campaña sobre la delincuencia de los medios y la derecha, como para la policía uniformada, que obtiene carta blanca para su accionar represivo.

En conclusión, podemos afirmar que con el nombramiento de Bruno Villalobos Krumm el gobierno continúa dando carta blanca a la represión policial, tal cual lo han hecho los gobiernos civiles desde 1990. Es tanto un pacto de mutua conveniencia como la aceptación de una situación de hecho, la autonomía anormal de que gozan las instituciones armadas y de orden en el país. Esta subordinación sólo formal de las FF.AA. y de Orden al poder civil vuelve de nuevo a colocarse en el tapete por estos días, a propósito de la reapertura del caso quemados y la revelación de un pacto de silencio entre los culpables. Es una muestra más de que no vivimos una verdadera democracia, sino más bien el segundo tiempo de la dictadura.

 

[1] Fundación Crea, Tendencia Nacional N° 11, Junio de 2015, en http://www.fundacioncrea.cl/publicaciones/tendencia-nacional-n11/