En los últimos doce años, la Argentina ha experimentado un giro significativo en relación con los derechos humanos y la memoria de la última dictadura militar (1976-1983). Con la llegada del kirchnerismo al gobierno en el año 2003, se impulsaron e implementaron una serie de medidas de gran impacto en materia de memoria y justicia.

En primer lugar, se removieron los obstáculos legales que impedían el enjuiciamiento de responsables de delitos de lesa humanidad: en el año 2004 el Congreso Nacional argentino aprobó la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, también llamadas “leyes del perdón”, que habían sido sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 con el objetivo de dar por concluidos los procesos legales iniciados contra las Fuerzas Armadas durante la transición democrática. El proyecto de anulación de las leyes exculpatorias no estuvo exento de debates y controversias –especialmente de índole jurídica–, pero fue aprobado por amplia mayoría, con la adhesión de los organismos de derechos humanos y de la sociedad en su conjunto. Finalmente, en el año 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró el carácter inconstitucional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y ratificó su anulación, abriéndose de ese modo las compuertas para retomar los juicios, procesamientos y condenas a responsables de delitos de lesa humanidad. Al día de la fecha, hay 2.643 acusados por delitos humanitarios, 416 causas activas y 140 juicios finalizados con 589 condenados (Centro de Estudios Legales y Sociales, www.cels.org.ar).

El 24 de marzo del año 2004, cuando se cumplían 28 años desde el inicio de la última dictadura militar, el gobierno nacional impulsó un acto de gran peso simbólico: convirtió el predio del centro clandestino de detención y exterminio de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en un Museo y Espacio de Memoria. La ESMA es un sitio emblemático del terrorismo estatal argentino por la virulencia de la represión que allí se desplegó y porque por allí pasaron cerca de 5.000 personas, en su gran mayoría asesinadas y desaparecidas. En ese acto inaugural, al que asistieron miembros del gobierno y de los organismos de derechos humanos, el ex presidente Néstor Kirchner descolgó los retratos de oficiales y comandantes de las Fuerzas Armadas que vestían los pasillos de la ESMA y pidió perdón, en nombre del Estado, “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”. Luego de la ESMA, otros centros clandestinos de detención, a lo largo y ancho del país, fueron transformados en espacios de memoria.

En estos años también se creó el Archivo Nacional de la Memoria y el Banco Nacional de Datos Genéticos para la identificación de los menores sustraídos durante la dictadura, se avanzó en el reconocimiento e identificación de cuerpos a través del Equipo Argentino de Antropología Forense y se declaró feriado el 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria”. Además, entre los años 2008 y 2009 se sancionaron numerosas leyes tendientes a agilizar los juicios y procesamientos, tales como la ley 26.549 que establece los procedimientos para la obtención de muestras de ADN y la ley 26.550 que otorga legitimación a los organismos de derechos humanos para presentarse como querellantes.

Asimismo, en los últimos años el Estado ha intervenido sustantivamente en el plano de las representaciones e imaginarios sobre el pasado, esto es, en las políticas culturales y educativas, en las intervenciones mediáticas y en los discursos públicos, lo que tiende a configurar un “sentido común” compartido y cada vez más incuestionable de condena a la dictadura militar. Al mismo tiempo, estos dispositivos instauran nuevas lecturas e interpretaciones sobre la historia reciente.

En ese plano, se destaca, por un lado, la centralidad de la figura del militante político y la repolitización de las víctimas –y, en muchos casos, de sus familiares–, figura que ha reemplazado a la idea de la “víctima inocente” preponderante durante los años 80.

Otro punto novedoso y distintivo de los últimos años es la circulación, cada vez más cristalizada, de la noción de “dictadura civil-militar” o “dictadura civil-militar-eclesiástica”. Por un lado, esa denominación expresa e instaura una nueva lectura sobre el pasado reciente: según esta interpretación, las responsabilidades del horror se encuentran tanto en el ámbito militar como en el civil. Por otro lado, esa visión sobre el alcance de la responsabilidad criminal deriva en una ampliación del proceso de justicia hacia actores civiles: empresarios, miembros de grupos económicos, personal civil de Inteligencia, integrantes de la Iglesia católica y funcionarios judiciales. Estos procedimientos plantean nuevos debates y desafíos de índole jurídica pero también política y moral, en la medida en que abren interrogantes acerca de los distintos tipos de responsabilidad (moral, personal, colectiva, penal) frente al crimen humanitario.

Muchos de los organismos de derechos humanos se han mostrado aliados del gobierno: en particular, las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo han demostrado públicamente su apoyo a la gestión kirchnerista. Sin embargo, existen también algunas tensiones en el seno de los organismos, fundadas en una serie de cuestionamientos al accionar del gobierno en materia de derechos humanos. Recientemente, el ascenso y nombramiento de Cesar Milani como Jefe de Estado Mayor del Ejército, acusado de haber sido partícipe en un caso de desaparición forzada, suscitó controversias, rupturas y distanciamientos.

La restitución de la identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto (presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo) en 2013, junto con la aparición de otros 113 nietos restituidos, constituye un hito de gran envergadura que tiende un puente de esperanza entre la recordación de un pasado oscuro y el ideal de una sociedad futura en la que rijan la memoria, la verdad y la justicia.