Primero fueron rumores de pasillo y luego comentarios más formales provenientes desde la jefatura. Lentamente se confirmó una situación que ha complicado al gobierno: la compra por parte del Estado de nuevas dependencias para el Ministerio de Desarrollo Social, por más de $ 13 mil millones.

Para Javier Díaz Vernon, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Evaluación Social y Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Social, los trabajadores se vieron sorprendidos por la falta de información oficial.

“Cuando le preguntamos a nuestros superiores, nos indicaron que a  ellos nunca se les consultó cuáles eran los requerimientos de sus respectivas divisiones”, dice el economista.

ANTECEDENTES DE LA COMPRA DEL EDIFICIO

Para despejar las dudas suscitadas, los trabajadores de la cartera solicitaron los antecedentes de la operación, sin embargo la respuesta obtenida no hizo sino aumentar la extrañeza inicial.

“Las autoridades de esta subsecretaría nos informaron que no tenían la información, por lo que en marzo de este año a través del portal de Transparencia, la pedimos información al subsecretario Juan Eduardo Faúndez (PPD), quien lo único que nos dijo muy someramente es que esto fue aprobado por la DIPRES y que si queríamos más antecedentes recurriéramos al Consejo de la Transparencia”, trámite que se llevó a cabo y que a la fecha no entrega resultados.

Paralelamente los funcionarios solicitaron antecedentes de manera directa al ministerio, desde donde contestaron de manera incompleta. “No están todos los antecedentes que nosotros solicitamos y que sabemos se deberían tener para aprobar un proyecto. Es decir, el informe hecho por el analista que recomienda la aprobación reconoce que no está toda la información, a pesar de lo cual igual se aprueba. Eso nos parece grave”, sostiene Díaz, más aún considerando que dicho ministerio cuenta con analistas profesionales especializados en edificación pública, específicamente en la aprobación técnica de proyectos, los que no fueron consultados. “No hubo un uso lógico del insumo que nosotros mismos podíamos proporcionar. Teniendo capital humano con competencias en la temática, ni siquiera fuimos considerados como contraparte técnica de este proyecto”, expresa.

Según Díaz, lo primero que se debe considerar por metodología al momento de elaborar un proyecto es identificar la necesidad que lo justifique. Luego, la dimensión del problema detectado, para posteriormente analizar las distintas alternativas antes de adoptar una decisión. Sin embargo, a juicio del profesional no existió esa rigurosidad técnica ni administrativa en los procedimientos llevados a cabo en este caso. “El informe que nos envió el ministerio dice claramente que no se va a considerar la alternativa de construcción, que podría haber sido eventualmente incluso más barata, lo cual creemos que no corresponde porque ni siquiera se evaluó como opción, se descartó a priori. Esto, a pesar que el mismo informe de la Dipres dice que el tema de la construcción debería haber sido una de las alternativas a contemplar, y así y todo se aprobó el proyecto, sin siquiera una cotización del terreno. Es muy extraña esta aprobación, porque mientras por una parte dice que el proyecto está mal formulado al faltar información, por otra le da el visto bueno”, reflexiona.

DISGREGACIÓN Y HACINAMIENTO

Presidente Asociación de funcionarios

Javier Díaz Vernon

Díaz reconoce que no se puede negar la falta de espacios idóneos para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores de manera adecuada, además de una mayor unicidad institucional dentro de un mismo espacio físico, ya que físicamente están repartidos en dos lugares: en Ahumada y en la calle Nueva York.

Aspectos que fueron precisamente los señalados al momento de justificar el proyecto. “La identificación del problema que hizo el subsecretario respecto de nuestra infraestructura planteaba dos situaciones, la disgregación y el hacinamiento. Según su diagnóstico, el ministerio y servicios como el INJUV, SENAMA y SENADIS harían mejor su función si estuvieran todos juntos, cosa que también nos parece rara porque nosotros no tenemos ninguna relación con ellos. Por otra parte, la Dipres dice que ocupamos actualmente 11 mil metros cuadrados, que determinarían nuestra situación de hacinamiento, pero el edificio de Catedral adquirido para nuestro traslado tiene menos espacio, entonces no nos parece lógico”, asevera.

De acuerdo a los datos revisados por los funcionarios, la densidad de las instalaciones actuales corresponde a 8,5 metros cuadrados por funcionario, en tanto las del edificio de Catedral se reducen a 3,5 por persona. “Esa es la situación real”, asegura Díaz, y agrega que “cuando se determina un proyecto de este tipo, primero que nada se miran cuáles son las funciones que van a cumplir las personas y las distintas reparticiones. Un análisis de procesos y procedimientos. Con eso se determina el espacio que tiene que ocupar cada persona para poder cumplir de manera eficiente con sus funciones. A partir de eso, se hace una estimación de los metros cuadrados que se requieren, lo que en este caso no se hizo. No hubo consultas técnicas ni participación en la decisión. Y lo peor es que te dicen que sí se hizo, pero entonces ¿dónde está esa información? ¿Está efectivamente?, y si es así, ¿está bien elaborada o tiene problemas de rigurosidad y por lo  mismo se nos ha negado, porque es muy fácil de rebatir?”.

Como dato adicional, señala que “los funcionarios de la subsecretaria, incluidos los del gabinete del ministro, votaron y más del 80 % dijo que no estaba de acuerdo con el cambio, que la propuesta los perjudicaba y que no había habido entrega de antecedentes”.

Y va más allá: “Creemos que hubo irregularidades, porque el Sistema Nacional de Inversiones tiene  normativas que no se cumplieron: no se hizo análisis de la magnitud del problema, no se presentaron soluciones alternativas y no se hizo análisis tampoco de la situación de los involucrados. En nuestra experiencia, hemos hecho muchos análisis de proyectos de esta naturaleza, y creemos que este es un proyecto diseñado para comprar ese edificio”. Idea que ronda con fuerza y alimenta suspicacias, ya que además -y según consigna la información publicada en La Tercera del domingo 19 de julio pasado- la corredora que llevó a cabo las gestiones como intermediaria en la compra del inmueble acusó a las autoridades del ministerio de desconocer su participación en la gestión, cuya comisión asciende a casi $ 240 millones.

A lo anterior se suma la rapidez en la tramitación de la compra, desde la firma de la solicitud hecha el 15 de diciembre de 2014 hasta su autorización, entregada 4 días hábiles después. “Fue una aprobación express”, agrega Díaz.

Otro dato que agrega polémica al caso, desarrollado durante la permanencia del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, es que de todas las alternativas de compra existentes las autoridades de la Subsecretaría optaron por el edificio de Catedral, cuyo representante inmobiliario es cercano a Faúndez. Todos ellos, pertenecientes al llamado grupo G90 del PPD.

REEVALUACIÓN DEL PROYECTO

El ministerio de Desarrollo Social tiene como servicios asociados al INJUV, SENADIS, SENAMA y FOSIS, además de la CONADI, los que de acuerdo al propósito del proyecto deberían funcionar todos juntos en un mismo lugar, terminando así con la disgregación actual. Sin embargo, “este proyecto deja al FOSIS afuera sin ninguna razón justificada. Se dieron cuenta después que no cabía”, afirma Díaz, en referencia a la insuficiencia del espacio físico disponible en la nueva infraestructura adquirida.

Otra de las incongruencias argumentativas que, a su juicio, pone un manto duda sobre esta compra, razón por la cual esperan que el tema sea revisado. “La compra ya está hecha, pero queremos que se reevalúe el proyecto, que se haga de otro modo como corresponde. Más allá de la incomodidad que nos puede generar esto, nos preocupa que pueda haber un mal uso de recursos públicos. El mal uso de las metodologías para evaluar proyectos es grave, porque somos un ministerio que se preocupa de la pobreza y no podemos hacer mal uso de los recursos. Con qué cara le podemos decir a otros que formulen buenos proyectos si nosotros mismos lo hacemos de manera defectuosa. Acá se está pasando a llevar las normas que el Estado se da en forma discrecional para aparentemente obtener objetivos personales”, sostiene, no descartando pedir a Contraloría que audite el proceso o, incluso, judicializar el caso.

Juan Eduardo Faúndez / www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

Juan Eduardo Faúndez / www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

“Todos estos antecedentes nos motivan suspicacias que queremos aclarar, porque este es un proyecto que no está resolviendo ninguno de los problemas que pretendía arreglar. Para una institución que busca velar por el buen uso de los recursos públicos, que es el rol que jugamos en la división de Evaluación Social e Inversiones de este ministerio, nos preocupa conocer cómo se formuló este proyecto. Queremos ver eso, porque sabiendo cómo es la metodología tenemos la sensación que este proyecto no fue formulado de la  mejor manera. Queremos agotar todos los pasos posibles antes de hacer algo más radical”, remata.

Cabe consignar que, hasta la fecha, los solicitantes del informe por Transparencia no reciben la respuesta requerida.