Llama la atención de que la discusión que se ha dado las últimas semanas sobre los gobiernos universitarios esté plagada de argumentos falaces e incluso, pintorescos. Peor aún, muchas de estas caricaturas son posiciones sostenidas por rectores de universidades privadas o expertos en políticas públicas educativas.

Las principales posturas que incurren en este tipo de vicios son dos: la primera, asimila a la democracia triestamental como una forma de gobierno universitario obsoleta y por lo tanto, un obstáculo para la calidad de las instituciones. En tanto, la segunda posición, asume que la exigencia de incorporar al estamento estudiantil y funcionario a los gobiernos universitarios es una vulneración a la autonomía administrativa que poseen las universidades privadas para organizarse.

Democracia triestamental: obsoleta y enemiga de la calidad universitaria

Se ha vuelto común en las declaraciones de reconocidas personalidades del mundo educacional, tales como Carlos Peña y José Joaquín Brunner, señalar que las formas exitosas de gobierno universitario en los países de la OCDE son aquellas que separan el funcionamiento patrimonial del gobierno intelectual de las instituciones, a diferencia de lo que ocurre en la democracia triestamental. “Los expertos” en educación sostienen que al separar la dimensión financiera de la académica se obtienen resultados sobresalientes y además, se evitan obstáculos tales como el poder de veto que tiene el estamento estudiantil y funcionario, los que en la defensa de sus intereses corporativos pueden  atentar contra el desarrollo eficiente del quehacer universitario.

¿Qué tan veraces son estas afirmaciones? Si bien es cierto que los gobiernos universitarios a los que se refieren Brunner y Peña son de Universidades como Harvard, MIT y Yale, que compiten por los primeros puestos de los ránkings mundiales de universidades, también existen instituciones que tienen un desempeño excelente a nivel mundial, y que además, emplean la participación democrática triestamental en la toma de las decisiones, tanto intelectuales como patrimoniales de la institución: como por ejemplo la Ludwig-Maximilians-Universität de Münich (N°29 en el ránking THE) y la Université Pierre et Marie Curie de París (N°103 en el ránking THE).

La postura de “los expertos en educación” busca infundadamente oponer la democracia triestamental a la eficiencia o productividad en las universidades. Sin embargo, los estudiantes no estamos en contra de hacer de las instituciones espacios más eficientes en la producción de conocimiento o de aumentar la productividad de nuestra economía, por el contrario, sostenemos que la democracia y la colaboración entre estamentos es fundamental para construir una estructura y organización en nuestras casas de estudio que les permita ser públicas, democráticas y de calidad, es decir, que estén puestas al servicio de las necesidades del país y no de una “junta de directores” provenientes del mundo empresarial.

Democracia triestamental: el fin de la autonomía

A su vez, muchos rectores y académicos de universidades privadas, tales como Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, y Cristián Larroulet, académico de la misma institución, han  defendido a rajatabla que asegurar por ley el derecho a voto de los diversos estamentos en el gobierno universitario es una vulneración a la autonomía que tienen las universidades privadas para organizar su funcionamiento de la manera más idónea que les parezca.

La autonomía de las universidades privadas usualmente se ha sustentado en el hecho de que nuestra constitución reconoce la independencia de los grupos intermedios, la libertad de asociación y la libertad de enseñanza. De esta forma, las universidades no estatales tienen una amplia libertad para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, nos parece que se apela a una manoseada noción de autonomía universitaria como justificación de por qué las universidades privadas debiesen seguir recibiendo financiamiento estatal para sus alumnos más vulnerables y a la vez, continuar manteniendo como órgano principal del gobierno universitario a consejos directivos uniestamentales e integrados muchas veces por algunos de los más reconocidos directores de empresas a nivel nacional, tales como Hernán Büchi o Alfredo Moreno, ambos de la Universidad del Desarrollo. El concepto de la autonomía de las universidades privadas debe tener un límite, y ese límite es que el financiamiento público que reciban, el gobierno universitario y el quehacer institucional estén al servicio de las necesidades educativas del país. Consideramos para ello es imprescindible la existencia una democracia interna que permita la participación triestamental en las instituciones privadas, evitando que la tarea educativa sea capturada por intereses ajenos a ésta.

En atención a lo señalado anteriormente, nos parece que este debate se encuentra atestado de tergiversaciones antes que argumentos capaces de hacerse cargo de la realidad educativa nacional. Dichas tergiversaciones tienen dos grandes objetivos: resguardar posiciones de directivos de ciertas universidades y mantener modelos de gobierno universitario que actualmente proscriben la participación de estudiantes y funcionarios bajo la premisa de que la vinculación democrática afecta los resultados y la eficiencia de las instituciones.

A contrapelo de los “expertos educacionales”, los estudiantes creemos firmemente que la democracia triestamental es la única forma de gobierno de las instituciones de educación superior que puede contribuir genuinamente a la construcción de un sistema  gratuito, público y de calidad, que esté a la altura tanto de los desafíos del siglo XXI en la producción del conocimiento, como al servicio de las necesidades regionales y nacionales.