122 organizaciones piden participación para definir nueva institucionalidad de cultura y patrimonio

Ad portas de la creación del nuevo Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio, un grupo de organizaciones sociales denuncia que no se ha desarrollado un proceso de participación ciudadana vinculante para definir la nueva institucionalidad de la cultura y el patrimonio y manifestaron su preocupación por «el estado de hermetismo en que se encuentra el nuevo proyecto».

«Desde el gobierno anterior, cuando se presentó un proyecto inconsulto que creaba una nueva institucionalidad, hubo posteriormente, procesos de información y consultas parciales e insuficientes a las comunidades de la cultura y el patrimonio, que si bien, no eran vinculantes, al menos permitieron informar y expresar las opiniones de organizaciones y personas ligadas al quehacer cultural, patrimonial y de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio», consignaron.

Sin embargo, en 2013, luego de un criticado proceso inconsulto ya ingreso al Congreso, las organizaciones pudieron conocer el proyecto de ley y realizaron sus críticas, lo que terminó en el compromiso del gobierno de la Nueva Mayoría de realizar indicaciones sustitutivas con la participación de la ciudadanía.

En 2014, participaron de los «Diálogos Ciudadanos» y la «Consulta Indígena«, instancias donde pudieron conocer de manera pública las directrices de la propuesta, realizando aportes y críticas que se acogieron en el texto de ley que ingresaría al Parlamento el 18 de mayo de 2015.

Pero no ocurrió así: «Con el cambio de gabinete y la sustitución de la Ministra de Cultura el 11 de mayo de 2015, nos hemos enterado por declaraciones de prensa del Ministro Ottone, que el texto de la propuesta de ley que se presentaría una semana después «no existía» y que por tanto, su grupo de asesores elaboraría una nueva propuesta. Esta situación de falta de transparencia y de discontinuidad de procesos convocados por el Estado, habla de un pésimo precedente de gestión, en la que se parte de una falsedad y se echa por la borda más de un año de trabajo, mal gastando recursos de todos los chilenos», señalaron las organizaciones.

Interesados por aportar a la nueva redacción del proyecto de ley, diversos actores sociales han solicitado que se recoja la voz de la mayor cantidad de organizaciones que reflejen la diversidad cultural y para ello, se requiere de una nueva convocatoria a la participación de las comunidades.

«No hacerlo es negar un derecho fundamental. Hacerlo parcial o sesgadamente es intolerable, y creer o confundir la participación, con procesos de información, dan cuenta de lo mal que se encuentra una institucionalidad que la sociedad chilena se ha encargado de condenar de manera creciente», afirmaron, rechazando de manera categórica «la política pública que se negocia entre cuatro paredes y que se arma de «expertos» que defienden los intereses y la visión de la élite chilena».

Además, afirmaron que «nuestra convicción es que el proceso actual de creación de la nueva institucionalidad que desarrolla el Estado de Chile está violando nuestros derechos humanos, a la cultura y el patrimonio. Para un proceso acorde a un Estado que cumple la normativa internacional se requiere de espacios reales de participación y soberanía».

LAS EXIGENCIAS

En este escenario, las organizaciones solicitaron participación ciudadana vinculante en su elaboración y estructura, además de la incorporación de dos grandes columnas fundamentales a la nueva institucionalidad: una dedicada a la cultura y otra al patrimonio, que se exprese en dos subsecretarías y los correspondientes servicios con autonomía regional.

Además, exigen financiamiento nacional y regional que se incorpore dignamente en la gestión cultural, más allá del espacio de Fondart como «única posibilidad de incidencia del mundo de la cultura y el patrimonio en política pública».

Los actores de la cultura también exigen descentralización efectiva, que se exprese en la creación de estructuras regionales para la cultura y el patrimonio ya que, a su juicio, «una estructura centralista significará la muerte gradual de nuestra diversidad cultural y un modelo de preservación del patrimonio que ha hecho crisis».

Otra demanda apunta a la idea de incorporar de forma central, orgánica y con financiamiento directo, el apoyo a las iniciativas comunitarias que trabajan por la cultura popular, además de la creación de un canal de TV cultural del Estado y el fortalecimiento de una política patrimonial de derechos humanos.

«Hacemos un llamado a las comunidades de la cultura y el patrimonio y a nuestros creadores a estar alerta y exigir en cada rincón del país el respeto a nuestros derechos culturales, mediante un proceso democrático para generar la institucionalidad que nos regirá durante los próximos años», finalizaron.

La misiva fue firmada por la Agrupación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, el Centro Cultural Club Matadero, el Colegio de Antropólogos de Chile, la Corporación Parque Cultural ex- Cárcel de Valparaíso, la Junta de Vecinos de Barrio Yungay, entre otras numerosas organizaciones y personas naturales.