Acompañamiento disuasivo como estrategia opositora a la despenalización del aborto

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El acompañamiento ha devenido en el debate legislativo en argumento de crítica al  Proyecto de Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3  Causales; en discurso que deslegitima el valor de la maternidad por parte de  quienes lo apoyan, en instrumento para cuestionar la necesidad de la  opción de la interrupción del embarazo, en un recurso para evitar su    cumplimiento, incluso, en recurso económico para fortalecer la lucha contra la      misma Ley en debate.

 Cuando en el debate legislativo quienes se oponen a dicho proyecto –  Fundación Chile Unido, los obispos Católicos, el rector de la Pontificia  Universidad Católica (PUC) Ignacio Sánchez o los representantes de la  Universidad de Los Andes, entre otros- usan los términos embarazo  vulnerable, maternidad vulnerable, coerción y desamparo, aborto no  deseado y acompañamiento, lo hacen porque buscan que en los hechos la Ley no sea cumplida.

Se propone el acompañamiento a la mujer vulnerable que se encuentra en la encrucijada de un embarazo vulnerable. Una mujer se vuelve “vulnerable” al aborto cuando ella es “vulnerable” a la coacción y al abandono, a raíz del mismo embarazo. Se dice que si fuese por la mujer, ninguna abortaría. Dicen que la decisión de interrumpir un embarazo muchas veces es el resultado de una sociedad que no sabe acoger a la madre en su estado de vulnerabilidad.

Así construida la mujer y la situación, el acompañamiento es presentado, en primer lugar, como una contención contra la coacción del medio sobre la mujer, pero sería sobretodo una barrera ante la opción por interrumpir. Es presentado, en segundo lugar, como un recurso para la continuidad del embarazo. El acompañamiento se presenta como un soporte para la continuidad, no para la interrupción.

Ante el fracaso de una estrategia que impida la aprobación de esta Ley, introducen una estrategia alternativa que potencia los programas de acompañamiento, a través del financiamiento del Estado a organizaciones del movimiento por la ilegalidad del aborto. Así podrían fortalecer su incidencia pública en contra de la aplicación de la misma Ley que hoy combaten.

Bárbara Driscoll, analizando el proceso sociopolítico en Estados Unidos sostiene que, fruto de una evaluación que habría asumido un fracaso o una dificultad en influir a nivel legislativo, el movimiento en pro de la ilegalidad del aborto desarrolló una estrategia centrada en los cuerpos de las mujeres embarazadas, de lucha contra las leyes allí y en otros países. Se trataba de una estrategia que se orientaba a la disuasión de las mujeres. Dicha operación se inicia en los años siguientes a la dictación de la Ley Federal en 1973 y se fortaleció durante los gobiernos de los presidentes Ronald Reagan (1981-1989), George H. W. Bush (1989-1993) y George Bush (2001-2009).

La estrategia disuasiva afirmaba que la mujer no deseaba abortar y que es legítimo que la sociedad le indique que no debe hacerlo. Proporcionaban ecografías, regalaban ropas de maternidad e infantil y, a veces, hacían gestiones para que la mujer viviera en una casa de descanso hasta el nacimiento del bebé. También promovían la alternativa para las mujeres sin recursos económicos entregaran al hijo/a en adopción.

Organizaciones no gubernamentales, la PUC y otras instituciones que están en la abogacía en contra del proyecto de Ley; parlamentarios de derecha, incluso la comisión encargada por el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, se encuentran formulando proposiciones sobre acompañamiento al Gobierno. Sobre la base de las experiencias llevadas adelante, dichas organizaciones demandan en la Comisión de Salud que el Estado les asigne la tarea del acompañamiento a las mujeres en la situación de “embarazo vulnerable”.

Afirman que tienen la vocación, la experiencia, la formación, el conocimiento y la idoneidad moral para hacerlo. La verdad es que no es así. En el debate, la experiencia símbolo es la de Fundación Chile Unido, que es una réplica de la estrategia usada en Estados Unidos (incluso la ecografía la usan como un instrumento de coacción a las mujeres que reciben) que declara en su portal hacer lo que excede a las capacidades de una ONG en Chile, que opera en base a voluntariado, sin base en equipos interdisciplinarios, sin referencia metodológica ni teórica.

Al mismo tiempo, organizaciones como esta, sostienen que el Estado no podría ni debiera hacerlo, pues podría adoptar una lógica permisiva. ¿Cómo sostener esto? Nadie, ni dentro ni fuera del Estado, podrá adoptar una disposición ni permisiva ni prohibicionista, a propósito de la Ley; sólo se podrá adoptar una lógica de reconocimiento y respeto a la autonomía de la mujer.

Por cierto, el Estado no puede responder a dicha exigencia en el marco de la aprobación de esta Ley. No cuando se trata de una mujer que ha de decidir sobre la interrupción o continuidad de un embarazo en el caso de las situaciones previstas por el proyecto en discusión, pues, ¿cómo, quienes se oponen a la interrupción del embarazo, permitirán que las mujeres consideren esta opción, disciernan y decidan?

No se trata que el Estado se oriente a “salvar a una mujer compelida al aborto”, pues sus políticas no se fundan en la caridad de una institución hacia una mujer con un “embarazo vulnerable”, sino en el reconocimiento del conjunto de derechos que confluyen en los asuntos vinculados a la maternidad y la reproducción, así como en la tarea de brindar soporte a su decisión libre de interrumpir o continuar un embarazo.