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Esta semana será posible recoger las primeras impresiones que surjan del informe de la comisión Bravo. Las expectativas han sido manejadas desde el gobierno, señalando por parte de las carteras de Trabajo y Hacienda, que no se realizarían transformaciones estructurales en materia de pensiones en este gobierno. Declaraciones preocupantes, ante la evidencia de los resultados del actual esquema de pensiones.

Riesgo. Seguramente es la mejor palabra para describir el sistema de ahorro forzoso privado, que es administrado por empresas con fines de lucro, llamadas comúnmente AFP. Este sistema, creado durante la dictadura civil militar en Chile, fue ideado por miembros del grupo ideológico-político a cargo de consolidar una nueva institucionalidad en la que derechos sociales garantizados como las pensiones se convertirían en ingresos para dinámicas flexibles de acumulación de capital. La finalidad era reducir la carga de las intervenciones del Estado sobre el mercado, no obstante, si observamos los datos de la SAFP, IPS y DIPRES al año 2013 de cada $100 que se pagaban en pensiones civiles, $78,5 corresponden a aporte público.

También hemos visto en los más de 30 años del sistema de AFP, que este modelo ha requerido en reiteradas ocasiones de modificaciones impulsadas por el Estado,  que no han cambiado el hecho de que sus resultados en materia de pensiones sean un fracaso. Si observamos las cifras de las pensiones de vejez por edad en modalidad retiro programado (las pensiones que pagan las AFP) a agosto de 2015, podemos decir que 91 de cada 100 pensionados recibe una pensión inferior a $150.519 pesos.  

Chile forma parte del grupo de 9 países en el mundo que no poseen un sistema de reparto activo en sus sistemas de pensiones. Esto puede tener correspondencia con que la mayoría de las sociedades privilegia la seguridad antes que el riesgo para la administración de sus fondos de pensiones. Es más, intelectuales de todo orden, desde premios Nobel hasta reconocidos autores contemporáneos, han planteado distancia con los sistemas privados de capitalización individual. Un ejemplo es Thomas Piketty, quién plantea en su libro El Capital en el siglo XXI que: “Cuando se tienen los medios suficientes y es posible esperar 10 o 20 años para recuperar su inversión, en efecto es muy atractivo el rendimiento de la capitalización. Sin embargo, cuando se trata de financiar el nivel de vida básico de toda una generación, sería muy irracional jugar así con los dados. La primera justificación de los sistemas de jubilación por reparto es que son los más capaces de garantizar el monto de las pensiones de manera confiable y previsible: la tasa de crecimiento de la masa salarial es tal vez más baja que la tasa de rendimiento de capital, pero es entre 5 y 10 veces menos volátil.”

Quizás la diferencia más evidente entre un sistema de AFP y un sistema de reparto, es que el segundo ha sido ideado para dar pensiones, mientras que el primero fue ideado para capitalizar la actividad financiera e incentivar el crecimiento del país mediante la financiarización de la economía. Esto ha significado  que las AFP jueguen un rol preponderante en las finanzas empresariales, no por las pensiones que otorgan sino por el dinero que inyectan a empresas y bancos.  Durante 2014 los ingresos por cotizaciones y aportes del fisco al sistema de AFP fueron de $7,09 billones de pesos, de los cuales $2,82 billones se utilizaron para pagar pensiones, lo que deja un excedente de $4,27 billones que se utilizan para capitalización. Considerando las cifras anteriores, si Chile tuviese un sistema de reparto, las pensiones podrían ser casi el triple de lo que son hoy en día, ya que los recursos que entran se usan directamente en el pago de pensiones, sumando además que los empleadores deberían aportar a las pensiones de vejez, aumentando los ingresos del sistema.

Una muestra de las inversiones riesgosas podría verse, por ejemplo, en que a agosto de 2014 las AFP invertían más de $52 mil millones de pesos en bonos y acciones relacionadas con el grupo PENTA y a octubre del mismo año se invertían más de $230 mil millones en acciones de empresas del Grupo SOQUIMICH (SQM). Los dineros invertidos son los dineros ahorrados por los cotizantes y los efectos de la bolsa sobre estos dineros afectan directamente esos ahorros: Quien pierde es el cotizante, así es y ha sido en diversos momentos de inseguridad del mercado, en el año 1998, 2008 u otros. El sistema de AFP se basa en la inversión con riesgo financiero y no en la seguridad social como un sistema de reparto.

Con el sistema de capitalización individual el aporte de los empleadores a la pensión de vejez de los trabajadores es actualmente de $0 pesos. Si calculamos el promedio de aporte de los empleadores a pensiones de vejez en países OCDE, es posible constatar una realidad muy lejana a la chilena, pues la tasa de cotización del empleador llega a 11,24% y el de trabajadores a 8,37% en promedio. Las AFP chilenas han propuesto el incremento de la tasa de cotización de los empleadores y el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores, como dos medidas que permitirían mejorar las pensiones. De ser así, los resultados se podrían evaluar con certeza luego de un ciclo de capitalización individual, es decir, algo así como en 30 o 35 años. En cambio, en un sistema de reparto los ajustes de parámetros dan resultados de forma inmediata pues los ingresos del sistema se utilizan mayoritariamente para pagar pensiones, sustituyendo la idea del ahorro individual, como centro de financiamiento de la pensión, por la idea de solidaridad intergeneracional. Esto significa que no es el trabajador individualmente quién mediante su ahorro financiará su propia pensión, sino que serán tres agentes del proceso productivo: Estado, empleador y trabajador, quienes contribuirán para el pago de pensiones de quienes se encuentran jubilados en el momento actual.

Pese a los ajustes que se realicen al sistema de AFP, éste no podrá garantizar un beneficio definido, es decir, una tasa de reemplazo fija, pues esto va en una dirección contraria al diseño esencial del modelo. Por otra parte, si recogemos la experiencia, instrumentos y propuestas de intelectuales internacionales en materia de pensiones, podríamos plantear 10 principios a tener en cuenta en un sistema de pensiones. Tomando en cuenta a la OIT y al especialista Carmelo Mesa-Lago, los principios de seguridad social, que deberían ser la base de un sistema de pensiones, son: 1) Diálogo Social, 2) Cobertura Universal, 3) Trato Uniforme, 4) Solidaridad Social, 5) Equidad de género, 6) Suficiencia de las prestaciones, 7) Eficiencia y gastos administrativos razonables, 8) Participación social en la gestión, 9) Rol del Estado y supervisión y 10) Sostenibilidad financiera y actuarial.

En un rápido examen es posible señalar que el sistema de AFP no cumple de forma íntegra con estos principios. Para empezar, no fue concebido bajo un clima de diálogo social y pese al rol de comisiones asesoras en sus modificaciones, no se ha transformado su base de capitalización y ahorro individual, lo cual pareciera ser incuestionable. Por otra parte, la cobertura sobre la población económicamente activa se redujo de un 73% en 1973 a un 63,7% en la actualidad. Además, existen diferencias arbitrarias respecto a la existencia de un modelo de pensiones de reparto exclusivo para las fuerzas armadas y un modelo de capitalización individual exclusivo para civiles. Existen también tablas de mortalidad diferenciadas para hombres y mujeres, y el aporte del trabajador está muy lejos de lo recomendado por el convenio N° 102 de la OIT (no superar el 50% del aporte del empleador).

A partir de lo anterior y considerando los principios de seguridad social, es posible pensar una propuesta concreta alternativa al sistema de AFP. Uno de los aspectos más mencionados por los defensores del sistema actual y que hacen una referencia negativa al sistema de reparto, consiste en el envejecimiento de la población. Es importante tener en cuenta que dicho factor es abordado por los sistemas de reparto mediante el ajuste de sus parámetros de edad o tasa de cotización, mismas soluciones que han propuesto para el sistema de AFP en Chile. CELADE plantea que en 50 años un 30% de la población chilena será adulto mayor, lo preocupante de este asunto es que con el mantenimiento del sistema de AFP las condiciones de envejecimiento estarán muy cercanas a condiciones de precariedad.

Un sistema pensado para dar pensiones debe hacerse cargo de un conjunto de aspectos y debe ser pensado en el marco de la seguridad social, no del riesgo como el actual sistema de AFP. Un alto grupo de organizaciones sociales y sindicales se han involucrado en el debate por el cambio y se mantienen a la expectativa por los resultados de la comisión asesora en materia de pensiones, los cuales deberían estar en estos días. Estas organizaciones han convocado una movilización para el día 29 de Agosto en diversas ciudades del país.

Es de esperar que al conocer las conclusiones de la comisión Bravo, se pueda observar la variedad de propuestas que fueron presentadas, entre las que se puede mencionar un modelo macro de sistema de reparto para Chile, presentado por Fundación SOL, que proyectado, resulta viable a lo menos en 50 años, asegurando una tasa de reemplazo para los jubilados y una pensión básica universal. Dicho modelo sería financiado con el aporte de empleadores, trabajadores y Estado. En 50 años, el aporte Estatal llegaría a ser menor incluso que el promedio actual de aporte público de países OCDE.

Finalmente la definición de un cambio real al sistema de AFP y de no más maquillaje, es una decisión política más que técnica. Con los resultados del sistema de AFP a la vista, es pertinente cuestionarse ¿cuál sería la razón de privar a Chile de un sistema de pensiones basado en principios de Seguridad social y con esto seguir mermando a generaciones de adultos mayores? Probablemente la respuesta a esa interrogante quede en evidencia al observar que los grandes ganadores de este sistema de AFP son los grandes grupos empresariales.