conflicto chileno mapuche

Revisar los índices económicos relacionados a las forestales desde el año 90′ en adelante puede ser una terapia natural para muchas cabezas que confunden la realidad con la ficción, cosa en la cual los medios de comunicación no ayudan mucho, ya que profundizan la confusión y la histeria a partir de una mentira fundada en la supuesta delincuencia y terrorismo proveniente de “grupos mapuche radicalizados”.

Para comprender este fenómeno, tendremos que analizar la cronología de hechos, partiendo desde los correos electrónicos filtrados desde Colombia, testimonios de personal de seguridad colombianos en algunos juicios contra mapuche que de nada sirvieron, ya que fueron desestimados por los jueces causando en algunas oportunidades más de una carcajada en pleno juicio oral. Luego de eso, la bancada UDI en su máximo esplendor encabezada por el diputado y candidato a senador por la Araucanía Gustavo Hasbún, hacen un llamado a la presidenta Bachelet para que aplique estado de excepción constitucional en los sectores conflictivos. Paralelo a esto, en Santiago, las chicas y chicos rubios del sector alto de la capital preguntaban a sus nanas donde estaban las cacerolas para salir a protestar contra la delincuencia. Pero, la guinda de la torta viene desde los sectores empresariales del sur de Chile con peregrinos en camión que traen consigo algunas maquinarias quemadas supuestamente en atentados.

Al analizar los hechos, no hay que ser erudito ni analista político de alguna universidad Europea, es cosa de sentido común saber que las forestales son propietarias de casi 2 millones de hectáreas, cantidad que duplica y casi triplica la cantidad de tierras que poseen actualmente las comunidades mapuche. Estas, en su mayoría fueron regaladas por el dictador Pinochet a la familia Matte y Angelini desde el año 74′ en adelante, empresarios que entre 2014 y 2015 alcanzaron unos 6.000 millones de dólares de utilidades en exportación, según consta en EMOL el 3 de diciembre de 2014, pero aun así en la región de la  Araucanía adeudan más de 35.000 millones de pesos por concepto de no pago del impuesto territorial (ley 17.235), cantidad excesiva que a la fecha es omitida por el SII.

Con todo esto, aún para los medios de comunicación y la fiscalía, los delincuentes siguen vistiendo de poncho y cintillo en la cabeza, a pesar de que del 99% de los Mapuche que han transitado por la cárcel han sido absueltos, hasta el punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condeno a Chile por violaciones al debido proceso el 2014.

Pero no me quiero detener aquí, porque lo que llama profundamente la atención es la sordera y ambigüedad de los sectores progresistas de izquierda, que supuestamente caminan al lado de la causa mapuche.

¿Cómo es que no se ha visto un pronunciamiento claro sobre este tema que tiene como objetivo polarizar la situación política de un país, basándose en absurdos y mentiras?

Si teóricamente la CONFECH, CUT, Colegio de Profesores, entre otros, apoyan  a los movimiento de los sectores más vulnerables, si luchan constantemente por una educación para todos, ¿Acaso los mapuches quedamos exentos? Al parecer su discurso sólo queda en las palabras, ya que cuando la cosa se pone negra, fea y huele a humo y “mapuche”, se horrorizan y  esconden la cabeza cobardemente como los avestruces.

Pobres camioneros que no son escuchados y piden a gritos “paz en la Araucanía”, que piden justicia por los camiones -de sus jefes- quemados, aun cuando nadie sabe quién lo hizo y por ello cobran millonarios seguros, me apiado de ellos, pobres humanos desvalidos que se ven obligados a convocar maquinaria y niños rubios para protestar, porque en la calle no convocan ni a sus madres.