A propósito de la detención ciudadana

En la actualidad, el debate respecto a las detenciones ciudadanas está sobre la mesa. Por una parte, esto se debe a que dichas acciones responden a la «alta connotación social» de la que hoy goza el fenómeno delictivo y, por otra, a que el acceso a las nuevas tecnologías nos permite presenciarlas desde la comodidad de nuestra TV., computador o celular.

En términos técnicos, la detención de cualquier persona que es sorprendida cometiendo un delito infraganti está legalmente permitida y debe efectuarse únicamente cuando se configure una genuina necesidad cautelar bajo un procedimiento específico que está regulado en la ley. Esta última consagra como principio que la medida debe aplicarse de manera excepcional y solo en casos extremos.

Hasta aquí, la detención ciudadana constituye un acto legítimo que pueden llevar a cabo los particulares. El problema surge cuando, una vez capturada la persona, el ánimo de los intervinientes se traduce en una agresión que sobrepasa los límites de lo permitido, y la detención cautelar se convierte en un linchamiento. Durante el último tiempo, hemos visto desde turbas que propinan golpizas hasta hordas que no vacilan antes de humillar y «faenar» a quienes detienen, para finalmente ufanarse por medio de fotos o videos que suben a la web y se viralizan rápidamente.

En este escenario, la ciudadanía ha dejado de valorar la medida por su objetivo («detener» mientras llega la policía) y ha pasado a considerarla una forma de castigo paralela a la pena; una justicia privada que se potencia por medio de las nuevas tecnologías y se registra para que la comunidad sea testigo de un proceso que no necesita de los tribunales.

Actualmente, los delitos contra la propiedad (como el hurto, el robo y la receptación) son los ilícitos que «mayor temor» generan en la población. Por lo tanto, la opinión pública quisiera ver a sus autores sufriendo castigos ejemplares. El fundamento radica en que la ciudadanía ha sido defraudada por la ineficacia del sistema penal, algo que los medios de comunicación se encargan de reforzar, mostrando casos en que los delincuentes «quedan en libertad», cuando en realidad han sido sancionados de distintas maneras. Así, el fenómeno tiende a amplificar la sensación de que los tribunales de justicia promueven la impunidad, y la «detención ciudadana» se justifica sobre la base de que el castigo privado es un ejercicio legítimo, aun cuando vulnere las garantías constitucionales del detenido.

Lo que está detrás de esto es la idea de que el culpable debe experimentar un sufrimiento como consecuencia de lo que ha hecho. Sin embargo, esta «ley del Talión» pasa por alto que los derechos fundamentales no son privilegios, es decir, no son atribuciones que se puedan «perder» a raíz de un mal comportamiento. Por el contrario, estos derechos se basan en la consideración de la autonomía, y no se encuentran sujetos a caducidad alguna, sino únicamente a restricciones puntuales que solo pueden ser derivadas de algún imperativo de justicia.

Lo más grave es que la «anulación de garantías» se extiende más allá de las detenciones ciudadanas y llega hasta las cárceles, donde los detenidos y condenados deben pagar día tras día una pena que excede la «privación de libertad»: viven hacinados y en condiciones infrahumanas, son constantemente agredidos y muy rara vez tienen acceso a programas de reinserción social. Pero esta situación está demasiado naturalizada en nuestro país como para generar algún tipo de debate.

Por este motivo, es necesario que la ciudadanía comience a entender que obviar lo que dispone la ley y castigar por mano propia solo contribuye a horadar la vigencia del derecho estatal, algo que ya ha conseguido con creces el sistema penitenciario chileno, del cual probablemente las detenciones ciudadanas no sean más que una vistosa extensión.