IALa respuesta de la Consejera Superior del Movimiento Solidaridad, Natalia Valdés, a nuestra columna del día 14 de Agosto, es útil para diferenciar miradas sobre lo que debe ser el sistema de educación chileno. Más allá de que todos podemos (y debemos) defender la libertad, la autonomía y el derecho a la educación, la forma que tenemos de entender estos conceptos da cuenta de visiones de universidad y sociedad que van en direcciones diferentes. En ese sentido, creemos necesario volver a recalcar que lo que el movimiento Solidaridad, así como el gremialismo y el rector Ignacio Sánchez, entienden por autonomía no es otra cosa que la suplantación de la voz de la comunidad que conforma a la Universidad Católica y un argumento para defender una educación que se niega a dialogar con la sociedad.

La forma en que este sector comprende la autonomía se resume perfectamente en las palabras de la misma Consejera Superior, la cual en su última columna postula que entiende este concepto como “la libertad de cada entidad educativa de buscar y transmitir el conocimiento en diálogo con un cierto proyecto educativo, con plena libertad frente al Estado o cualquier influencia externa –bajo el respeto de los derechos humanos-.” Esta cita puede desglosarse en dos partes. En primer lugar, se argumenta que existe una libertad institucional para definir un proyecto educativo, el cual debe ser respetado y defendido. Esto no es necesariamente errado, pero sí resulta una falta a la verdad cuando se aplica a la Universidad Católica y al sistema educativo en su conjunto. No puede existir libertad cuando no se le permite a la comunidad que conforma a las distintas instituciones dialogar de manera vinculante para definir los lineamientos generales que deben conformar al proyecto educativo y mucho menos si se plantea la existencia de un proyecto monolítico, preestablecido y el cual se encuentra por sobre la deliberación social.

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En segundo lugar, bajo la definición de la Consejera Superior las instituciones educacionales deberían ser independientes de fuerzas externas (dentro de las cuales no se considera a la Iglesia Católica) y en especial del Estado. Esta premisa nuevamente resulta conflictiva, ya que detrás de ella se esconde una reticencia a que la sociedad, con toda su diversidad y dinamismo, influyan en el proyecto educativo de la Universidad Católica. Es esta la razón del porqué tanto rechazo a la idea de implementar gobiernos universitarios democráticos, puesto que incluir a estudiantes, funcionarios y académicos al proceso de toma de decisiones implica abrirse a la sociedad, “a fuerzas externas”, y por tanto a poner en peligro aquel proyecto conservador en lo moral y neoliberal en lo económico instaurado en plena dictadura. Este rechazo a lo social resulta por tanto paradójico, puesto que al mismo tiempo que constantemente se nos enrostra el rol público de la UC, sin cuestionar la orientación del conocimiento y la formación de los profesionales que produce, se busca aislar a la universidad de la sociedad. Es por estas razones que la autonomía y la libertad no deben conflictuar con lo social, menos aún cuando el tema en discusión es la educación y como ésta debe servir a las grandes mayorías de Chile.

Por el contrario y tal como lo planteamos en nuestra primera columna, “la autonomía universitaria se hace en comunidad y de manera democrática o no es autonomía”.

Por el contrario y tal como lo planteamos en nuestra primera columna, “la autonomía universitaria se hace en comunidad y de manera democrática o no es autonomía”. No obstante lo anterior, también existen profundas diferencias sobre lo que entendemos por libertad educacional. A diferencia de aquella “libertad” basada en una lógica de oferentes compitiendo por los recursos de los estudiantes a través de la subvención a la demanda (libertad como mercado), nosotros consideramos la libertad de educación y el derecho a la misma a partir de lo público, vale decir, a partir de aquello de lo cual no se excluye a nadie y que por el contrario invita a todos a ser parte. De ahí su carácter democrático. Lo público, muy al contrario de aquellos que lo critican, no implica la homogeneización de los planteles educativos, sino transferir la diversidad propia de la sociedad al interior mismo de las instituciones.

Sin embargo, un sistema basado en esta premisa no puede ser posible bajo lógicas de competencia y autoritarismo, ya que solo la inclusión de todos aquellos que conforman a la comunidad universitaria en los espacios de deliberación permite salvar a las instituciones de educación superior de intereses particulares. Estos últimos solo persisten cuando el diálogo se acalla.

Estas diferencias en la forma en que comprendemos conceptos básicos como la autonomía o la libertad, han llevado a los sectores conservadores a postular una serie de argumentos sin mucho fundamento, tal como se observa en la columna citada y por sobre todo en la reciente campaña de la FEUC gremialista de Ricardo Sande. Ejemplo de lo anterior es la creencia de que la democracia es un ideologismo y una arbitrariedad autoritaria y que la autonomía y la libertad se basan en que una persona elegida por un mecanismo instaurado en dictadura tenga el derecho de hablar por el resto. El mismo rector Ignacio Sánchez se ha mostrado en contra de que la Universidad Católica acceda a la gratuidad si es que esto vulnera la autonomía de la institución, o en otras palabras, si se implementan criterios de democracia para acceder a fondos públicos. De esta manera, la negativa por realizar cambios dentro de la universidad y el deseo por defender a toda costa el proyecto conservador de la UC son incluso más importantes que el bienestar que conllevaría una gratuidad para cientos de estudiantes.

Durante ya varios años como estudiantes hemos venido trabajando para construir en conjunto con la sociedad un escenario en donde democráticamente podamos sentarnos a discutir sobre qué educación queremos. Debemos por tanto defender nuestra autonomía para imaginarnos una Universidad Católica diferente y pensada para las mayorías, dando por cerrado un período marcado por la exclusión y el elitismo. En frente tenemos movimientos que sabemos se opondrán a cualquier cambio dentro de la UC, lo que solo puede ser superado con una política dispuesta a abrir las puertas de nuestra casa de estudios. No creemos que esto implique ningún atentado en contra de la institución, sino que precisamente lo contrario. Nos despedimos solo con una conclusión: defender la UC, es transformarla.