públicaLas derrotas históricas implican, para las fuerzas políticas, el desplazamiento del sentido común en un orden absolutamente desigual, dejando, en términos simbólicos, sin “lenguaje” a las fuerzas derrotadas. Esto, en dinámica histórica concreta, es la expresión de la transformación Estatal chilena y sus respectivas fracciones sociales, en grandes masas de nuevas formas sociales sujetas al principio de subsidiariedad.
En esta dirección, el nacimiento de la actual economía política chilena tiene sus fundamentos teóricos, en un interesante sincretismo entre la doctrina social de la Iglesia y los principios re-elaborados del Liberalismo clásico, el llamado Neoliberalismo. Es por esto que no es extraño que un Ignacio Walker, declare su vocación por lo pobres al mismo tiempo que promueve una política económica pública que con el menor uso posible de recursos, genere el mayor impacto esperable en términos de rentabilidad social. Esto es lo que se ha denominado, a grandes rasgos, el principio de subsidiariedad propio de la transformación Estatal Chilena que protege mercados rentistas a través del despojo y la fragmentación de la población no-empresarial.

Por estas razones, las declaraciones contra la Universalidad de la política pública tienen su fundamento en la comprensión de una política de tipo focalizada. Entonces, el conflicto se presenta entre una política pública focalizada y otra política pública universalista.

El debate en torno a esta cuestión, cobra nueva relevancia tras la emergencia de una movilización social, lo suficientemente poderosa, que adscribe a la promoción de un entramado institucional que garantice derechos sociales. El derecho social, que es por esencia universal, chocaría con la historia de las políticas sociales gestadas durante la dictadura militar.

“El principio de subsidiariedad y la focalización de la política pública es un paradigma gestado por la relación entre el gremialismo neoliberal y el pensamiento social cristiano corporativista”.

El principio de subsidiariedad y la focalización de la política pública es un paradigma gestado por la relación entre el gremialismo neoliberal y el pensamiento social cristiano corporativista. Tanto Miguel Kast Rist, como Jaime Guzmán defendieron y promovieron esta concepción desde ODEPLAN y las comisiones constitucionales respectivamente. Este paradigma plantea que la promoción de una política pública eficiente y efectiva responde a la segmentación e identificación de los problemas sociales desde una concepción de la “solidaridad social”. Esto quiere decir que se deben dar condiciones mínimas de cobertura existencial para los sectores marginales de la población y a su vez se deben promover pisos de igualdad para “competir” en el resto de la población. Situación que permite, casi como paradoja, que durante la década de los noventa disminuya la pobreza y aumente la desigualdad social en Chile.

Esto último, permite cuestionar el desarrollo de una política focalizada como fundamento para la disminución de la desigualdad o incluso su aplicación “gradual” para alcanzar un marco de derechos sociales o de universalidad de servicios, como ha planteado el actual ministro de desarrollo social, Marcos Barraza.

La coyuntura social y los “datos duros” de cohesión social, crecimiento, desarrollo y desigualdad deberían ser un indicador bastante claro del necesario giro en relación a una “mitificación” de la focalización. Sin embargo esto no tiene eco en el extremismo neoliberal de los partidos políticos y sus cuadros intelectuales.
En este sentido, los intelectuales, sobretodo economistas, de los partidos de gobierno y el empresariado saben de las diversas dificultades que trae consigo la focalización. Ellos saben que la focalización tiene costos informacionales, potencial distorsión de incentivos, estigmatización y reducción de utilidad, pérdidas administrativas y de utilidad o problemas de calidad. La “inteligencia” gobernante lo sabe.

Entonces, ¿Por qué no se abren a una redefinición?

Las posibles respuestas pueden ir desde una “sobre ideologización” de la élite chilena respecto a la economía política neoliberal hasta el temor de un cambio de rumbo que abra la puerta a una inestabilidad social que reduzca sus privilegios.

Dentro de los diversos matices que se pueden hacer al respecto, es claro que un llamado a establecer el principio de Universalidad como una cuestión “reaccionaria”, por parte de Genaro Arriagada, es un acto de ideología pura. Esto porque no es capaz de reconocer que la disminución de la desigualdad no pasa, solamente, por dotar a la población “rezagada” de bienes de consumo a través de créditos o servicios sociales (educación, salud, vivienda) como resultado del “nivel” de capital humano individual acumulado durante la vida. Para disminuir la desigualdad es necesaria una política pública que “no empareje la cancha para competir”, sino que garantice condiciones de existencia y bienestar para el desarrollo pleno de las capacidades del pueblo chileno. Igualdad de existencia y no una igualdad para competir.

El cierre, abiertamente ideológico, a una política pública desde el principio de universalidad es un síntoma más de la bancarrota teórica y política de la élite nacional. Sin embargo, las fuerzas de cambio también estamos al “debe”, ya que necesitamos con urgencia producir, además de muchas otras tareas, una economía política de derechos sociales que sea eficiente económicamente y que a su vez devuelva lo despojado al conjunto de la población chilena por parte de un empresariado rentista que no tiene nada de productivo y menos de emprendedor.