la victoria

A propósito de una nueva conmemoración del 11 de Septiembre, en los medios vuelven a instalarse ciertas imágenes del mundo popular que han sido reiterativas durante los últimos 25 años. En vísperas de la fecha que recuerda otro aniversario del Golpe de Estado, los noticiarios televisivos y radiales y la prensa escrita insisten en mostrar un rostro de las poblaciones en Chile como lugares donde los jóvenes populares supuestamente usufructúan la tragedia de 1973, para recrear en los espacios de la comunidad una sensación de inseguridad y riesgo público.

La redundancia de este imaginario que criminaliza a los sectores populares, es la confirmación de cierta tendencia de las últimas décadas a asociar las acciones de protesta callejera de los pobladores con la presencia de individuos y grupos que encuentran una oportunidad de perpetrar actos delictivos en condiciones de cierta impunidad. A nuestro juicio, y sin desconocer la existencia de la delincuencia en el espacio público, esta relación establecida desde los medios ha pretendido debilitar o invalidar acciones con relativa organización colectiva, donde los pobladores han intentado dar un sentido político a sus manifestaciones. Al parecer, la intención de los grupos que monopolizan la información es mostrar hasta el hartazgo que la adhesión a las protestas en las poblaciones se encuentra codo a codo con la ambición de los delincuentes callejeros.

A nuestro juicio, y sin desconocer la existencia de la delincuencia en el espacio público, esta relación establecida desde los medios ha pretendido debilitar o invalidar acciones con relativa organización colectiva, donde los pobladores han intentado dar un sentido político a sus manifestaciones

La escisión entre la participación social de los pobladores y la política nacional ha sido una fórmula efectiva para desactivar cualquier germen de acción colectiva en el mundo popular. De algún modo, la desmovilización de las militancias como fenómeno recurrente en el devenir político en los últimos 20 años, ha remarcado la idea de que la participación de los pobladores en la acción política sólo acaba en revueltas carentes de fundamento ideológico y sin destino en lo práctico, degenerando en una violencia callejera que difícilmente puede controlarse. Se tiende a pensar que la ausencia de organización política en los sectores populares –propiciada por esta desmovilización de las militancias de izquierda–, es la razón principal por la que los reventones, grescas y enfrentamientos con la policía sean sólo actos irracionales sin una finalidad política coherente, y que más bien desvirtúen y envilezcan el sentido que debiese contener la rememoración del 11 de Septiembre.

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En efecto, la imagen de las manifestaciones de los jóvenes pobladores en los espacios de la comunidad, permanentemente ha colisionado con esa otra imagen voluntariosa y heroica de los años ´80: digamos una contra-imagen de sujetos populares sin brújula política, teñida de una ansiedad antisistémica, en que sus acciones colectivas muestran una degradación de la vida poblacional, al estilo de las muchedumbres irracionales, anárquicas y primitivas descritas por Gustave Le Bon en La Psicología de las Masas, hace bastante más que un siglo.

Esta contra-imagen de las manifestaciones de los jóvenes urbano-populares, deteriorada, caricaturesca, opera además como un dispositivo dual: por un lado amnésico, por el otro estigmatizador. La estigmatización de la vida poblacional ha estado signada por un denominador común: la delincuencia y la droga, fenómenos que se convirtieron en los temas centrales de las políticas públicas durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. En consonancia con esto, el trabajo institucional con las poblaciones no consideró, en la mayoría de los casos, ni la identidad popular, ni la historicidad o el potencial de participación comunitaria de cada lugar, sino que estaba orientado a la intervención específica y acotada, ojalá con un foco individual o familiar. Este diseño e implementación de las políticas públicas se tradujo en una escisión de la identidad del “sujeto intervenido”, separando la memoria de la lucha poblacional de una realidad invadida por la droga y la delincuencia: la primera sería anulada por un relato de la urgencia y la necesidad de prevención a los problemas cotidianos de las poblaciones. Esta anulación de la memoria tuvo como propósito debilitar el potencial movilizador de la historia de las organizaciones comunitarias, antaño fuertes en lo social y político, y por lo tanto le puso límites a su posibilidad de acción política en el tiempo actual. En suma, la imagen institucional sostiene este quiebre de la memoria como justificación ante el peligro de reflotar los fantasmas del pasado dictatorial.

Como consecuencia de este escenario, desde entonces las políticas públicas han desestimado las iniciativas genuinas de acción y participación comunitaria, instalando dispositivos estandarizados de intervención con un margen meramente simbólico de incorporación de la iniciativa popular, de carácter mayoritariamente consultivo, pero con nula injerencia en la toma de las decisiones relevantes sobre el diseño o los propósitos de los programas y proyectos instaurados en la comunidad. Por su parte, aquellas iniciativas de organización y participación popular que intentaron sobrevivir con cierta autonomía en base a la autogestión, rápidamente se vieron en desventaja social y económica debido a que los recursos institucionales eran destinados preferentemente a otras formas de desarrollo comunitario, como los proyectos de prevención al consumo de drogas y otros relacionados con temas de seguridad ciudadana.

De este modo, enfrentar los problemas sociales desde una mirada enfocada sólo en lo coyuntural, contribuyó a la tendencia de los gobiernos democráticos a mantener la actividad comunitaria como un simple espacio en el cual depositar asistencia social y subsidios monetarios; mientras tanto, parte de la comunidad se esforzaba cotidianamente por mantener la memoria colectiva, en un contexto social y político que tiende a su criminalización a través de la herramienta de mayor penetración ideológica con que cuenta el poder político-económico: los medios, y de modo protagónico el noticiario televisivo en horario prime. Es así que la memoria obstinada de las poblaciones, que lucha por no morir, es un marco emblemático que a su vez da sentido a las memorias personales de los miembros de la comunidad: el trabajo de resistencia de los propios pobladores permitió, en algunos casos, sostener en alto una imagen genuina, en oposición a la imagen mediatizada que estigmatiza al sujeto poblacional.

Este mundo popular, otrora útil y necesario durante la lucha contra la dictadura, debía ser atomizado como sujeto de la política y recuperado como un actor complaciente con el sistema político-económico en proceso de instauración. Actualmente vista como una actividad desideologizada y de mera gestión de lo ya existente, la política no requiere de un sujeto popular empoderado para hacer frente a la injusticia y la desigualdad social del sistema; más bien, quienes tuvieron la tarea de administrar los tiempos de la Transición necesitaron de un sujeto inmovilizado en las poblaciones, ojalá domesticado a través del asistencialismo y de la cooptación en programas y proyectos locales, todo ello con el fin de que no se volviese en una amenaza para la frágil carta de navegación de la democracia recién reestrenada.

Como resultado de ello, los sectores populares se vieron reflejados en una doble imagen: por una parte, una caracterización surgida desde el relato institucional –vacía de identidad, quizás estandarizada–, y otra emanada desde las lógicas propias de la comunidad –fragmentada y contradictoria, quizás doliente. Ambas imágenes formaron parte de una disputa subterránea, invisible para el debate nacional, cuyo contenido fue la tensión permanente entre una política institucional dirigida a olvidar al sujeto popular, y un esfuerzo cotidiano de los pobladores por mantener vivo el recuerdo de su identidad socio-política y su cultura comunitaria.

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Lo interesante en el análisis de la población como lugar de vida comunitaria, está en las características que muestran su mutación social y cultural en el paso de los años ‘80 a la década siguiente, o dicho de otra forma, la transformación psicosocial del sujeto popular en el paso de la dictadura a la democracia. Por cierto, la desaparición de lo político en la vida de los pobladores ha contribuido substantivamente al deterioro de su imagen y al desprestigio que comienza a afectarle como actor colectivo en los años ‘90. De la política al peligro, de la lucha al crimen, de la promoción-integración a la asistencia-marginación: la trasformación de la subjetividad política en este período se corresponde con la pérdida de prestigio político del sujeto popular, ya que el rostro frecuentemente negativo de la vida poblacional, más que lograr su integración a la sociedad democrática, ha profundizado su marginación social y política.

La mirada excluyente y prejuiciosa respecto de la vida de la población ha generado al interior de ella un proceso en el que la subjetividad popular intenta desapropiarse de su cultura, proceso en el cual es posible reconocer diversas formas de auto-estereotipo, basadas en la devaluación consciente o inconsciente de su identidad primaria, y ante lo cual se reacciona buscando parecerse –aunque sea cosméticamente– a otras formas de vida en la sociedad chilena y con ello acceder, aunque sea en condiciones de préstamo, a parte de su prestigio y reconocimiento social, como por ejemplo en la emulación del modus vivendi de la clase media aspiracional.

En este sentido, un aspecto interesante de abordar es la relación entre la política y la actividad comunitaria durante los años ‘80, que de alguna manera fue una relación en términos de intervención conjunta para hacer frente a los problemas de la seguridad comunitaria y la droga. En aquel período, la actividad comunitaria en las poblaciones no sólo se limitaba a la organización política como plataforma de lucha contra la dictadura, sino también constaba de un trabajo social profundo con los pobladores en base a experiencias endógenas de organización comunitaria, con el propósito de abordar los problemas cotidianos de su entorno. De este modo, la política no era entendida como un mero procedimiento que buscaba aglutinar a las masas para favorecer determinadas pretensiones electorales, sino que a ella subyacía un propósito trasformador hacia el sujeto popular y su contexto comunitario.  En efecto, el alcance que tuvo la política en la vida cotidiana de la población de los ‘80, fue constituirse en una gran barrera de contención ante la expansión de los flagelos de la droga y la delincuencia. La subjetividad popular, como protagonista de la lucha contra la marginación que la dictadura promovía en las poblaciones, desarrolló sus capacidades asociativas para confrontar cotidianamente la amenaza de que sus amigos y vecinos se consumieran en las brasas de la drogadicción, como lo muestra el testimonio pionero de la ONG “La Caleta” desde tiempos tan tempranos como los inicios de los ‘80. Ciertamente, esta dimensión de la política como un camino paralelo a la vida en medio de la droga y la delincuencia, tenía su fortaleza en el trabajo colectivo de los pobladores y en la posesión absoluta de los espacios públicos en la población. Quizás el desafío actual consiste en la recuperación y el fortalecimiento de esa identidad activa, de esa actoría social y comunitaria como paso previo al protagonismo político, a pesar de las contra-imágenes estigmatizadoras del segmento policial en los noticiarios del horario prime.