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Cuando se hace análisis de lo que está sucediendo en Guatemala, muchas veces se parte del 25 abril del 2015, cuando fue la primera movilización convocada por las clases medias a través de las redes sociales desde el #RenunciaYa, luego que el Ministerio Público y la CICIG (Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala) dieran a conocer una estructura criminal y de defraudación integrada por funcionarios del gobierno  desde el presidente, vicepresidenta, mandos medios, así como empresarios y colaboradores externos. Algunos medios de comunicación comenzaron a centrarse en transmitir las marchas que se daban cada sábado, resaltando lo que definían como el despertar de la ciudadanía.

La presión social fue incrementando, hacia las instituciones de investigación y aplicación de justicia para acelerar los procesos de captura. También la CICIG y el MP fueron presentando cada vez más pruebas que vinculaban al presidente y vicepresidente.  Lo que llevo a la renuncia al cargo  de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 08 de mayo y su captura el 21 de agosto, mientras  la dimisión  del presidente Otto Pérez Molina se da cuando pierde la inmunidad el 02 de septiembre y el 08 de septiembre lo ligan a proceso, dictándole  prisión preventiva, en medio de  una actitud que  retaba a la población que exigía su renuncia.

Las celebraciones, la caída del gobierno se convirtió en el tema principal en las tertulias. En las calles, en la prensa escrita, en los noticieros se festejaba apelando al espíritu nacionalista. Se imponía en la opinión pública una victoria de la “guatemalidad”. Pero ¿cuándo comenzó la crisis? ¿Por qué a estas movilizaciones sociales se le llamó el despertar ciudadano? Guatemala viene de procesos de corrupción e impunidad desde la guerra civil de 36 años, donde los militares lograron junto a civiles y empresarios, tanto el control de las aduanas, como de los negocios de la geopolítica del modelo extractivista.

La crisis es entonces de larga duración, de la guerra civil a la llamada transición democrática en 1986, los grupos de poder económico y militar no solo desarrollaron un complejo aparato estatal contrainsurgente y de ciudadanía restringida, sino que también crearon estructuras de mafias, algunas públicamente conocidas como “La Cofradía” “La  Red Moreno”,  con ello podemos hablar de una nueva etapa de un Estado secuestrado. Con los Acuerdos de Paz se transita a un reconocimiento del carácter multicultural de Guatemala, aunque desde la gestión pública se desarrollaron más bien acciones propias de un multiculturalismo neoliberal, que permite la pacificación  de territorios indígenas para imponer los megaproyectos transnacionales. Generando  el rechazo y resistencia permanente de la población Maya a dichos proyectos.

También en esta coyuntura, es a los Pueblos Indígenas a quienes se les cerraron más los espacios de representación, el nuevo congreso electo cuenta con menos representación indígena que en  las legislaturas pasadas

No es que la totalidad de la ciudadanía haya abierto los ojos de un eterno sueño, fueron  principalmente las clases medias urbanas “ladinas” o “mestizas” quienes sintieron una traición de parte de aquellos en quienes se veían representados,  corrupción que a estos sectores les ofendía por haber dado a estos personajes su apoyo en las urnas. Pero ya mucho antes, invisibilizados,  los Pueblos  Mayas desde décadas atrás se movilizaban para exigir justicia, para que  no queden impunes masacres y el genocidio. También han realizado consultas comunitarias para opinar sobre la ocupación de sus territorios por las empresas mineras e hidroeléctricas. Fueron las organizaciones mayas quienes se opusieron al Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y USA, logrando un paro nacional en  el 2005.

Durante la gestión de  este gobierno del Partido Patriota, de corte  militarista y  corrupto, la relación entre los Pueblos  Mayas y el poder se ha mantenido en crisis. Es por eso que en los primeros meses de gobierno, en el 2012, la represión a los Maya q’anjob’al se dio a través de  un Estado de Sitio, cooptando las libertades a quienes  se oponían  a una empresa hidroeléctrica de capital español, que en nada beneficia a la población. Luego, el gobierno apoya los procesos de desalojos a  comunidades maya q’eqchi’. Bajo represión los pobladores se quedan sin acceso a la tierra,  compromiso establecido en  los Acuerdos de Paz. Lo que generó una gran marcha de movilización, la cual se enrumbó durante  dos días hacia la ciudad de Guatemala,  y   se denominó “marcha indígena y campesina”, como resultado, se hicieron importantes  pactos con el gobierno, los cuales  hasta a la fecha no se han cumplido.

En otro escenario, el Pueblo Maya k’iche’ de Totonicapán,  realizó  una gran movilización el 04 de octubre de 2012, contra el aumento de la tarifa de la luz eléctrica  y el cambio a la formación inicial docente que desaparecía la carrera de magisterio bilingüe intercultural entre otras, dejando con ello con menos acceso a la educación formal a jóvenes indígenas. El gobierno por medio del ejército los reprimió,  asesinando a 8 personas.

Desde el año  2012 al 2015, los Pueblos  Mayas han realizado una serie de movilizaciones, por ejemplo las dos grandes marchas realizados por  12 comunidades  del Pueblo Maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, que se oponen a la construcción de una cementera en su territorio. Son tan tensas las relaciones que en todos los casos se ha utilizado la estructura institucional del Estado,  para reprimir, y con ello generar rompimiento del tejido social, entre estas estrategias, una de las más importantes es quizá  la criminalización, por tal razón que ahora  vemos una gran cantidad de  líderes comunitarios enfrentando  procesos penales. A pesar de todo, esta gran movilización ciudadana ha pasado desapercibida, ha sido la ciudadanía que no ha tenido resonancia  en los medios de comunicación y a la que no se considera como generadora de   opinión pública. Esta es la ciudadanía que nunca se durmió, está con los ojos bien abiertos, con las palabras de resistencia entre sus labios.

No olvidemos que el procesamiento  del presidente Otto Pérez,  también contribuyó el diputado maya q’eqchi Amílcar Pop, quien  desde el congreso, fue el primero en promover   el antejuicio en su contra. A todo ello se sumó  la convocatoria a Paro Nacional por la Asamblea Social y Popular, integrada por  estudiantes de la universidad pública y las privadas, así como  organizaciones indígenas, y  autoridades ancestrales de las comunidades indígenas. Todo eso ha pasado desapercibido  a la hora de narrar lo que sucede en Guatemala. El racismo hace olvidar que los Pueblos  Mayas siempre están  alerta, luchando frente a la amenaza capitalista, y  contra los  gobiernos corruptos y represores.

La ideología de la “guatemalidad homogénea” impuso toda su maquinara de información,  los grupos económicos impulsaron en las encuestas a un comediante racista, Jimmy Morales (promovido por militares de la guerra), quien no tiene un plan de gobierno, pero abiertamente dice que impulsará la industria minera y la producción energética vía las hidroeléctricas, siendo este un mensaje claro de que no va respetar la decisiones de los Pueblos Mayas, quienes han expresado que en su territorio no  quieren más el modelo extractivo.

También en esta coyuntura, es a los Pueblos Indígenas a quienes se les cerraron más los espacios de representación, el nuevo congreso electo cuenta con menos representación indígena que en  las legislaturas pasadas.  Finalmente las élites se lograron lavar la cara, pasando por alto  todo el levantamiento de las clases medias, impulsan al comediante a la presidencia, reacomodando el modelo criollo-ladino del Estado, en  una sociedad que exhala  racismo por todos lados, que le teme a los cambios estructurales que demandan los Pueblos Mayas, tales como la autonomía y un Estado plurinacional, donde cada pueblo vaya definiendo su propio camino.