Trabajo y pensiones: los sabores amargos de estas fiestas

La inagotable rutina de “parchar” el modelo económico, social y cultural instalado en Dictadura ha sido la tónica al momento de tratar los temas vinculados con derechos sociales. Casi de la misma forma en que se repara un objeto preciado, los controladores del modelo económico y político han buscado diversos artilugios que permitan mantener los privilegios que les otorga un sistema en el que los  indicadores comunes a todo evento resultan ser la desigualdad y el despojo.

En el  informe de desarrollo humano de Chile 2015 del PNUD, titulado “Los tiempos de la politización” es posible encontrar una serie de claves respecto de lo que acontece, pero sobre todo resulta interesante observar cómo el proceso de politización social logra incorporar al debate público a nuevos actores, algunos de los cuales se han constituido al calor de las propias reivindicaciones y otros que tienen trayectoria en la acción social. El PNUD plantea que: “la politización se expresa no solo con el aumento sostenido de la acción colectiva, sino también en el cambio de naturaleza de lo que se demanda”. Por tanto, algo importante de tener a la vista es que no se genera una politización solamente en los sectores despojados de derechos sino también en las élites, las cuales comienzan a participar del debate público de forma más activa y a medida que el debate se profundiza alcanzan niveles cada vez más evidentes respecto de sus esquemas ideológicos y políticos.

Las élites también se expresan en diversas esferas, así por lo menos lo reconoce el mencionado informe, al apuntar diferencias entre la élite económica y la élite política, por ejemplo, en relación a los cambios profundos que requiere la sociedad en materia económica. Mientras un 1% de la élite económica cree que son necesarios cambios profundos, un 25% de la élite política apoya estos cambios. Por otra parte, respecto a la capacidad de negociación de los trabajadores frente a los empleadores, un 4% de la élite económica cree que deben realizarse cambios profundos mientras que un 38% de la élite política piensa en esa línea. Esto demuestra la fuerte resistencia de la élite económica a los cambios profundos y además muestra que la élite política es también mayoritariamente proclive a no buscar profundidad en los cambios, teniendo en cuenta que no superan el 40% en apoyo a transformaciones profundas.

Teniendo a la vista estos datos de opinión, podríamos inferir que la élite económica ha logrado imponer sus posiciones en torno a los cambios derivados de las reformas del actual gobierno. Esto se da en un contexto en que muchas de las propuestas que se han hecho públicas no modifican la estructura del sistema de acumulación, sino que consolidan los esquemas flexibles de trabajo para no afectar la tasa de ganancia empresarial mediante la desposesión de salarios y derechos. Ejemplos de lo anterior son las últimas indicaciones a la reforma laboral, las que emanan directamente del ejecutivo con el apoyo de la coalición gobernante y por otro lado, las propuestas de la Comisión asesora en materia de pensiones. Teniendo en cuenta que las últimas provienen de un órgano autónomo al gobierno, se podría pensar que sus conclusiones han de plantearse de forma imparcial y bajo el rigor técnico. Pero con pequeñas luces podremos ver que realmente existe un sesgo ideológico que también se expresa en el ámbito “de los expertos” en torno a la posibilidad de cambios estructurales del actual modelo chileno que, cuando cierra todo camino a transformaciones de la estructura de acumulación, va de la mano con los intereses de la élite económica.

Primero, es importante tener en cuenta por qué la comisión Bravo planteó sus propuestas en el restringido ámbito del mejoramiento del sistema actual de AFP. En este punto plantean que existen dudas sobre la viabilidad financiera de un sistema contributivo de reparto, la propiedad de los fondos de capitalización individual, el envejecimiento de la población y considera que aumentos en edad de jubilación y cotización son inviables para esta propuesta.  Estos argumentos son ya bien conocidos para quienes resultan contrarios a un sistema de pensiones solidario contributivo de reparto. Los controladores de las AFP en la voz del Presidente de la asociación Rodrigo Perez-Mackenna han sido parte de estas ideas.

Lo extraño de los argumentos en contra del sistema contributivo de reparto es que muchos de ellos ya han sido respondidos. Por ejemplo ¿es posible un sistema contributivo de reparto sin tocar los fondos actuales de los cotizantes? Sí lo es. Respecto de las dudas de sostenibilidad financiera en base a las condiciones del sistema, esto puede responder claramente a un sesgo ideológico pues por definición un sistema de reparto no podría quebrar, debido a que los ingresos deben ser iguales a los egresos, por tanto, en el caso de ajustes es la propia sociedad la que decide dónde invertir mayores esfuerzos los que en este caso significarían beneficios suficientes relacionados con mejores pensiones. La CELADE ha planteado que para el año 2050 se estima que cerca de un 30% de la población estará compuesta por adultos mayores, lo preocupante de esto es que de mantenerse el esquema de AFP como pilar central de las pensiones es altamente probable que la población adulto mayor sea una población efectivamente precarizada.

Entre las propuestas de la Comisión Bravo se observa la insuficiente idea de una cotización previsional por parte del empleador de un 4%, lo cual deja a Chile muy por debajo de otros países de la OCDE donde el empleador y trabajador aportan en promedio un 11,24%  y un 8,37% respectivamente. Es necesario considerar que varios de esos países no tienen un modelo de AFP basado en capitalización individual como el chileno, es decir, existen modernos sistemas contributivos de reparto con beneficio definido. Con la propuesta de la Comisión de pensiones, el empleador aportará menos de un 50% de la cotización del trabajador para su prestación de vejez. Por tanto, el trabajador sigue con mayor carga para financiar su pensión y además la norma chilena se mantendrá por debajo de lo que establece el Convenio N° 102 o de norma mínima (respecto de que el aporte del trabajador no debe ser superior al 50% del total de los recursos destinados a la protección personal y familiar ante contingencias).

Por otra parte la comisión propone que se extienda el periodo de cotización obligatorio hasta la edad de retiro efectiva del mercado laboral. Si consideramos el estudio “Pensions at a glance” de la OCDE realizado en 2013, podemos mencionar que la edad efectiva de jubilación para los hombres es de 69,4 años superada por la de las mujeres de 70,4 años. A esta imagen agreguemos que un 78% de los trabajadores está pensando en buscar trabajo luego de jubilar y el 71% cree que sus fondos no alcanzarán a cubrir todos los años de retiro, según datos de un informe de Metlife publicado por el Diario Financiero en 2013.

El análisis de estas propuestas y otros argumentos que dicen relación con los esquemas contributivos de reparto y su viabilidad en nuestro país, resultan ser aspectos que requieren de un análisis democrático, por tanto, es necesario considerar que las materias que expone la Comisión Bravo deben ser un insumo para diversas perspectivas. Erradicar la posibilidad de una alternativa al sistema de AFP es continuar en la línea del autoritarismo político avalado con un contingente técnico, dejando fuera de la ecuación a los sectores sociales, pues estos plantean objeciones, pero no deciden. No olvidemos que la propia Comisión Bravo se mostró con opciones divididas, por tanto, no es unánime el respaldo a parchar el actual modelo.

Estas fiestas de septiembre pueden ser ideales para olvidar el estrés laboral, o los problemas de las deudas, no obstante olvidar el origen de esos problemas puede implicar mantener el statu quo imperante. Como señala el informe antes mencionado del PNUD, un 81% de los chilenos cree que el sistema de pensiones requiere cambios profundos. Pese a ello, dichos cambios parecieran no estar cerca y se visualizan más bien tal y como lo prefiere el 99% de la élite económica. La despolitización imperante durante más de 40 años ha hecho difusa la imagen de alternativas, no obstante es posible decir que hay un sentimiento de que el modelo chileno beneficia a unos con el esfuerzo de otros. Por ello en estas fiestas no se olvide que la independencia necesaria tiene que ver con política, con involucrarse en los cambios que no se han planteado por comisiones, o gobiernos, pero sí desde el activo social, es desde allí desde donde la acción colectiva se puede manifestar para incidir y reunir fuerzas para los cambios estructurales necesarios.