Ana María Gazmuri y rol del gobierno en debate cannábico: “¿Para qué hacer una norma que será violada?

Una serie de trascendidos desde inicios de septiembre dan cuenta de la intención del gobierno por restringir el proyecto de despenalización del autocultivo que se tramita en el Parlamento. Según La Tercera, los diputados oficialistas que integran la Comisión de Salud fueron citados desde La Moneda por el ministro Burgos, la secretada de Justicia, Javiera Blanco, el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y el director del Senda, Mariano Montenegro.

La idea del Ejecutivo es restringir el proyecto que hoy se tramita, reduciendo la cantidad de plantas para autocultivo (de 4 a 6 plantas) y con un máximo de 3 a 4 gramos en caso de tenencia en la vía pública, versus los 10 gramos contemplados en la iniciativa. Las propuestas serían analizadas durante la jornada de hoy, a días de que el gobierno presente oficialmente sus indicaciones el próximo 29 de septiembre.

Aunque en julio pasado se aprobó la idea de legislar sobre el proyecto, las indicaciones que presentarían desde La Moneda podrían cambiar sustancialmente la dirección de la nueva norma, algo que preocupa y molesta a las organizaciones que han trabajado desde el activismo cannábico en sus diversas facetas.

En entrevista con eldesconcierto.cl, la directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, cuestionó las intenciones del gobierno y advirtió que, de ser presentadas dichas indicaciones, el proyecto perdería su rumbo, que apunta especialmente a terminar con la criminalización de los usuarios cannábicos.

«De ser ciertos estos trascendidos, no se entiende en qué información se basa para referir a una planta, en qué estadísticas y estudios de las necesidades de un paciente o usuario recreativo se basan. Imaginamos que no es algo aleatorio, porque detrás del proyecto presentado en el Parlamento hubo un largo tiempo de trabajo con las organizaciones vinculadas con el tema, justamente para conocer las necesidades de los usuarios», argumentó Gazmuri.

En opinión de la actriz y activista, la ley en trámite busca proteger al usuario de la criminalización, mientras que las supuestas aprehensiones del Ejecutivo no tienen sustento en la realidad: «Sólo profundizan el problema que ya tenemos. Es decir, habría que poner más fuerzas policiales a fiscalizar y más personas serían criminalizadas», acotó.

«¿PARA QUÉ HACER UNA NORMA QUE VA A SER VIOLADA?»

Usuarios medicinales y recreacionales coinciden en que con una planta como máximo permitido para el autocultivo no se consigue lograr un abastecimiento que termine con las posibilidades del narcotráfico.

«¿Para qué vamos a hacer una norma que no se ajusta a las necesidades de los usuarios y que va a ser violada?«, se pregunta la actriz, añadiendo que, de ser presentadas las indicaciones, es mejor dejar la ley 20.ooo de drogas tal como está y aplicar lo que diga la Corte Suprema al respecto, que ya otorgó una sentencia favorable en este tipo de casos.

Por otra parte, la directora de Fundación Daya cuestionó la falta de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía respecto a este tema. El año pasado, tras el arribo de Bachelet a La Moneda, diversas organizaciones fueron invitadas a discutir el tema en un encuentro organizado por el Senda, pero «curiosamente los resultados de esta mesa de salud no se transparentaron, no se dieron a conocer a la ciudadanía. Yo participé así que conozco cómo de manera mayoritaria la mesa se inclinó a las transformaciones, como un punto necesario de salud», recalcó.

Para Ana María Gazmuri, este tipo de visiones prohibicionistas han impulsado a los usuarios a vincularse con redes de narcotráfico y a consumir un producto de mala o dudosa calidad. Así, no se estarían generando las condiciones mínimas de seguridad contempladas en una política de drogas de regulación y énfasis en la reduccción de daños.

«La presidenta se comprometió a revisar profundamente la ley 20 mil de drogas y a rectificarla. Al hacer esto, ¿de qué estamos hablando? Porque hoy día ellos sólo se descartan, diciendo que nunca prometieron autocultivo. Cuando hablamos de revisar la ley que permite el consumo, pero que no contempla formas de proveerse para este consumo, claramente es de esto de lo que tenemos que discutir. Y evidentemente no tiene sentido endurecer la legislación al respecto», explicó.

Durante el pasado 18 de marzo, más de 30 organizaciones de activismo cannábico enviaron una carta a Bachelet, que ésta respondió posteriormente asegurando que el tema sería revisado por el subsecretario del Interior. Hasta ahora, no ha habido respuesta. En tanto, hace dos semanas, las organizaciones volvieron a insistir para obtener una cita con Burgos, pero éste rechazó la petición por problemas de agenda.

«Los parlamentarios han tenido la responsabilidad de tomar este tema, pero el Ejecutivo, sobre todo cuando muestra tanto desconocimiento en sus propuestas, debe conversar con las organizaciones que trabajan con personas reales, de carne y hueso vinculadas a este tema», recordó Gazmuri.