Ciertamente los sabidos casos de financiamiento irregular a la política han vuelto espeso el aire entre el poder político-económico y el resto de los mortales, la inmensa mayoría de siempre. Estas acciones, reprochables y carentes de toda ética, esconden -¿todavía?- otros elementos más significativos y profundos que el mero tráfico de influencias: el verdadero impacto que estas prácticas tienen sobre las políticas públicas, planes y programas que debieran orientar al país hacia el desarrollo sostenible.

El financiamiento irregular a la política puede tomar formas distintas a las de las de boletas por servicios no realizados, y el tráfico de intereses puede trascender a la clase política y actuar sobre las vulnerabilidades sociales de los territorios.  Es así como la empresa Israelí IC Power, titular del proyecto termoeléctrico Los Rulos, que pretende emplazarse en la comuna de Limache, envió una carta al municipio limachino y que fue expuesta al Concejo Municipal, donde señalaba que “son tantas las instituciones que le han ido a pedir ayuda económica, que quieren hacer partícipe al municipio de esta situación y coordinar una especie de convenio para actuar en conjunto”, según consignaron medios de prensa locales.

Ante tal situación, parte de sus concejales votaron a favor de estudiar un protocolo entre el municipio y la empresa Cerro El Plomo S.A (encargada de la ejecución de la planta), sin percatarse que esto sólo contribuye a la concreción del proyecto energético. Cuando los ediles oigan de los humildes beneficiados que “yo no estoy contra la termoeléctrica pues a mi me ayudó cuando lo necesité”, ¿acaso no verán el accionar impúdico de compra de voluntades, o están mirando para el lado?

Resulta además insólito que el municipio limachino se preste para esta iniciativa, cuando en el marco de la evaluación ambiental se emitieron dos oficios, los que solicitaban el rechazo anticipado del proyecto, por su incompatibilidad con los instrumentos de planificación territorial.

Al  rechazo mencionado se suma el municipio de Olmué y la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso.  El único órgano de la administración del Estado con competencia en Salud de la población solicitó el término anticipado del proyecto debido a que es imposible determinar cuáles serán los impactos a los que se expondrá la comunidad limachina, dado que, tanto Limache y la vecina Olmué, carecen de una línea de base atmosférica con datos oficiales y supervisados por la institucional ambiental.

La idea de satisfacer las necesidades socio-económicas y  culturales desarrolladas sobre la responsabilidad social con el ecosistema, sucumben  ante la inmediata rentabilidad, al rápido enriquecimiento y a la monopolización de los servicios, costumbre histórica de la oligarquía chilena. Y digo oligarquía ya que, a pesar de su anacronismo, no encontramos mejor término para definirlos.

Claramente las prácticas de IC Power son de una violencia innegable, porque promueven, sólo por la ceguera del lucro, que pueblos se vuelvan en zonas de sacrificio. Se ha hablado hasta el hartazgo de los dramas  de Quintero, Ventanas, Freirina, Caimanes y tantos otros, pero a pesar de la obstinación, esta lista sólo puede esperar hacer espacio para otros pueblos “tirados a partir” por trituradoras ecológicas y humanitarias, con la asombrosa complicidad de sus representantes.  Sea a nivel local o a nivel nacional, la compra de voluntades, como el torcer de leyes, argumentos científicos y técnicos,  sólo apuntan  a convertirnos en un país exportador de inmoralidad y de corrupción. A la OCDE no le gusta esto.