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Uno de los contratos de trabajo de una trabajadora del aseo en la Facultad de Derecho le prohibía conversar con los estudiantes de la facultad. En la Facultad de Ingeniería se llegó a constatar que había guardias que hacían turnos de más de 60 horas. En Medicina, las trabajadoras y trabajadores del aseo tenían incertidumbre sobre en qué momento les serían pagados sus salarios. Y así, uno podría seguir enumerando largamente una serie de casos que tienen una lógica común: la precarización laboral que trae consigo el modelo de subcontratación en la Universidad. Son principalmente migrantes, mujeres y jubilados quienes sufren a diario la carga impuesta por este régimen, que divide entre trabajadores de primera y de segunda clase.

 ¿Cómo llegamos a adoptar este modelo, propio de lógicas empresariales del capitalismo contemporáneo, en la Universidad? La historia, como en gran parte de cosas, es conocida: es la dictadura la que generaliza la subcontratación como modelo de organización de la producción. Luego es la Concertación, quien con la excusa de regular dicho régimen, lo perfecciona con la ley 20.123. Los órganos del Estado no quedan ajenos a esta lógica, bajo lo que se conoce como la ‘’Modernización del Estado’’. Así es como desde los años 90’, la Universidad de Chile comienza un proceso de externalización de los servicios de aseo, guardias, casinos, jardinería, bajo los supuesto de lograr mayor eficiencia y calidad en los servicios.

La Mesa de Condiciones Laborales es un espacio tri-estamental –conquistado por los estudiantes, gracias a la movilización– que comenzó a sesionar a fines del 2014. En él confluye la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la Federación Nacional Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCh), miembros del Senado Universitario y rectoría, representada por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (VAEGI). Como primer tema se revisó la problemática del subcontrato en los servicios de aseo y guardias, poniendo sobre el tapete diversas experiencias a nivel de la Chile, así como también realizando análisis de las consecuencias de la adopción de este régimen, hecha hace ya varios años.

¿Cómo llegamos a adoptar este modelo, propio de lógicas empresariales del capitalismo contemporáneo, en la Universidad? La historia, como en gran parte de cosas, es conocida: es la dictadura la que generaliza la subcontratación como modelo de organización de la producción.

Este martes, la Mesa de Condiciones Laborales aprobó el informe que sintetiza las conclusiones a las que ha llegado en estos últimos meses. Lo importante de aquel informe es que da cuenta de la serie de problemáticas que ha traído el subcontrato en la Chile, a nivel de las malas condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores, pero también –aspecto fundamental– ha puesto de manifiesto que los argumentos que sostienen este régimen de contratación no son ciertos. El subcontrato, dada la alta rotación de trabajadores, la nula capacidad de especialización y el tamaño de las empresas que acudían a las licitaciones, no significó una mejor calidad.  Tampoco significó eficiencia en términos de costos: muchas veces la Universidad debió incurrir en altos costos administrativos para cumplir la labor de fiscalización que la ley le encarga, debiendo asumir litigios ante incumplimientos graves de la empresa, entre otros problemas. En este sentido, es notable el caso de Odontología, en donde, gracias a la internalización, prácticamente se doblaron los sueldos de los trabajadores –ahora funcionarios– y se dobló la cantidad de guardias: todo por el mismo precio que se pagaba a la empresa contratista.

Pero lo más importante del acuerdo suscrito es que, luego de asumir y caracterizar el subcontrato como un problema para la Chile, se opta por comenzar con procesos de internalización de los trabajadores y trabajadoras como mecanismo de solución. Aquello permite que el fin a la externalización no signifique que los trabajadores que actualmente laboran, bajo la condición de subcontratados, pierdan de forma masiva sus trabajos.

Este acuerdo da cuenta que la comunidad universitaria ha decidido ir en una dirección clara. Una donde se entiende que la Chile, para cumplir con el rol de ser una universidad para Chile y las necesidades de su pueblo, no puede dar lugar a la precarización laboral, sino que debe garantizar a cada funcionario condiciones laborales dignas. Pero esto no es solo un tema respecto a las condiciones laborales, sino que, en la decisión respecto de la subcontratación, también se pone en juego el cambio de modelo universitario: es un factor directo en pos del avance hacia el modelo de universidad que queremos y que estamos construyendo. De una universidad-empresa, que funciona con lógicas mercantiles como el subcontrato, a una universidad democrática, que permite que todos los estamentos –y dentro de ellos, todos sus trabajadoras y trabajadores– sean parte de la construcción de Universidad.  Finalmente, es relevante en tanto cumple una de las tareas que desde el 2011 tenemos como movimiento estudiantil: la de fortalecer los vínculos con otros sectores, en particular con los trabajadores, con miras a robustecer la posición de fuerza de los actores que bregamos por una transformación en el sistema educativo, en particular, y en el modelo neoliberal en general.

Pero tampoco debemos cantar victoria aún. El informe aprobado solamente constituye una recomendación para los decanos –dado el funcionamiento feudal de nuestra universidad–, por lo que ahora viene la tarea fundamental. Por una parte al interior de cada facultad e instituto, donde las comunidades deben ser claras y firmes en torno a la adopción de la recomendación del informe, para que así se comience con los procesos de internalización. Pero también – y al mismo tiempo– a nivel de Universidad, con miras a la aprobación que se debiera dar del documento en el Consejo Universitario. Incluso una vez logrado aquello, el proceso no termina, pues será necesario acompañar los procesos de internalización y velar por el correcto trato de las trabajadoras y trabajadores en estos procesos. Casos como el ocurrido en la Facultad de Derecho, donde cerca de 12 trabajadoras perdieron el trabajo, no se pueden repetir. Finalmente, aún nos resta velar por el mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios, atendiendo a sus demandas históricas, como la de impulsar la creación de una verdadera carrera funcionaria al interior de la Chile.

Hoy damos un paso importante y debemos estar conscientes de la relevancia de este pequeño avance. Tanto por la forma en que fue conseguido: gracias a nuestra movilización y la articulación con los funcionarios, como también por el fondo, porque de a poco vamos recuperando la dignidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Chile, y vamos reconstruyendo una Universidad y un país cuyos pilares sean la justicia, la dignidad y la democracia. Hoy decimos más fuerte que nunca: ¡adelante, adelante, obreros y estudiantes!