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La reciente decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto de la objeción preliminar presentada por el gobierno chileno, en cuanto la competencia de ese tribunal para analizar la demanda marítima con Bolivia, y que fue rechazada de manera contundente por catorce votos contra dos, tuvo como era de esperarse dispares reacciones, tanto en territorio nacional como boliviano. Mientras en nuestro país la acogida política fue, en general y a pesar de la decepción, moderada -con la excepción del ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien empuñando la bayoneta advirtió que si Bolivia quería mar debía venir “a buscarlo a Chile, aquí los esperamos”-, en Bolivia la satisfacción no se disimuló, expresándose con alegría al ser interpretado como un buen paso para la diplomacia de ese país. Optimismo al que nuestras autoridades le bajaron el perfil, restándole importancia e interpretándolo, en esa dirección, como una estrategia meramente electoralista del presidente Evo Morales destinada a conseguir otro periodo más al mando del gobierno de su país (acusación de naturaleza similar a la que hizo el ex Presidente boliviano, Jorge Quiroga, respecto de la labor desarrollada por el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, una de las figuras políticas mejor posicionadas a nivel interno según las encuestas) La lápida del descrédito nacional respecto de la celebración boliviana la puso la propia presidenta Bachelet al sentenciar que, tras la decisión de la corte internacional -y a pesar de ella- “Bolivia no ha ganado nada”.

Salir de la caverna y sentarse a conversar para la superación inteligente del tema mediante, por ejemplo, alguna negociación que permita beneficios equitativos para ambas partes, en lugar de perseverar de manera obtusa en una política de estado.

El foco, sin embargo, es otro. Porque más allá de lo categórico de esta frase y de que, en efecto, la decisión de la corte internacional no signifique cesión territorial a nuestro vecino, lo cierto es que la postura chilena, al ser rechazada de manera tan amplia, ha perdido bastante. El pilar fundamental de la construcción de su inmutable discurso en cuanto a que “no hay temas pendientes con Bolivia”, y que le ha permitido a nuestro país evadir sucesivamente el debate de fondo, se ha visto fuertemente debilitado y cada vez resulta menos válido o efectivo a la hora de pretender la mantención de este argumento como estrategia ad eternum, amparado en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 (el cual ha sido incumplido, según la cancillería boliviana, toda vez que compromete y garantiza en su artículo sexto “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y el acceso a los puertos en el Pacífico”, lo cual no habría sido respetado en el espíritu de la norma debido al cobro de los servicios portuarios. Así mismo, el artículo séptimo de dicho tratado indica que Bolivia “tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio”, concesiones que recién hacia fines del siglo XX fueron aplicadas en su totalidad)

El escenario, entonces, ahora es otro. En él la diplomacia chilena, emplazada al diálogo y desprovista del cómodo blindaje que le permitía su intransigente discurso, deberá saber actuar con una lógica distinta. Salir de la caverna y sentarse a conversar para la superación inteligente del tema mediante, por ejemplo, alguna negociación que permita beneficios equitativos para ambas partes, en lugar de perseverar de manera obtusa en una política de estado que, al igual que otras (como por ejemplo la sostenida con el pueblo mapuche), finalmente no ha dado los resultados que podrían esperarse, especialmente respecto de gestiones llevadas a cabo por regímenes democráticos. Sí hay temas pendientes con Bolivia, y es en ese terreno abierto en donde deberá evaluarse la coherencia y contundencia de los distintos argumentos que puedan ser presentados por parte de ambos países. Habrá que ver de qué manera Chile elabora los suyos y cómo es capaz de desenvolverse fuera de su habitual trinchera, enfrentando el trabajo intelectual de responder razones con razones y no con murallas empecinadamente sordas.

Ahora bien, la decisión de la corte produjo también otro efecto, especialmente apreciable en redes sociales, en las que fue posible ver cómo las posturas nacionalistas, instruidas mediante la enseñanza doctrinaria de la historia oficial, se confrontaron con las expresadas por otros compatriotas que, sin embargo ser igualmente chilenos y chilenas, poseen una lectura distinta de los hechos, distante a la versión interiorizada y defendida por la mayoría. En esta dinámica de opiniones encontradas, la legitimidad del disenso adquiere para estas exacerbadas posturas tradicionalistas rasgos casi anti-natura respecto de lo que debería ser la defensa alineada y orgullosa de los “valores patrios”, los que incluyen dosis no menores de un desprecio racial miserablemente enquistado hacia peruanos y bolivianos, y que en esta ocasión se pudo una vez más comprobar, por ejemplo, a través de los llamados “memes”, algunos de los cuales mostraban de manera “humorística” -más bien horrorizada- a indígenas del país altiplánico remojando sus morenos pies en el mar de playas como Reñaca y Zapallar. La rabiosa irritación nacionalista-clasista se incrementa ante la reacción de los connacionales que creen en una racionalidad distinta y no comparten la opinión que debería uniformarnos a todos y todas bajo una misma bandera. Los objetores de conciencia ante el discurso hegemónico son considerados entonces “malos chilenos”, “malagradecidos”; casi como si estuviera bajo los efectos de la “chupilca del diablo”, la furia patriotera acusa a los que no cierran filas en torno a la causa de “traición”. No sumarse a la burla colectiva hacia las pretensiones bolivianas y pensar, por el contrario, que su demanda sí tiene sustento, equivale a ser “comunista vendepatria” (crítica hecha, paradojalmente, por los mismos sectores ideológicos defensores de la “soberanía nacional”, a los que sin embargo les importa bastante poco que las riquezas del país estén privatizadas en manos extranjeras)

¿Quién pierde cuando Chile pierde? Nos dicen que pierde la patria, el pueblo. Es decir, todos. De ahí el sustento teórico respecto de que la defensa debería ser generalizada, institucional, más allá de divisiones partidistas. Se apela a la sangre derramada en la guerra para unificar un sentimiento que permita defender “los intereses del país”. Sangre de soldados de extracción humilde que fue sacrificada, precisamente, por y para esos intereses, que son de unos cuantos, los beneficiarios directos y administradores de la riqueza. Por ello, para saber realmente quién pierde cuando Chile pierde, habría que entender quién gana cuando Chile gana. Cómo se distribuye el dinero obtenido gracias a la venta de nuestros recursos naturales, dónde se concentra. En qué medida el país que se llama a defender pertenece realmente a la gente. De quién es el mar, los ríos, el cobre, los glaciares. La tierra. Es a partir de esta reflexión desde donde debe surgir la verdadera defensa ciudadana de aquello que le pertenece, más allá de hacerlo con símbolos o conceptos ambiguos, instrumentalizados para las conveniencias de una minoría. La misma de siempre.