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A la Comunidad Universitaria

“En su sesión ordinaria del Consejo Directivo celebrada el día 29 de Septiembre, y por iniciativa del consejero José Joaquín Brunner, se convino establecer unánimemente como un principio carente de excepciones la separación total entre las tareas de control de la administración, por una parte, y de participación en tareas académicas, por la otra. En consonancia con ese principio, el consejero José Joaquín Brunner comunicó su decisión de renunciar al Consejo Directivo; el consejero Otto Dörr declinó ser elegido para un nuevo periodo; y el consejero Agustín Squella reiteró su decisión, comunicada el semestre anterior, de retirarse de la Facultad de Derecho. La renuncia del Consejero José Joaquín Brunner se hará efectiva a contar de Marzo del próximo año y en el mes de Noviembre del presente cesará en su cargo el consejero Otto Dörr. Ambos continuarán como profesores de jornada de la Universidad Diego Portales. El prof. Brunner como director del programa de doctorado en educación superior UDP-Leiden y el prof. Dörr como director del programa de psiquatría y fenomenología.

De esta forma el Consejo Directivo de la Universidad Diego Portales se erige, sin excepciones, como un órgano de control externo, conforme a lo que se estima es una de las mejores prácticas del sistema universitario”.

Carlos Peña, Rector UDP  

A partir del correo enviado a la comunidad universitaria realizamos la siguiente reflexión

La reforma educacional ha sufrido múltiples modificaciones, especialmente en los criterios propuestos por el Mineduc para acceder a la gratuidad. Uno de estos criterios son los modelos de gobierno, es decir, la democracia universitaria.

El pasado primero de Octubre la Universidad Diego Portales (UDP) hizo una revisión de la composición de su máximo órgano deliberativo: el Consejo Directivo Superior (CDS). En esa sesión se tomó la decisión de modificar su composición para configurarlo, sin excepciones, como un órgano de control externo a la universidad.

La democracia que existe hoy en la UDP es claramente ineficiente ya que no permite la configuración de un verdadero diálogo entre los distintos estamentos, ni la búsqueda de un proyecto educativo consensuado y orientado a ser el reflejo de la necesidad de una comunidad.

A partir de esta medida se desvincula a la comunidad académica y estudiantil de la posibilidad de incidir en materias de gran relevancia para la universidad. La participación de académicos y estudiantes queda así limitada a la asistencia a ciertos consejos (directivo, académico, de facultad o de escuela), sin poder participar, por ejemplo, en la toma de decisiones sobre el patrimonio. Cabe mencionar que la totalidad de las decisiones abordadas por los consejos puede ser ratificada o vetada por el CDS, si así lo estima conveniente.

Cuando hablamos de democracia universitaria y los sistemas de gobierno es necesario cuestionarse la composición de estos, su caracterización, quiénes toman las decisiones y, por último, su finalidad. Especialmente en el contexto de una reforma educacional.

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¿Es posible que el máximo organismo deliberativo de una universidad que pretende tener un carácter público se auto-elija, auto-regule y tenga la facultad de revocar la mayor parte de las decisiones que se toman en el resto de las instancias deliberativas de la institución? ¿Con este modelo de gobierno, es posible declarar a esta Universidad como una institución democrática, autónoma y en concordancia con un nuevo sistema de educación pública?

La democracia que existe hoy en la UDP es claramente ineficiente ya que no permite la configuración de un verdadero diálogo entre los distintos estamentos, ni la búsqueda de un proyecto educativo consensuado y orientado a ser el reflejo de la necesidad de una comunidad y no la voluntad de un grupo minoritario. No buscamos, nunca, meras empresas que administren bienes. Somos estudiantes de la supuesta universidad del “rol público”, pero nuestra institución habla de democracia entre unos pocos, hace ya demasiados años.

En el marco de una reforma educacional en donde se persigue la “conformación democrática” de las instituciones, es nuestro deber exigir que este criterio no se limite a la regulación sin vinculación o a la falta de comprensión de la verdadera administración de nuestra casa de estudio. Una reforma planteada de esa manera no transforma. Necesitamos construir una educación verdaderamente democrática y acorde a las necesidades de nuestra sociedad. Ya que una educación que no responda a los intereses de un directorio sino a los de una comunidad o, en definitiva, no puede llamarse democrática y, por ende, de carácter público.

Hace 30 años se instauró un sistema universitario que permite que la educación sea concebida bajo una lógica mercantil. Hace 20 años vimos cómo se consolidó y perfeccionó este modelo. Hoy, tenemos la oportunidad de exigir que la reforma sea verdaderamente estructural. El gobierno debe dejar de dar golpes ciegos, sin orientaciones claras hacia la educación pública y dejando sin dirección o propósito fijo a las instituciones. Mientras el gobierno decide con quién transar, quedamos los estudiantes y académicos, esperando formarnos en instituciones que comprendan, realmente, que deben estar al servicio del país y que cuyas democracias dejen de ser trajes a la medida de un reducido y arbitrario, Consejo Directivo externo.