El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias nació en julio de 2010 con el objetivo de determinar montos, pago de personal, traslados, reajustes y criterios de usos de recursos fiscales para las diversas tareas en comités y trabajos de los legisladores. Este organismo se creó tras los escándalos por malversación de fondos en 2009 en el que estuvieron envueltos los diputados Máximo Errázuriz, Claudia Nogueira, Julio Dittborn y Jorge Sabag.
La función del Consejo, según dictada la normativa, es modernizar y transparentar el uso de los recursos públicos del Poder Legislativo. Con este organismo los parlamentarios prescindieron una parte de sus atribuciones y que era destinarse así mismos el monto de sus asignaciones. A partir de la creación de la entidad -autónoma, independiente e integrado por personas «ajenas» al Congreso-, el Consejo es ahora quien determina los criterios para el uso de los fondos públicos.
Pero a pesar de los esfuerzos del Congreso Nacional por barrer las viejas prácticas y transparentar sus actividades, hasta ahora lo único que han logrado es engordar la maquinaria de la burocracia estatal con funcionarios que no fiscalizan y que permiten que continúen las malas prácticas. Hasta ahora la Cámara de Diputados y el Senado han invertido más de 7 mil millones de pesos en informes y asesorías legislativas desde marzo de 2014, que en general los parlamentarios asignan a institutos y fundaciones a fines a sus partidos políticos.
Más de 2 mil 800 contratos por servicios que van desde encargo de informes en derecho sobre materias legislativas a estudios de popularidad en redes sociales, diseño de logos y mensajes publicitarios. Quienes hasta ahora se han llevado el mayor pedazo de la repartición de fondos destinados a asesorías externas son el Instituto Igualdad (447 millones de pesos), vinculado al Partido Socialista y la Fundación Jaime Guzmán (387 millones de pesos), ligada a la Unión Demócrata Independiente.
Mientras esto ocurría, los cuatro miembros del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, presentaron un informe que consta de 38 páginas y en el cual detallan las actividades realizadas durante las 11 sesiones ordinarias y las nueve entrevistas y reuniones que comité realizó durante todo el 2014. Estas esporádicas reuniones se realizaron en su mayoría en las dependencias del Congreso Nacional en Santiago, previa citación de la secretaría ejecutivas.
¿QUIÉNES SON?
Los cuatro miembros que componen el Consejo Resolutivo y que según su objetivo debería ser una entidad autónoma, independiente y externa al Poder Legislativo, son a lo menos representantes en buena parte del duopolio político que hasta ahora ostenta las mayorías en ambas Cámaras. El presidente, Sergio Páez, es un ex senador y militante democratacristiano; Claudio Alvarado, ex diputado UDI; Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile; y Vittorio Corbo, economista neoliberal y presidente del Banco Central durante la presidencia de Ricardo Lagos.
Al principio integró la Comisión Alberto Arenas, quien abandonó el cargo tras ser nombrado Ministro de Hacienda para el primer gabinete de la presidenta Michelle Bachelet.
En el caso de Sergio Páez, militante DC de 82 años y que presidirá la instancia hasta el 2018, se trata de un ex parlamentario que inició su carrera política en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y que durante la dictadura desarrolló actividades empresariales en el sector privado, según consta en la página del Consejo. Páez además encabezó la reorganización de la DC en 1977 y en 1988 se convirtió en el Jefe del Comando del No en la zona sur de Chile. Luego de la dictadura fue electo como parlamentario y ejerció cargos en comisiones y diversas instancias como miembro de la Concertación. Luego de dejar la actividad parlamentaria fue Asesor del Gabinete presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet y Director del Banco Estado.
¿DE QUIÉN ES ESTA FIRMA?
Los miembros del Consejo reciben una dieta mensual de 100 UF, es decir, 2 millones 538 mil pesos; mientras que el presidente obtiene 30% más de sueldo, o sea, 3 millones 300 mil pesos. A cambio, deben revisar las peticiones de los legisladores para aceptarlas o rechazarlas y discernir, a propósito del Presupuesto, en cuánto reajustarán las asignaciones parlamentarias.
Pero este trabajo, de poca carga laboral y de generoso estipendio, es realizado de manera, a lo menos, desprolija.
A un año de asumido el Consejo, a través de la sección de Transparencia Activa de la página web de la Cámara de Diputados, publicó su Memoria Institucional 2011, último documento disponible donde se detalla el marco normativo, los estudios realizados, las políticas de asignaciones, las actuaciones del Consejo Resolutivo y los desafíos del último periodo. En la presentación del documento hay un texto titulado Palabras del Presidente, en el que efectivamente al final del comunicado se halla la firma y los datos del remitente. Lo que al menos llama la atención es que la rúbrica que aparece en el documento es la misma que la del ex mandatario cubano Fidel Castro Ruz.
Firma del documento oficial y la firma de Fidel Castro
De no ser la firma auténtica del presidente Sergio Páez, la rúbrica sería el corolario de que algo está mal, pues sólo unos párrafos arriba de aquel error, marcando un sello de que el consejo debería conferir la debida solemnidad, dicta lo siguiente: «Ante los significativos cambios habidos en la manera como la sociedad observa el cumplimiento de las obligaciones de sus autoridades, los señores Senadores y Diputados de la República creyeron indispensable llevar adelante un conjunto de reformas con el propósito de modernizar y transparentar el uso de los recursos públicos».
El notorio desacierto en la firma en un documento oficial publicado por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias abre la puerta a varias preguntas: ¿qué probidad pueden exigirle a los legisladores? ¿por qué no está puesta la propia firma del presidente? ¿está acaso firmada efectivamente si es que no se corresponde con la rúbrica oficial de quien debiera inscribirla? ¿es una usurpación?
Consultado por eldesconcierto.cl, el senador Alejandro Navarro emplazó al Consejo a hacer «énfasis en sus actuaciones protocolares que tanto exigen a los parlamentarios. De ser tal el error, demostraría la debilidad del Consejo«.
Al respecto eldesconcierto.cl intentó comunicarse con los integrantes del Consejo Resolutivo, pero sin tener respuestas ni del por qué la firma de Fidel Castro en el documento o cómo fue que esto ocurrió. La secretaria del Consejo, Ana María Cañas, argumentó que el error no es de ellos y que en la página del organismo, la firma es la correcta. Efectivamente en el sitio www.consejoresolutivo.cl la firma es distinta a la que aparece en el sitio www.camara.cl.
Revisa la memoria del organismo donde aparece la firma de Fidel Castro en la página 10, a continuación:
