A 27 años del “No”: El mito de la transición chilena

La Presidenta Bachelet en la conmemoración de los 27 años del triunfo del No, alabó a los demócratas que pusieron fin a la dictadura, y sostuvo que la Nueva Mayoría continúa los esfuerzos de quienes lograron durante los noventa esos importantes cambios democráticos en el país. Es decir, felicita a la transición, y la concibe como un proceso en el cual se había acabado dictadura, pero aún se estaba en tránsito hacia condiciones reales de democracia.  Dicha concepción se aplicó durante todos los noventa por la Concertación, para decir que aún se estaba en disputa con los sectores autoritarios, y por tanto no se estaba en condiciones de discutir el modelo social y económico: de lo que se trataba era de impedir la regresión autoritaria, y por tanto el resto de las discusiones eran peligrosas para la estabilidad del momento de transición. Mi intención es argumentar que ese concepto de transición es farsante: éste implica que se estaba en proceso de llegar a la democracia; sin embargo, en Chile fue evidente que no transitábamos hacia un régimen distinto, sino que estábamos frente a la consolidación de las estructuras autoritarias que instaló Pinochet. En otras palabras: en Chile no tal concepción de transición fue un mito, y la democracia genuina que hipotecaban para después nunca llegó.

El Chile autoritario fue gobernado por una coalición entre militares y élites civiles tecnocráticas. Ambos se potenciaron para mantener a flote el sistema; por una parte, los militares se hicieron del poder de la toma de decisiones y la coerción violenta de la ciudadanía, mientras que por otra parte los tecnócratas diseñaron las políticas públicas que permitirían hacer viable el nuevo modelo. Militares y tecnócratas construyeron todo un edificio institucional, diseñado específicamente para mantener y reproducir la estructura neoliberal que habían implantado.

La efectividad de esta alianza le dio una particularidad al régimen de transición a nuestro país. Sin duda, el mecanismo por excelencia para preservar esta “democracia protegida” fue la Constitución de 1980, si bien existen muchos otros que ya han sido suficientemente enumerados. Ahora bien, lo notable es que la coalición que dirigió el regreso a la democracia no discutió ninguno de los pilares que sostenían al modelo; por el contrario, pactaron su mantenimiento con el gobierno autoritario, incluso llegando reconocerse de manera explícita (el famoso “en la medida de lo posible” de Aylwin es el ejemplo más conocido, también se pueden mencionar los acuerdos marco impulsados por Lagos para terminar de desactivar al movimiento sindical, el sistema binominal, etc.). En otras palabras, el fin de la dictadura tiene un carácter pactado, pues se aceptó bloquear la capacidad transformadora del régimen democrático, a favor del mantenimiento del “milagroso” orden socioeconómico creado por el pinochetismo, que prometía crecimiento continuo y riqueza sin igual (aunque no a todos).

Con lo anterior, al retorno de la ‘democracia’ la Concertación siempre consideró deseable negociar con una derecha que se mantuvo fiel al legado del ‘antiguo régimen’, pues le daría estabilidad al modelo. El sistema político estaba estrechamente ligado al autoritarismo pasado, pero parecía hacer uso de una amnesia selectiva: los mismos grupos que querían borrar por decreto los recuerdos de la represión, recuperaban la buena memoria cuando se trataba de defender la cuestionable legitimidad de la Constitución.

Pero la mantención del modelo no sólo fue por medio de leyes: la Concertación legitimó social y culturalmente al nuevo modelo, pues la coalición que representaba simbólicamente el fin de la dictadura aceptó sus líneas gruesas y olvidó el discurso crítico que habían levantado en su contra. Con esta operación, lograron lo que los militares y la derecha no podían: legitimaron el sistema impuesto, al aceptarlo y darle una justificación histórica y política, que hicieron masiva a través de su fuerza electoral. Se trata de una ‘derechización de la izquierda’, un paso del socialismo renovado hasta un social liberalismo, dejando atrás incluso al planteamiento de una alternativa social democrática. Sucumbieron a una adoración al mercado y al temor de la regulación estatal.

Cada vez que se solicitó discutir el proyecto de sociedad durante los noventa, respondían que “aún se estaba en transición”, lo cual impedía cualquier debate profundo por el posible tensionamiento a la estabilidad de la democracia. Así, se vislumbró a fines de los 90 que el proyecto socioeconómico de la Concertación no parecía diferenciarse al de la derecha económica y política. El resultado fue que derechas e izquierdas hablaban de lo mismo: ¿quién recuerda cuando, en los debates presidenciales, los presentadores afirmaban que las diferencias en los programas políticos se limitaban al número de efectivos en la calle, o a la reparación de luminaria? Se eliminó toda discusión sobre el  modelo de desarrollo, pues se asumió que el único posible era el “milagroso” neoliberalismo.

Y, si ya existían leyes que dificultaban la participación política, esta ausencia de discusión agravó aún más la deslegitimación de esta esfera de la vida, pues pasó a ser un espacio insípido; en el debate político ya no se jugaba el destino de la sociedad, el neoliberalismo se volvió a-histórico y eterno, obvio. La principal preocupación pasó a ser la ‘gobernabilidad’, es decir, la estabilidad sin conflicto, una noción completamente apolítica de lo político (incluso, algunos ideólogos de la Concertación afirmaron que la desarticulación social era necesaria para mantener gobernabilidad). Al negar toda discusión sobre la sociedad que se está construyendo, se anulan las posibles diferencias entre los actores, y con ello se invisibilizan.

En este punto, cabe interrogar a la ‘transición’ que alaba la Presidenta Bachelet. Es evidente que en su argumentación afirma, como diversos intelectuales, que la transición a la democracia “estaba incompleta” en los gobiernos de la Concertación de los noventa, en el sentido de que no había finalizado. Es decir, reconoce que el régimen post dictadura estuvo profundamente marcado por enclaves autoritarios, por lo cual no se han cumplido los requisitos para hablar de una democracia. Aylwin tuvo que retractarse cuando afirmó el 9 de agosto de 1991 que la transición había terminado, Augusto Pinochet sostuvo que la extradición en España podía afectar la transición a la democracia. Lagos fue el primero en atreverse a decir que el 2005 -en su gobierno- la transición había concluido, ya que la mayoría de los elementos no democráticos de la Constitución habían sido eliminados. Sorprendentemente, en esa época ni siquiera se hablaba de reformar el sistema binominal.

Con todo lo anterior, hoy uno podría preguntarse si alguna vez hubo una real ‘transición a la democracia’, o sencillamente se administró el modelo instalado en dictadura. Se mantienen vigentes los principales pilares de la Constitución de 1980, existe bajísimos índices de sindicalización, los medios de prensa están groseramente concentrados en pocos propietarios, se ha hecho evidente la corrupción de la clase dirigente, la colusión empresarial, los abusos contra los consumidores, y un largo etcétera. ¿Se puede realmente hablar de que el período de “ajuste democrático” ya terminó?

Creemos que no. Es difícil sostener que se ha terminado con todas las estructuras que nos heredó la dictadura para mantener una democracia restringida, que a su vez sostenga al neoliberalismo. Así, la dictadura chilena logró ser de las más ‘exitosas’ de América Latina, dado que su modelo económico social no solo no se cuestionó sino que fue profundizado. Con todo, la ‘transición a la democracia’ de la que se habla hoy en día, en tanto proceso previo a la consolidación la democracia plena, parece ser un proceso que, o no ha terminado, o bien nunca existió como una transición, sino como un estado permentente.