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La década de los ´80 fue un período que restituyó el optimismo de las organizaciones sociales de base en las distintas poblaciones del país. Las redes solidarias entre los pobladores trajeron nuevos bríos, que en ese momento los reunía nuevamente en los espacios públicos para encarar el desafío de luchar contra la dictadura.  Esta revitalización de la acción colectiva entre los pobladores, a nuestro juicio, no sólo fue gatillada por el estímulo de una coyuntura que convoca a distintos actores sociales y a partidos opositores a Pinochet; también el contexto político puso en evidencia que las redes organizativas no habían sido del todo destruidas por la dictadura durante su primera década, y de alguna manera habían logrado sobrevivir a la violencia institucional aplicada a los sectores populares, a través de la puesta en marcha de una relativa conexión –en la clandestinidad– entre los pobladores por un lado, y los dirigentes y militantes de partidos de izquierda perseguidos por los aparatos represivos, por el otro. Estas redes clandestinas no hubieran sido posibles sin la herencia que los propios pobladores traían de sus luchas de décadas anteriores (p. ej., las “tomas” de terrenos que dieron origen a algunas de las poblaciones más emblemáticas), y que por lo demás, permitieron restituir en la década de los ´80, la potencia de sus acciones colectivas en las calles. En suma, dicha época nos muestra a las organizaciones sociales populares en una línea de continuidad de sus prácticas organizativas históricas, que se vieron enfrentadas a un escenario de nuevas luchas contra la dictadura.

Los espacios públicos ya no tienen el valor social y político de la década de los ´80, y el mundo popular pierde protagonismo en su propio terreno, cediéndoselo a los traficantes de poca monta y a los delincuentes sin cuello ni corbata

Este vector de continuidad de la organización popular en los ´80 logró sortear con aparente éxito el intento de la dictadura por desarticular social y políticamente las bases organizativas en las poblaciones, a través de una violencia institucional sistemática que buscaba desalentar en el futuro toda posibilidad de iniciar acciones colectivas en los espacios públicos. Dicha violencia no surtió los efectos esperados en forma inmediata: más bien durante los ´90, la desarticulación se manifestaría mediante la penetración del modelo económico neoliberal, que por diversas vías pondría en cuestión la continuidad del legado de auto-organización que identificó a la cultura del habitante de población: una de las formas más poderosas de descrédito de dicho legado fue la criminalización de la acción popular en los espacios públicos, levantada principalmente desde los medios masivos de comunicación.

En efecto, durante la década de los ’90 esta tendencia criminalizadora se vio acompañada por un déficit de participación comunitaria en las poblaciones. La correlación de ambos fenómenos permite esbozar un panorama social y cultural en que el deterioro del espacio público en las poblaciones se corresponde con la desarticulación de las organizaciones comunitarias. En vísperas del cambio de siglo, diversas miradas a la sociedad chilena –como por ejemplo, los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo– ponen en evidencia la precariedad del desarrollo humano en su dimensión subjetiva, si se la compara con otros indicadores más objetivables como la infraestructura y la cobertura en  educación y salud: aspectos como la convivencia, la confianza y la apropiación de los espacios públicos, aparecen significativamente deteriorados en la sociedad chilena.

Así, el contexto político y social en la post-dictadura nos pone frente a un escenario complejo en relación a la existencia de las organizaciones comunitarias en las poblaciones, pues su desarticulación se produce precisamente en un escenario de reconstrucción democrática, el cual supuestamente iba a permitir la ampliación de las iniciativas comunitarias, en un ambiente distinto a la represión implementada por la dictadura. La paradoja fue que en vez de generar espacios colectivos de participación poblacional, la transición democrática provocó más bien su abandono, promoviendo un clima social de malestar ciudadano al terminar la década de los ´90.  En esta misma dirección, se ha señalado que durante las últimas dos décadas se ha perpetuado el diseño jurídico concebido por la dictadura, uno de cuyos efectos más potentes ha sido el logro de la criminalización de la participación de los sujetos populares en el espacio público.

En su globalidad, este clima de la sociedad chilena afectó a la propia vida social de las poblaciones, las que desde entonces han sido invariablemente relacionadas con el crimen desde la mirada de la cultura hegemónica: desde la viñeta humorística que satiriza al sujeto de población como un flaite, hasta su protagonismo indeseado e indeseable en la página policial de los diarios y en las cuñas del noticiario televisivo, pasando por los muros y rejas que los separan de los condominios de la clase media aspiracional.  Como se ha mostrado hasta el hartazgo, a partir de los ´90 hay una imagen de la vida social de la población radicalmente distinta de aquella que en la década anterior mostraba un rostro asociado a la convivencia, la solidaridad y la organización colectiva. Allí se revela, a nuestro juicio, un vacío de conocimiento sobre las dimensiones territoriales, sociales, culturales y políticas que han tenido incidencia en este cambio de imagen. Así, la desarticulación de las redes organizativas populares ocurrida en la transición tiene, a nuestro juicio, una influencia que perdura hasta el día de hoy, en términos de un divorcio entre la organización comunitaria de los pobladores y la actividad política del sujeto popular.

Ante este panorama social y cultural, en que los pobladores y su acción pública son proyectados sobre un ambiente corroído por los flagelos de la droga y la delincuencia, resulta interesante mirar desde una perspectiva histórica las posibles continuidades y rupturas que provocaron que en los años ´90 se manifestara una debilidad en las organizaciones sociales de base, que eran herederas de la lucha socio-política contra la dictadura en la década de los ´80. Desde esta mirada, las preguntas cruciales son: ¿fue la criminalidad la que se impuso como una imagen predominante en las poblaciones, y como resultado de este fenómeno, hubo un proceso de desarticulación de sus organizaciones comunitarias? ¿O dichas organizaciones comunitarias han logrado resistir a la desarticulación generalizada de las organizaciones sociales y políticas en el país durante las últimas dos décadas?

De esta manera, la recurrencia de imágenes deterioradas de la vida poblacional (en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas en clave de sentido común, en las afirmaciones proferidas por intelectuales progresistas), va delineando una figura del poblador como un sujeto vulnerable y sin capacidades para sortear los problemas de su entorno social, y han sido determinantes para la construcción de una agenda de seguridad ciudadana en todos los gobiernos desde el retorno de la democracia, especie de consenso desde el cual la inseguridad ciudadana se entiende fundamentalmente a partir del creciente ingreso de niños y jóvenes al mundo delictual: estos adolescentes que provienen invariablemente de las poblaciones son señalados como los principales responsables en el aumento de los delitos que afectan a los sectores acomodados de la sociedad chilena. Así, la imagen estigmatizada de la población como consigna de la seguridad ciudadana no sólo apuntó al deterioro de sus espacios públicos, sino también a instalar la idea de que en ellas estaba –y está– la fábrica del delito.

Ante este escenario, el dilema que enfrenta el mundo popular está planteado entre la aceptación de este discurso hegemónico acerca de su identidad y acción colectiva, o la reconstrucción, esta vez en formato de siglo veintiuno, de las prácticas culturales –a estas alturas, cuasi ancestrales– que les permitieron sobrevivir a la miseria primero, y a la dictadura más tarde.

En el primer caso, dicha aceptación ya se evidencia, por ejemplo, en el fenómeno paradójico de la privatización de las formas de vida poblacional, desde la iniciativa de los propios pobladores que, ante la propagación del tráfico de drogas y el recrudecimiento de la violencia callejera, deciden organizarse para levantar rejas en torno de sus espacios comunes, remedando la actitud del miedo o rechazo al pobre/poblador/flaite, actitud que emerge como un pilar central de la cultura de la clase media aspiracional (la que a su vez es un remedo de la actitud segregacionista de la clase acomodada). Como resultado de aquello, los espacios públicos ya no tienen el valor social y político de la década de los ´80, y el mundo popular pierde protagonismo en su propio terreno, cediéndoselo a los traficantes de poca monta y a los delincuentes sin cuello ni corbata.

En el segundo caso, escenario de pura posibilidad, los pobladores podrían recuperar el uso y señorío en sus propios espacios públicos, mediante la restauración de sus prácticas culturales centradas en el trabajo puesto en común, en la acción colectiva que evoluciona desde lo comunitario y se proyecta hacia lo social y lo político, en el rescate de una identidad propia y no impuesta desde las caricaturas de la conversación social. En suma, en el rescate de un orgullo invisibilizado bajo las imágenes abrumadoras del deterioro y la precarización proyectadas desde los medios.

En este caso, el gran desafío es: ¿Cómo conducir, desde sus propios habitantes, este proceso de reconstrucción de la sociabilidad de las poblaciones? ¿Cómo pueden los mismos pobladores liderar la tarea de restauración de una subjetividad popular, puesta en acción en los espacios públicos, dentro y fuera de las poblaciones?