Sra. Carmen Castillo, ministra de Salud

Sr. Carlos Furche, ministro de Agricultura

 Sr. Michel Leporati, director de ACHIPIA

trangenicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la soberanía alimentaria. Hoy no  podemos decidir qué producimos y qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos.

Al contrario de lo que  pregonan autoridades de gobierno y la agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad,  producida  utilizando hormonas, preservantes, colorantes  y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más  supermercados repletos de transgénicos no etiquetados, en general alimentos procesados importados a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud.

Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni fertlizantes,  no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales garantizados a la agroindustria.

La vista gorda con el glifosato

Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de plaguicidas y transgénicos,  no arrojan conclusiones válidas porque sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración.

Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno, que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también registrados y en uso en Chile.

Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas ni  desagrega por comuna la información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así  se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales.

Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio

El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos para realizar investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que introduzcan  esos cultivos para el mercado interno.  Según un boletín de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173  de Corfo  junto a INIA,  “los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto “Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”.

También hay nuevos fondos estatales entregados al  Consorcio BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10 años.

El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos. Los supermercados nos venden alimentos procesados importados, que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno producido convencional u orgánicamente. SERNAC  y MINSAL se amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos que contienen transgénicos.

Más fondos para el agronegocio

Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de  la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a  resultados de innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas tecnológicos para beneficio de la agroindustria.

Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros, así como  la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo, se han entregado fondos importantes para que estas instituciones desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”.  Los resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de  la quínoa y  el pepino dulce.  Esas nuevas variedades, con propiedad intelectual registrada  en el SAG, por su costo no estarán al alcance de los pequeños campesinos. Este tipo de  “mejoramiento” genético tampoco tiene como objetivo  satisfacer al consumidor sino al comercializador.  Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para facilitar su transporte.

Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar campesina,  ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de transición de producción convencional a producción agroecológica.  El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación.

El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo  estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el ambiente.

Achipia aboga por normativas laxas

Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como  portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”,  en 2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como los plaguicidas,  que inciden en la salud de los consumidores. El funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites máximos de residuos  de plaguicidas reconocidamente cancerígenos según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa más rigurosa.

Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura,  esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos. No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel.

Las normas sobre residuos  que existen no son garantía de calidad por la escasa fiscalización existente,

pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas público-privadas,  han sido dictadas

para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión de la industria productora de

agrotóxicos, apoyados por académicos integrados a la industria.

Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto 701,  y generar una política de compras públicas de alimentos sanos para escolares y hospitales públicos.