Corrupción militar: se revela que el Ejército conocía los mecanismos de defraudación

“Los antecedentes dan cuenta de una manipulación de documentos con fines inapropiados”, escribió el coronel de Inteligencia Miguel Cantallopts en el informe del 13 de diciembre de 2011.

El coronel tenía antecedentes suficientes para pensar que dos militares de la División de Mantenimiento, Claudio González y Millaray Simunovic, estaban llevando a cabo acciones sospechosas relacionadas con la contabilidad. De hecho, en el informe se les acusaba a ambos militares de querer cobrar irregularmente una factura de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla -sociedad investigada por fraude millonario al Ejército-.

En ese momento Cantallopts estableció que los dos debían ser desvinculados de la división. “El suboficial González y la sargento Simunovic no debieran contar con la confianza del mando”, concluyó el coronel según información publicada por The Clinic. Pero el informe nunca llegó a tribunales y no fue hasta el jueves pasado, cuando arrestaron a Simunovic, que el documento volvió a tomar relevancia. La sargento trabajó hasta ese día como la secretaria del general Héctor Ureta, jefe de la División de Mantenimiento acusado por el coronel Clovis Montero de participar en los fraudes con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

El suceso se enmarca en el caso de corrupción militar que ya involucra cerca de 2.500 facturas irregulares, que suman un total de 10 millones de dólares que fueron filtrados entre los años 2011 y 2014 utilizando Decretos Secretos. Las operaciones se habrían llevado a cabo desde el Comando de Apoyo a la Fuerza, unidad encargada de revisar las facturas ligadas a las compras con fondos de la Ley Reservada del Cobre. Esta acción suponía coordinación con la División de Mantenimiento, a la cual pertenecía Simunovic.

Actualmente la fiscal militar Paola Jofré y la Policía de Investigaciones están trabajando para encontrar a los involucrados y determinar el modus operandi del fraude. Cabe preguntarse por qué el Ejército nunca entregó los antecedentes que conocía a la Justicia para que fueran investigados.