ust santiagoMientras los estudiantes de la Universidad Santo Tomás ( UST), por medio de la Federación, hemos tenido el espacio para debatir y reflexionar, contribuir y marcar diferencias respecto de la postura del Gobierno en torno a la Reforma Educacional, al interior de nuestra propia casa de estudios la situación ha sido radicalmente diferente. El 13 de octubre todos los estudiantes agrupados en la Corporación Santo Tomás recibimos un documento firmado por don Jaime Vatter G., Rector Nacional de la Universidad, y don Juan Pablo Guzmán A., Rector Nacional IP y CFT, en donde se plantea de manera oficial (por fin) la posición de dichas autoridades.

Un par de consideraciones

En el documento se señala que esta Reforma “perjudica a estudiantes que eligieron instituciones validadas por el Estado” y cuya misión es “entregar una formación de calidad a sus alumnos”. Si bien consideramos que es contradictorio que el Estado acredite a una institución para después decir que no cumple con estándares mínimos, resulta curiosa esta defensa de la calidad cuando ninguna de las instituciones UST se encuentra acreditada por más de tres años (y la universidad tras una apelación, ya que en primera instancia eran solo dos, el mínimo).

No nos llama la atención, en tanto, que se pretenda velar “porque las actuales becas y créditos se mantengan en las mismas condiciones que rigen hoy”, es decir, que el Estado asegure el financiamiento de sobre el 50% de la matrícula en el caso del IP y el CFT (durante el 2014) y 76% de la matrícula en el caso de la Universidad (que representa sobre el 90% de su matrícula y $38 mil quinientos millones durante el mismo año). Lo que produce rabia es que se defiendan esas “mismas condiciones”: las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perseguirán por más de dos décadas a las y los egresados de la UST. A este tema se le dedican dos párrafos (más que a ningún otro), enlace a un oficio solicitado al Mineduc incluido.

Se quejan, también, de que “las exigencias […] fueron informadas sólo hace un par de meses”, imposibilitándolos “de cumplir estos nuevos requisitos”. Si bien éstas fueron oficiales hace poco, ya se conocían algunas que serían ineludibles: cierto porcentaje de los inmuebles deberían ser de propiedad de la Universidad, por ejemplo, cuestión que no se puede resolver en dos meses, pero tampoco en cuatro, ni seis ni ocho. O tal vez sí, ya que se repiten los nombres en el directorio de la inmobiliaria Radices S.A. y la Corporación UST, situación por la cual la Universidad se encuentra siendo investigada.

La propuesta (o la defensa de sus intereses)

En el documento se propone que “el financiamiento debe otorgarse directamente a los alumnos, independiente de la institución a la cual accedan, garantizando el derecho de los jóvenes de elegir libremente dónde quieren estudiar”. Lo anterior ignora que dicha libertad solo es ejercida en la medida en que las condiciones previas (situación socioeconómica y, por ende, calidad de la educación recibida) fueron las idóneas, cuestión que sabemos está lejos de ser pareja para todos. Por el contrario, las cifras respecto de la institución de origen de los matriculados en la UST reflejan la carencia de opciones a la hora de elegir.

Se expresa, también, que la “gratuidad debiese estar centrada únicamente en dos criterios: vulnerabilidad de los estudiantes y acreditación ante la CNA […] y sin establecer normas de gobierno institucional, fijación de cupos o aranceles por parte del Ejecutivo”, cuestión abiertamente antidemocrática y que deja en claro que para la Corporación Santo Tomás la libertad es fundamental cuando se refiere a gastar la plata, mas no cuando se trata de colaborar en el desarrollo de un proyecto educativo: en la UST hasta la opinión de los académicos es meramente consultiva, ni hablar del resto de su “comunidad”, de sus trabajadores, de sus estudiantes.

El fondo del texto es claro: no quieren cambio alguno excepto cuando se habla de dinero, de su dinero, de sus intereses (cuando lo lógico es que si el Estado invertirá nuestro dinero lo haga en nuestras instituciones y no en las de ellos). A comienzos de año estaban completamente en contra de una Reforma y ahora lo único que les preocupa es estar dentro para poder seguir recibiendo financiamiento. Y su defensa corporativa ha dado resultado: se proyectan más de $34.200.000.000 para el CAE 2016 (en valores de diciembre de 2014, según Fundación NODO XXI).

Mientras, las legítimas demandas levantadas por el movimiento social, que hicieron que la educación sea el eje central del programa de Michelle Bachelet, se desvanecen y, consecuencia lógica, han terminado por deslegitimar la actual Reforma en curso. Es justamente el ceder ante estas demandas corporativas (en vez de nutrirse de la voz de la ciudadanía organizada) lo que ha hecho que todas las encuestas reflejen tal descontento.

¿Movilidad o continuidad social?

Diversos estudios demuestran que la relación nivel de estudio/ascenso social es una promesa incumplida y, tanto este documento como el Gobierno olvidan que ésta es justamente una de las razones por las cuales el movimiento estudiantil –desde 2006 en adelante– salió a las calles.

Pero es más grave: muchas de las Instituciones de Educación Superior (IES) hoy funcionan como un elemento más para mantener la desigualdad (sin grandes cambios desde dicha fecha) y, de hecho, crean clientes cautivos: un tipo de colegio (la UST también tiene) te lleva a un tipo de IES y ésta a un tipo de trabajo. He ahí la lógica de las Corporaciones.

Esta ilusión, que centra casi exclusivamente en la educación la posibilidad de ascender socialmente, elude la complejidad y la magnitud del problema: la desigualdad social es imposible de resolver si no se aborda un cambio completo de un modelo en el que los derechos más básicos, como lo son salud, pensiones, trabajo digno y educación, son administrados por empresas y subsidiados por todos los chilenos, por el Estado. Es decir, todas y todos estamos al servicio de las empresas, Gobierno incluido.