jose y rodrigo viluñir

Rodrigo Viluñir (22) es uno de los cinco comuneros mapuche que se encuentran recluidos en la cárcel de Lebu, en la provincia de Arauco, Región del Bío Bío, imputados por hechos de violencia enmarcados en el conflicto territorial existente en la zona. La fiscalía lo acusa de varios delitos ocurridos minutos previos a la muerte del carabinero Alex Gutiérrez Vásquez (30), asesinado de un escopetazo por el agricultor Domingo Flores (75) la noche del 15 de noviembre de 2014 en la zona de Lleu Lleu, comuna de Cañete.

Esa noche -según dio cuenta la policía- un grupo indeterminado de individuos intentó atentar contra la vivienda del agricultor, entablada en la zona alta de Lleu Lleu. Frente a este hecho, Flores se parapetó en un dormitorio del inmueble y con escopeta en mano esperó escondido a sus supuestos agresores.

Minutos después, Carabineros llegó al lugar en sus vehículos sin balizas. El Ministerio Público aseguró que los policías  no se identificaron al ingresar al hogar en donde Flores yacía parapetado. Los carabineros, al entrar al dormitorio, luego de patear la puerta, fueron recibidos con tiros de escopeta. Alex Gutiérrez falleció al instante y otros dos uniformados resultaron heridos. Nada se supo de los presuntos agresores.

Horas más tarde el gobernador de Arauco, Humberto Toro, insinuó que el crimen estaría vinculado al conflicto mapuche. Se especuló que pudo tratarse de una emboscada y la mañana de aquel sábado flameó entre la tensión y las acusaciones cruzadas. Sin embargo el mismo Flores se encargó de desnudar la trampa, al reconocer que fue él quien disparó a los uniformados.

Detenido, la fiscalía le levantó cargos por un homicidio simple y dos homicidios frustrados. Pese a la cuantía de los delitos, el Juzgado de Garantía de Cañete acogió la tesis de su defensa en cuanto a que el agricultor habría actuado en legítima defensa, esto al verse amenazado por los supuestos agresores. El tribunal decretó sólo la medida cautelar de arresto domiciliario, lo que generó incluso críticas por parte de Carabineros.

Casi asegurada la impunidad para Flores, la fiscalía fue tras los responsables del ataque previo donde falleció Gutiérrez y abrazando la misma sospecha del gobernador llegó hasta la comunidad Caupolicán de Lleu Lleu. Fue así como en enero de 2015 la Policía de Investigaciones detuvo a Rodrigo Viluñir  luego de allanar su vivienda. Su hermano José tuvo mayor suerte. Logró escapar y hoy recorre escondido los campos del Wallmapu.

La fiscalía formalizó a Viluñir por los delitos de receptación, robo con violencia y porte ilegal de armas de fuego, quedando en prisión preventiva.

-La discriminación es evidente- alega Marioli Meñaco, dirigente de la comunidad. Para aumentar su queja, añade:“Un parcelero que mata un carabinero es sobreseído, pero un comunero mapuche de quien se sospecha de haber cometido delitos mucho menores, permanece 10 meses en prisión preventiva. Si eso no es discriminación y racismo no sé que puede ser”.

Torturas en el puente

Los hermanos Viluñir  no son comuneros anónimos en este conflicto. Durante la huelga de hambre que en 2010 protagonizaron más de 30 presos políticos mapuche, la comunidad Caupolicán denunció a carabineros de haberlos torturados con el propósito de utilizar su declaración ante la fiscalía para acusar a tres mapuche de su propia comunidad, vinculándolos con diversos atentados incendiarios ocurridos en 2009 en la zona del Lago Lleu Lleu y que los mantuvo varios meses privados de libertad.

La comunidad  denunció que ambos jóvenes fueron detenidos y torturados en el puente Lanalhue, sobre el río del mismo nombre, que se ubica en la ruta P-70 entre las comunas de Cañete y Tirúa.

En una declaración jurada -archivada en la notaria Marcel Mathieu de Cañete- Rodrigo Viluñir señaló que los hechos sucedieron durante un corte de ruta en el camino Cañete-Tirúa, en mayo de 2009. Según aseguró, lo detuvieron y lo subieron en una camioneta roja, y a su padre en una blanca. Una vez en el puente, lo bajaron dos policías, a quienes acusó de las torturas. Viluñir tenía 17 años.

-“Me colgaron de los brazos desde el puente, me apuntaron con una escopeta y me decían dime la verdad o te vamos a matar conchetumadre. Después de un rato que me tenían colgado desde el puente, yo me puse a llorar y me subieron. De nuevo me apuntaron con la escopeta y me dijeron que dijera la verdad de lo que yo sabía y yo les dije que no sabía nada”.

En la misma declaración recuerda que fue llevado posteriormente a la Tercera Comisaría de Carabineros de Cañete donde dio su nombre y recibió nuevas amenazas.

-“Yo les contesté que no sabía nada y me dijeron ‘invéntate una huevá conchetumadre”.

También le preguntaron por armas. Alrededor de las 9 de la noche le dejaron una hoja que firmó sin leer. Luego se reunió con su padre y tomaron el último bus rumbo a Tirúa.

Añadió que vio dos veces al entonces fiscal Andrés Cruz, quien dirigía la investigación del emblemático juicio de Cañete que incluía entre sus causas la supuesta emboscada al entonces fiscal exclusivo para causa mapuche, Mario Elgueta.

-“La primera vez (que vio al fiscal Cruz) fue cuando ratifiqué la primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes atrás en Talcahuano.”

El fiscal le dijo que tenía que firmar porque si no lo hacía, se iba a ir preso.

Con esta declaración, él y su hermano José Viluñir figuraron como testigos protegidos en el proceso contra Eduardo César Painemil Peña y Marco Millanao, ambos en huelga de hambre al momento de la denuncia, y Simón Millas.

Si bien no se logró constatar judicialmente el delito de tortura, la declaración de Rodrigo Viluñir fue desestimada y todos los acusados resultaron absueltos por el Tribunal de Juicio Oral de Cañete en enero de 2011.

Ajuste de cuentas

En julio de 2015 la fiscalía decidió sobreseer de los cargos de homicidio al parcelero Domingo Flores y apuntó todos sus dardos en contra los hermanos Viluñir y un tercer  imputado, el comunero Esteban Cona (22) detenido en un segundo allanamiento efectuado en Lleu Lleu en mayo de este año.

El fiscal Juan Yáñez explicó así la decisión del Ministerio Público:

-“Acá el imputado fue atacado por personas que hoy día están acusadas (Viluñir y Cona), su casa se estaba incendiando y en el momento en que ingresan los funcionarios de Carabineros, él en la íntima convicción de que se estaba defendiendo de este ataque, dispara, y lamentablemente causa la muerte de un funcionario y las lesiones de otros dos”.

La comunidad asegura que detrás de esta acusación hay gato encerrado, toda vez que el agricultor Domingo Flores aseguró en una segunda declaración, meses después del hecho, reconocer la voz de Viluñir en el ataque a su vivienda la noche en que terminó muerto el carabinero Alex Gutiérrez.

Una segunda testigo –la esposa del agricultor- también afirmó reconocer la voz de Esteban Cona la noche del frustrado atentado. Para la comunidad se trata de un montaje.

-“Creemos que por todos los antecedentes existentes, tanto por los hechos en donde resultó muerto el carabinero y las denuncias de tortura que efectuamos como comunidad en 2009, este nuevo juicio es un claro montaje que afecta a nuestros hermanos que son parte del proceso de recuperación de tierras que llevan adelante nuestra comunidad y las distintas comunidades de la zona”, asegura Marioli Meñaco.

En conversación con este medio, realizada en la cárcel de Lebu días previos al inicio del juicio oral, Rodrigo Viluñir manifestó confiar en su inocencia y dijo que su detención y la persecución hacia su hermano obedece  “a una persecución política” y que no descarta que se trate de un “ajuste de cuentas” heredado de los hechos ocurridos en el puente Lanalhue.

-“Por eso nos persiguen, porque los denuncié por torturas, porque se demostró cómo arman los montajes contra los mapuche que son parte de la lucha territorial de nuestro pueblo. Hoy quieren hacer lo mismo con nosotros”.

El juicio -que comienza hoy viernes y que se estima se prolongará por al menos una semana -suma también como interviniente al gobierno en calidad de querellante. La fiscalía está solicitando penas que van entre los 26 y 40 años de cárcel.

Nuevo juicio que se da en un contexto de polarización extrema fruto de la resistencia del movimiento mapuche que el gobierno ha sufrido en carne propia. El jueves el intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, debió trasladarse en un helicóptero de Carabineros hasta Tirúa en donde participaría de una reunión de seguridad, luego que la ruta P-70 fuera bloqueada a la altura de Tranaquepe por encapuchados que reclamaban por el fin de la militarización en la zona.

A eso hay que sumar las numerosas ocupaciones de predios forestales que persisten en la franja territorial de Cañete y Tirúa, situaciones que -bajo la excusa del robo de madera- han obligado al gobierno a quintuplicar la dotación policial en los últimos tres años, transformando a Arauco en la provincia con el mayor despliegue policial del país en comparación con su número de habitantes. Uniformados que, en su mayoría, están para el cuidado de las empresas forestales Arauco y Mininco.