Las trampas del discurso

El anuncio presidencial acerca del inicio del proceso constituyente durante el presente mes, a través de una primera etapa de educación cívica y constitucional que se extenderá hasta marzo del próximo año, generó de inmediato un estado de crispación en diversos grupos político-empresariales del país. La inquietud respecto del anuncio se había manifestado días antes del mismo, con la entrega que hizo la UDI en La Moneda, el 8 de octubre, de un documento llamado “Nuestra visión del proceso constituyente: Chile no necesita una nueva Constitución”. Una visión que, a la luz de los datos entregados por encuestas como la Cadem, padece de una severa miopía o un grave desconocimiento del momento por el que pasa nuestra sociedad: según esta medición, un 71% de los consultados se manifestaron a favor de una Carta Fundamental que reemplace la del ‘80.

La cadena nacional, a través de la que se comunicó el asunto constituyente, despertó de inmediato la reacción conservadora de los que sostienen que “Chile no necesita una nueva Constitución”. El presidente de la colectividad gremialista, Hernán Larraín, alertado ante la iniciativa cívica, no demoró en calificar de “tramposo” el procedimiento, acusándolo de buscar «el adoctrinamiento político» para «comprar conciencia a través de un debate manipulado»; la ex vocera de Gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, salió a reforzar el mensaje, calificando el asunto como «un tongo». Declaraciones que permiten apreciar un claro nivel de ideologización, al recurrir argumentativamente al principio de la exageración y desfiguración, usado para convertir algún hecho considerado “riesgoso” para algunos en amenaza grave para todos. “Para Chile”, como repiten cada vez que es necesario los grupos de poder que histórica e histéricamente se han opuesto a los procesos de cambio, impidiendo así la readecuación de las condiciones sociales que permitan darle mayor equilibrio a una balanza absolutamente desbalanceada. Por ello, resulta una tramposa y recurrente falacia -otra más, de las muchas de las cuales está plagado el discurso- hablar de lo que le hace “bien” o “mal” al país desde una posición situada en ese Chile de privilegios, defendiendo a partir de esta dialéctica intereses bastante distanciados de lo que es la realidad que viven las mayorías.

Lo cierto es que tanto la participación directa de la ciudadanía en democracia como el nivel de información y, por ende, educación que pueda llegar a tener, siempre han sido motivo de inquietud para el poder detentado por las élites dominantes. Sin que sea necesario remontarse demasiado en el tiempo, es posible encontrar un ejemplo claro y reciente al respecto en 2011. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, la norma destinada a incluir en el currículo de Enseñanza Media la asignatura de Educación Cívica fue rechazada en el Senado, con diez votos en contra y dos abstenciones, todos de representantes de los partidos de derecha. Conducta que se repitió este año durante la votación, en la Comisión de Educación del Senado, acerca de la idea de legislar a favor de la restitución de esta asignatura en los colegios, y en la que los cinco integrantes pertenecientes a partidos de derecha se abstuvieron, aprobándose de todos modos por siete votos a favor y ninguno en contra. ¿Por qué la derecha se opone a la posibilidad de formar una ciudadanía consciente de sus derechos sociales? El diputado de Evópoli, Felipe Kast, entregó algunas luces al respecto cuando, en mayo de este año, compartió una imagen en su Facebook con la frase “no pienses tanto en tus derechos, piensa más en tus deberes”.

La entrega de información necesaria para que la ciudadanía pueda tener elementos de juicio que le permitan desarrollar una opinión fundamentada y responsable es, entonces, calificada de “adoctrinamiento”. Y claro, el conocimiento puede resultar subversivo para el orden determinado y sostenido no a través del consenso social, sino de la trampa, del engaño destinado a disimular el abuso. Porque la injusticia crea enemigos. Así pasó durante la Revolución Industrial, cuando las masas obreras comenzaron a adquirir conciencia de clase para luchar por sus derechos laborales, ante una explotación empresarial que buscaba rentabilizar el floreciente negocio pagando bajos salarios a cambio de largas jornadas de trabajo. Aprovechar el hambre de miles de campesinos provenientes desde tierras empobrecidas, penando las huelgas como delito, fue una oportunidad inmejorable para generar prosperidad económica privada. La ocasión no se dejó pasar. Acumulación por desposesión. Ni antes ni ahora ha sido de otro modo, más allá de los matices.

Dentro del actual escenario, el discurso dominante pretende instalar como argumento la falacia de que hablar de un cambio en las condiciones sociales, en cuanto la redistribución de las riquezas, equivale a trasladar la gran concentración existente desde un extremo -el neoliberal, en el que actualmente se encuentra acaparada de manera mórbida- hacia el otro. En esta línea, el abogado y referente intelectual de la derecha, Axel Kaiser, en su libro titulado “La Tiranía de la Igualdad” (Ediciones El Mercurio, 2015) critica lo que denomina “políticas públicas igualitaristas”, defendiendo a cambio aquellas otras que se oponen a la expansión del aparato público y los derechos sociales. El espectro del estatismo como instrumento para el miedo, cuando de lo que se trata es tender hacia un mayor equilibrio que permita, precisamente, evitar desnivelar la balanza tanto en una como en otra dirección. El ejercicio implica, sin embargo, un elemento clave que, en definitiva, se constituye en el principal obstáculo: disminuir, con sentido de decencia ética, los profundos desequilibrios existentes, requiere reducir las obscenas desigualdades sociales. Desconcentrar la riqueza. Fijar un límite a la propiedad. Terminar con el festín orgiástico que ha convertido al “país de todos” en el menú reservado de un grupo de comensales. Dejar de ganar tanto sin que eso signifique perder. Claro, en matemática financiera resulta un absurdo. Pero no hablo de números.

Larraín habla de trampas en el procedimiento para iniciar el proceso constituyente. Hablemos de trampas. Trampa es aprobar sin registros electorales una Constitución articulada de forma tal que no pueda ser cambiada. Trampa es empeñarse en que nuestro país siga siendo el único del mundo en mantener una Carta Magna elaborada en dictadura para permitir los mayores niveles de concentración de la riqueza, a través de mecanismos igualmente tramposos como son, entre otras prácticas, la evasión de impuestos, el pago de bajos sueldos a los trabajadores para obligarlos el endeudamiento, la apropiación forzada de gran parte de los ahorros de los jubilados. Trampa es elaborar un discurso falaz para el resguardo y mantención de un modelo económico extremo, con el pretexto que eso le da “estabilidad” a Chile, usando para ello el monopolio de los medios de comunicación. Eso es adoctrinamiento y propaganda, lo mismo de lo que se acusa a otros mediante otro principio  comunicacional, como es el de la transposición. No caigamos en la trampa.